La oposición apunta contra funcionarios libertarios por la Inocencia Fiscal
La adhesión de funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza al régimen de Inocencia Fiscal abrió un nuevo frente político para el Gobierno nacional. La oposición puso el foco en el uso de esa herramienta por parte de integrantes y exintegrantes de la administración de Javier Milei, mientras comenzaron a aparecer iniciativas en el Congreso para limitar su alcance sobre funcionarios públicos y familiares directos.
La polémica tomó fuerza después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Betina Angeletti solicitaron quedar bajo el amparo del régimen. El dato se conoció en paralelo a las explicaciones pendientes sobre la evolución patrimonial del funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Luego se sumaron otros nombres vinculados al oficialismo. Entre ellos aparecen el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular de ARCA, Andrés Vázquez; el exjefe de Gabinete Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el extitular de ARCA Juan Pazo, entre otros funcionarios y exfuncionarios mencionados en las publicaciones periodísticas.
La situación generó especial repercusión por el rol de ARCA, organismo encargado de la administración tributaria y de la aplicación de regímenes fiscales. En ese marco, la adhesión de autoridades o exautoridades vinculadas al área quedó bajo cuestionamiento político.
Los cuestionamientos de la oposición
Desde distintos bloques legislativos salieron a cuestionar el alcance del régimen y la posibilidad de que sea utilizado por funcionarios. El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para modificar el artículo 38 de la ley de Inocencia Fiscal y excluir del beneficio a funcionarios de todos los poderes del Estado y a sus familiares directos desde dos años antes de asumir funciones públicas.
La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que La Libertad Avanza creó una herramienta “a medida” para quienes tienen activos sin declarar y señaló que el beneficio alcanza al círculo más cercano del poder.
También se expresó el radical Pablo Juliano, quien apuntó contra la declaración jurada de Adorni y cuestionó las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete. En la misma línea, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade vinculó la polémica con la ley impulsada por el oficialismo y cuestionó su utilización por parte de dirigentes del propio espacio gobernante.
En el Senado, la senadora Juliana Di Tullio presentó un proyecto para derogar el Capítulo III, artículos 38 a 42, de la Ley N.º 27.799 de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca dejar sin efecto el tramo normativo que habilita el régimen cuestionado por la oposición.
Qué dice el oficialismo
Desde el oficialismo parlamentario defendieron la legalidad de las adhesiones y remarcaron que el régimen fue aprobado por amplia mayoría. Según la postura recogida en el Congreso, no debería confundirse la Inocencia Fiscal con el Régimen Simplificado de Ganancias, al que consideran un beneficio disponible para muchos contribuyentes.
El argumento oficialista sostiene que la herramienta forma parte de una reforma fiscal destinada a normalizar situaciones patrimoniales y tributarias. Sin embargo, la oposición cuestiona que el régimen pueda ser utilizado por funcionarios en ejercicio, exfuncionarios o personas expuestas políticamente.
El debate también reabrió la discusión sobre los controles patrimoniales a quienes ocupan cargos públicos. Para los bloques opositores, la adhesión de funcionarios al régimen podría dificultar la reconstrucción entre ingresos declarados, crecimiento patrimonial y nivel de gastos.
El caso Adorni como detonante
El caso de Manuel Adorni aparece como uno de los principales detonantes políticos de la discusión. La adhesión del jefe de Gabinete y de su esposa se conoció mientras avanzaban cuestionamientos sobre su patrimonio y antes de la presentación de explicaciones públicas más detalladas sobre su declaración jurada.
La situación del funcionario ya venía generando tensión en el Congreso. Adorni debe asistir al Senado para brindar su informe de gestión, una instancia que la oposición podría utilizar para exigir respuestas sobre su situación patrimonial y sobre la adhesión al régimen.
La discusión, por ahora, combina tres planos: el uso legal del régimen, la responsabilidad política de los funcionarios que adhieren y el eventual avance de proyectos para impedir que autoridades públicas puedan beneficiarse con herramientas de regularización fiscal.
Con las iniciativas ya presentadas, el debate pasará ahora por la capacidad de la oposición para reunir respaldo legislativo. Algunos sectores reconocen que no cuentan con número suficiente para avanzar de inmediato, pero buscan instalar el tema en la agenda parlamentaria y aumentar la presión política sobre el Gobierno.