Adorni, entre la declaración jurada y el caso $LIBRA: la Justicia cruza datos sobre su patrimonio
La situación judicial y política de Manuel Adorni volvió a tensar a la Casa Rosada. El jefe de Gabinete quedó en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que avanza sobre sus gastos, movimientos de dinero, inmuebles y operaciones declaradas o pendientes de explicación ante la Oficina Anticorrupción.
En paralelo, en tribunales miran con atención la información aportada por billeteras virtuales y exchanges, que podría abrir nuevas derivaciones vinculadas al caso $LIBRA.
El expediente patrimonial está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ordenó medidas para reconstruir la evolución económica del funcionario. Según pudo reconstruir este medio a partir de información judicial y parlamentaria, la pesquisa se concentra en determinar si existió una discordancia entre los ingresos formales de Adorni y determinadas erogaciones realizadas durante su paso por la administración nacional.
El punto crítico será su declaración jurada patrimonial. La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para que los funcionarios nacionales presenten las declaraciones correspondientes al período 2025. En el caso de Adorni, esa extensión quedó atravesada por la investigación judicial y por la presión pública de la oposición, que exige conocer el origen de los fondos bajo análisis.
Una causa en etapa sensible
En Comodoro Py esperan que la presentación formal de la declaración jurada permita contrastar los datos oficiales con la prueba reunida hasta ahora. La investigación incluyó testimonios y documentación sobre operaciones inmobiliarias, pagos en dólares, préstamos informales y gastos familiares que quedaron bajo revisión.
Entre los movimientos señalados en el material judicial y periodístico aparecen pagos vinculados a una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz; una operación por un departamento en la calle Miró; préstamos instrumentados con hipotecas; y una remodelación abonada al contratista Matías Tabar. También se mencionan viajes familiares al exterior y consumos en moneda extranjera.
Fuentes con acceso al expediente sostienen que el trabajo técnico apunta a establecer si esos movimientos pueden justificarse con los ingresos declarados del funcionario. En este tipo de investigaciones, una vez reunida la prueba inicial, el funcionario investigado queda frente a la necesidad de explicar el origen lícito de los bienes y fondos cuestionados.
La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, siguió de cerca las testimoniales incorporadas al expediente. Hasta ahora, la estrategia pública del Gobierno fue respaldar al jefe de Gabinete y encuadrar las denuncias como parte de una ofensiva política y mediática.
Billeteras virtuales y criptoactivos
El nuevo foco de tensión apareció con la información entregada por billeteras virtuales y plataformas vinculadas a activos digitales. Según las versiones incorporadas al debate público, los datos incluyen movimientos previos y posteriores al estallido del caso $LIBRA, la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas alrededor del token promocionado por Javier Milei.
Por ahora, la eventual conexión entre el expediente patrimonial de Adorni y la causa $LIBRA debe ser tratada como una hipótesis bajo análisis. No hay una conclusión judicial firme que vincule esos movimientos con pagos ilegales ni con una estructura de financiamiento irregular.
Sin embargo, la aparición de registros digitales obliga a los investigadores a revisar la trazabilidad de fondos y eventuales operaciones con criptoactivos.
El caso $LIBRA, que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, ya generó pedidos de indagatoria contra Javier Milei, Manuel Adorni y otros involucrados por parte de una querella. Además, la investigación estuvo atravesada por cuestionamientos sobre la capacidad técnica para rastrear operaciones digitales, un punto sensible en cualquier expediente que involucre criptomonedas.
Presión política y silencio oficial
La demora en la declaración jurada también abrió un frente político. Diputados de la oposición reclamaron que Adorni informe su patrimonio real y cuestionaron el silencio de la Jefatura de Gabinete.
La vicepresidenta Victoria Villarruel también había tomado distancia al señalar públicamente: “Todos estamos esperando la declaración jurada”.
Dentro del oficialismo, las tensiones no pasaron inadvertidas. Patricia Bullrich, desde el Senado, pidió que el funcionario regularizara su situación documental para evitar un desgaste mayor. En la Casa Rosada, sin embargo, Javier Milei y Karina Milei sostuvieron el respaldo político sobre el jefe de Gabinete.
En el entorno del funcionario dejaron trascender que la declaración jurada podría presentarse antes del plazo máximo fijado por la Oficina Anticorrupción. Mientras tanto, la Justicia continúa con el análisis de la documentación reunida y espera contrastarla con la presentación patrimonial del jefe de Gabinete.