Kicillof reflota su plan para producir medicamentos y busca revancha tras el freno legislativo
Al volver a enviar el proyecto al Senado, el gobernador apuesta a crear una empresa con mayoría estatal para investigar, producir y comercializar insumos médicos. La iniciativa que ya había obtenido media sanción en Diputados, pero quedó trabada en la Cámara alta.
Mariana Portilla
Después de haber quedado atrapado en los pasillos de la Legislatura, el proyecto para crear una industria farmacéutica provincial volvió a escena. Axel Kicillof decidió reenviarlo al Senado junto con otras dos iniciativas vinculadas a la salud.
La propuesta no es nueva. Ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero terminó perdiendo estado parlamentario tras permanecer sin tratamiento en el Senado. Ahora, el Gobierno bonaerense busca darle una segunda oportunidad a una iniciativa que considera estratégica para ampliar la capacidad estatal en materia sanitaria.
Aunque el paquete remitido incluye también la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Sipba) y un marco regulatorio para trabajadores de aplicaciones, el proyecto que concentra buena parte de la atención política es el referido al Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense.
La iniciativa propone la creación de una sociedad con participación estatal mayoritaria que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial. Su recorrido legislativo previo estuvo marcado por negociaciones, modificaciones y resistencias. Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó cambios acordados con sectores opositores para facilitar su avance. Sin embargo, el expediente nunca logró atravesar la instancia del Senado y terminó cayendo por falta de tratamiento.
La decisión de reenviarlo aparece en un contexto diferente. Además de la insistencia del Ejecutivo, sectores de la oposición comenzaron a mostrar posiciones más cercanas respecto de la necesidad de fortalecer la producción pública de medicamentos.
Uno de los casos más notorios fue el de la diputada radical Alejandra Lordén, médica y presidenta del bloque UCR, quien reflotó recientemente una iniciativa propia orientada al mismo objetivo, aunque con un diseño institucional distinto.
Aunque difieren en la arquitectura institucional —sociedad anónima en el caso del Ejecutivo, esquema 100% estatal coordinado por el Ministerio en el texto radical— ambos proyectos comparten un diagnóstico: el mercado farmacéutico no logra garantizar acceso equitativo.
Qué podrá hacer el Centro de Industria Farmacéutica
La amplitud de facultades previstas en el proyecto explica parte de la relevancia que le asigna el Gobierno bonaerense. Según el texto enviado por Kicillof, el organismo tendrá capacidad para investigar, desarrollar, producir, fraccionar, transformar, importar, exportar, comprar, vender y distribuir medicamentos, vacunas, insumos médicos y equipamiento sanitario.
Pero el alcance no termina allí. También podrá trabajar con ingredientes farmacéuticos activos, estándares para controles de calidad, productos odontológicos, cosméticos y otros insumos vinculados al sistema sanitario.
La iniciativa incorpora atribuciones que exceden la producción farmacéutica tradicional. Entre otras funciones, el futuro centro podrá realizar análisis ambientales destinados a detectar riesgos sanitarios en agua, aire y suelo, desarrollar controles fisicoquímicos y microbiológicos sobre alimentos y agua potable, además de administrar patentes, licencias y fórmulas farmacológicas.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta estructura permitiría dotar al Estado provincial de una herramienta con mayor autonomía operativa para intervenir en áreas consideradas estratégicas.
Al defender el proyecto, el gobernador planteó que la producción pública de medicamentos debe formar parte de una política sanitaria integral.
La administración bonaerense considera además que una mayor participación estatal podría reducir costos, fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y disminuir la dependencia de un mercado altamente concentrado.
Esa posición fue respaldada en reiteradas ocasiones por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien durante los debates legislativos previos advirtió sobre las dificultades que enfrentan hospitales, obras sociales y prestadores para acceder a determinados medicamentos e insumos.
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