IOMA: Kreplak defendió la gestión, apuntó contra Nación y la oposición pidió explicaciones en la Legislatura
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió a defender el funcionamiento del IOMA en medio de reclamos de afiliados, cuestionamientos legislativos y denuncias por demoras en prestaciones. En la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno provincial, el funcionario vinculó las dificultades de la obra social con la crisis del sistema sanitario nacional, la pérdida de empleos formales, el encarecimiento de medicamentos e insumos y el deterioro de otras coberturas.
La exposición se dio después de que la oposición intentara llevar al debate legislativo la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial y buscara avanzar con pedidos de interpelación, proyectos de saneamiento y propuestas de autarquía financiera. El oficialismo bloqueó esa sesión especial en Diputados, pero el tema volvió al centro de la escena con una respuesta política de Kreplak y una réplica inmediata de legisladores opositores.
Un sistema presionado por la crisis
Kreplak sostuvo que “es imposible pensar al sistema de salud solamente desde un efector o desde un financiador” y remarcó que cada decisión tomada por el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud o el Ministerio de Salud nacional impacta sobre el conjunto del esquema sanitario. Según expuso, el 65% de la población tiene cobertura de obra social, por lo que la caída del empleo formal golpea de lleno en la sustentabilidad del sistema.
El ministro afirmó que hubo “una pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo formales”, que 742.000 personas perdieron su obra social o prepaga y que cerraron 300 empresas del sector. También citó un informe de la CGT según el cual “el 80% de las obras sociales no recaudan lo suficiente para pagar los costos mínimos de funcionamiento”, un cuadro que definió como “desfinanciamiento estructural”.
En ese marco, defendió la obligatoriedad del IOMA para los empleados públicos provinciales. “Defiendo la obligatoriedad porque garantiza cobertura social financiada para los trabajadores, mientras los sectores más ricos buscan desmantelarla”, señaló. Además, afirmó que la obra social debió absorber una mayor demanda con los mismos recursos y que hoy entrega 11% más de medicamentos con la misma población.
De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, las consultas médicas y prácticas crecieron 37% desde el inicio del actual gobierno nacional, especialmente por el uso de policonsultorios y teleconsultas. También destacó que los tiempos de autorización de medicamentos bajaron de 35 a 6 días, que el 87% de los afiliados accede a la app digital y que no existe “techo de prestaciones”.
El costo municipal y la pelea por los fondos
Uno de los puntos más sensibles de la exposición fue el financiamiento. Kreplak sostuvo que el IOMA afronta un déficit mensual estimado en unos $23.000 millones. Según explicó, allí se incluyen alrededor de $10.000 millones por el desbalance que generan los afiliados municipales, otros $10.000 millones por personas que dejaron otras coberturas tras la asunción de Javier Milei y unos $2.000 millones vinculados a la regulación de precios.
El ministro dijo que los aportes de empleados municipales son inferiores a los costos de las prestaciones que demandan y que esa diferencia implica un subsidio provincial de alrededor de $10.000 millones mensuales. En esa línea, mencionó casos puntuales: San Isidro, con 8.293 afiliados municipales, generaría un déficit anualizado superior a $1.099 millones, mientras que Rauch registraría un desequilibrio cercano a $888 millones.
Kreplak también denunció una deuda de más de $90.000 millones de obras sociales con el sistema público bonaerense y cuestionó el aumento de los costos por la desregulación de medicamentos e insumos. Según planteó, los medicamentos del PAMI aumentaron en promedio 577% desde la desregulación del mercado farmacéutico, mientras que el gasto de bolsillo de los afiliados de IOMA creció 256%, porque la obra social absorbió parte de esos incrementos.
En paralelo, el funcionario defendió dos proyectos enviados por Axel Kicillof al Senado bonaerense: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la puesta en marcha de un Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A. con participación estatal mayoritaria.
Sobre el primero, dijo que busca ordenar niveles de atención, responsabilidades y financiamiento. Sobre el segundo, recordó que el laboratorio Tomás Perón triplicó su capacidad de producción, aunque tiene “un techo” administrativo.
La oposición salió al cruce
La respuesta opositora no tardó. El presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, cuestionó el tono del ministro y lo vinculó con los reclamos de afiliados. “Como vecino de Mar del Plata, sí puedo opinar cuando una obra social como IOMA no funciona y los afiliados esperan medicamentos, prestaciones y sobre todo respuestas concretas a sus problemas de salud”, afirmó.
Garciarena también rechazó la frase de Kreplak sobre quiénes deberían intervenir en el debate. “Afirmar que alguien ‘no puede hablar’ es más propio de un director del COMFER en época de dictadura, que de un funcionario público en Democracia”, sostuvo.
Desde el bloque UCR-Unión Cívica Radical, el diputado Valentín Miranda apuntó contra la gestión: “Del IOMA tienen que hablar los que saben y esos son los afiliados que todos los días se enfrentan a la burocracia de un sistema que no da respuesta”. Y agregó: “Falta gestión y sobran excusas”.
El senador de Hechos, Marcelo Leguizamón, también cuestionó al ministro: “¿Mala intención, Kreplak? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones”. Luego remató: “Si estamos tan mal informados, ¿por qué se niegan a venir a la Legislatura a dar explicaciones? El Excel del escritorio no resiste un minuto de calle”.
Mientras tanto, en Diputados quedaron pendientes iniciativas opositoras como la creación de una comisión bicameral de saneamiento y seguimiento del IOMA, impulsada desde el bloque UCR; la propuesta de autarquía financiera presentada por Garciarena; y un proyecto de La Libertad Avanza, el PRO, las dos bancadas radicales y la Coalición Cívica para suspender el pago de pauta oficial y destinar esos fondos a cancelar deudas de la obra social.
Kreplak pidió “seriedad” y sostuvo que la salud “no es arena para rencillas políticas”. También dejó una definición dirigida al debate sanitario de fondo: “Hay que defender la salud como un derecho”.