Nueva desregulación: el Gobierno eliminó normas vinculadas al comercio y la industria
El Gobierno nacional derogó 16 resoluciones del área económica que consideró obsoletas o sin vigencia práctica. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, publicada en el Boletín Oficial.
La medida alcanza normas vinculadas al comercio, la industria, programas de consumo, importaciones, precios y otros aspectos regulatorios que, según el Ejecutivo, habían perdido sustento legal o aplicabilidad.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, explicaron que la decisión se inscribe en el proceso de modernización y simplificación del marco regulatorio. El argumento oficial es que la acumulación de normas generó superposición, desactualización y dispersión, con consecuencias sobre la seguridad jurídica.
La resolución lleva la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, y se apoya en el proceso de desregulación impulsado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Normas vinculadas a precios, consumo e importaciones
Entre las resoluciones derogadas aparece la N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto con sus modificatorias, que regulaba controles de precios sobre determinados productos.
También fueron eliminadas las resoluciones 426/2022 y 296/2023, relacionadas con requisitos de información para la comercialización de bienes, y normas dictadas entre 2006 y 2008 por el ex Ministerio de Economía y Producción.
El listado incluye además la Resolución 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, vinculada a la eliminación de la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
La medida también alcanza disposiciones asociadas a programas de fomento al consumo cuya vigencia ya había vencido sin prórroga, como la Resolución 282/2021 y sus modificatorias. En el mismo paquete se incluyeron normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y resoluciones relacionadas con procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
El argumento del Gobierno
El Ejecutivo sostuvo que las normas derogadas habían sido dictadas al amparo de marcos legales que luego fueron eliminados o modificados. Por eso, argumentó que esas disposiciones quedaron sin objeto y debían ser retiradas del sistema normativo.
El Gobierno también planteó que la proliferación de regulaciones genera incertidumbre sobre cuáles normas se encuentran vigentes y cuáles ya no tienen aplicación efectiva.
En ese sentido, la Casa Rosada busca presentar la medida como parte de un ordenamiento administrativo destinado a reducir burocracia, mejorar la transparencia normativa y facilitar la actividad de ciudadanos y empresas.
La resolución señala que el Estado debe enfocarse en normativas relevantes y prioritarias, con respuestas más rápidas y transparentes.
Relación con la Ley Hojarasca
La decisión se conoce después de que el Gobierno consiguiera media sanción en Diputados para el proyecto conocido como Ley Hojarasca, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Ese proyecto apunta a derogar leyes consideradas inútiles, anacrónicas o incompatibles con los principios constitucionales, y todavía debe ser tratado por el Senado.
La nueva resolución opera por una vía distinta. Mientras la Ley Hojarasca necesita aprobación parlamentaria porque elimina normas de rango legal, la Resolución 12/2026 actúa en el plano administrativo y deroga resoluciones o disposiciones dependientes del Poder Ejecutivo.
De todos modos, ambas iniciativas comparten un mismo objetivo político: ordenar el sistema normativo y eliminar regulaciones que el Gobierno considera innecesarias, superpuestas o contrarias a su programa de desregulación.
Un nuevo paso en la agenda desreguladora
La eliminación de estas 16 resoluciones forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir la intervención estatal en la economía. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo avanzó con la derogación de normas vinculadas a abastecimiento, góndolas, observatorios de precios, controles comerciales y regulaciones sobre distintos sectores productivos.
Para el oficialismo, la simplificación normativa es una herramienta para disminuir costos burocráticos, favorecer la competencia y liberar la actividad privada.
La medida puede tener impacto sobre empresas, comercios, proveedores y sectores alcanzados por las resoluciones eliminadas, especialmente en áreas donde existían obligaciones de información, autorizaciones previas o reglas asociadas a programas ya vencidos.
Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar su agenda de desregulación económica y mostrar continuidad en la revisión de normas administrativas que considera sin utilidad actual.