Ueno Bank: el colapso que golpea a 940 trabajadores argentinos y pone bajo la lupa a las fintech

El colapso de Ueno Bank en Paraguay dejó de ser un conflicto exclusivamente financiero y sus consecuencias ya se sienten en Argentina. La intervención de una entidad que reunía cerca de tres millones de clientes provocó protestas masivas, investigaciones judiciales y la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña. Del lado argentino, alrededor de 940 trabajadores de una empresa vinculada al banco enfrentan suspensiones y salarios impagos, mientras que el caso reabrió la discusión sobre la seguridad de las fintech y las billeteras virtuales.

La crisis también alcanzó a firmas de inversión con capitales depositados en Paraguay y puso bajo análisis la relación entre bancos, recursos públicos y poder político. En Argentina, las advertencias llegaron hasta Mercado Pago, la plataforma vinculada a Marcos Galperin, aunque especialistas señalan diferencias regulatorias entre ambos mercados y advierten que los riesgos dependen de cómo se administran los fondos de los usuarios.

Cómo cayó Ueno Bank y qué pasó con los fondos públicos

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de determinar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La decisión paralizó las operaciones y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos. El banco pertenecía al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial con presencia en el sector financiero, tecnológico y de servicios.

La investigación puso bajo la lupa operaciones crediticias, registros contables y la concentración de recursos estatales. Ueno administraba más de US$800 millones de fondos públicos, incluidos recursos de organismos previsionales. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones cercanas a US$355 millones, mientras otras entidades estatales también tenían dinero comprometido. La Justicia paraguaya avanzó sobre directivos de la entidad por presuntas irregularidades en su administración.

La crisis tuvo consecuencias institucionales inmediatas. El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña mediante un juicio político y el exmandatario quedó bajo arresto domiciliario por orden judicial. Peña, que había tenido participación accionaria en el grupo empresarial hasta 2025, negó haber cometido irregularidades. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia en medio de las investigaciones y las movilizaciones de ahorristas.

Comenzó la devolución de depósitos, pero siguen las restricciones

El BCP activó los primeros pagos del Fondo de Garantía de Depósitos para los clientes afectados. El desembolso inicial contempla hasta 10 millones de guaraníes por depositante, destinado en una primera etapa a personas sin deudas con la entidad y con cuentas habilitadas en otros bancos. Los saldos superiores deberán incorporarse a posteriores etapas de devolución.

La cobertura legal alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad financiera, equivalentes a 75 salarios mínimos paraguayos. El organismo sostuvo que la intervención responde a una situación particular y que no representa una crisis generalizada del sistema bancario. Sin embargo, la interrupción de operaciones también afectó pagos comerciales, inversiones y fondos que permanecen pendientes de restitución.

El impacto argentino: suspensiones y salarios impagos

La consecuencia más directa en Argentina se registra en ITTI, empresa tecnológica vinculada al Grupo Vázquez, cuya operación local funciona a través de Kaitel SRL. La compañía reúne aproximadamente 940 empleados y brinda servicios informáticos a distintas firmas del conglomerado paraguayo.

Tras la intervención bancaria, la empresa comunicó suspensiones de 30 días sin goce de sueldo para parte del personal, mientras otros trabajadores recibieron instrucciones de continuar sus tareas de manera remota. Los empleados denunciaron que tampoco habían cobrado los salarios de octubre y que no existían garantías sobre el pago correspondiente a noviembre.

Facundo Quiroga, trabajador de ITTI, reclamó la intervención del Estado argentino ante la falta de respuestas empresariales. Por su parte, Belén Haves, product manager de la compañía, explicó que los empleados conocieron la crisis a través de compañeros paraguayos y después recibieron las comunicaciones sobre las suspensiones. También señaló que las oficinas de Buenos Aires permanecían cerradas.

El conflicto presenta una dificultad adicional: los trabajadores suspendidos mantienen formalmente su vínculo laboral, pero desconocen cuándo podrán retomar sus tareas y cobrar los haberes pendientes. La firma no informó públicamente cuántos integrantes de su plantilla fueron alcanzados por cada modalidad.

Una firma argentina reconoció depósitos por US$14 millones

La crisis también afectó a Puente Casa de Bolsa, compañía argentina dedicada a la administración patrimonial y al mercado de capitales, con operaciones en Paraguay desde 2014. La firma reconoció que tenía US$14 millones depositados en Ueno Bank, correspondientes a recursos de sus clientes.

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Su vicepresidente, Marcelo Barreyro, explicó que esos fondos representan aproximadamente el 1% de los US$1.400 millones que la compañía administra en el mercado paraguayo. Desde la empresa descartaron que esa exposición comprometa el conjunto de su operatoria y manifestaron expectativas de normalización.

Las dificultades también alcanzaron al comercio fronterizo de provincias como Misiones y Formosa, donde los pagos y transacciones con Paraguay forman parte de la actividad económica cotidiana. La paralización de una entidad con presencia masiva en el país vecino complicó operaciones que dependen de sus servicios financieros.

Las conexiones políticas y los cuestionamientos al modelo financiero

En Argentina, la diputada nacional Myriam Bregman expresó su solidaridad con las protestas paraguayas y trazó un paralelo entre Peña y el presidente Javier Milei. Cuestionó el discurso económico del exmandatario paraguayo y denunció los vínculos entre el poder político, los organismos reguladores y los intereses empresariales.

Otra conexión política surgió por la participación de Ueno Bank como patrocinador de la Hispanic Prosperity Gala, realizada en febrero en Mar-a-Lago, Estados Unidos. En ese encuentro fue premiado el consultor argentino Fernando Cerimedo, vinculado al espacio libertario. El periodista español Javier Negre participó de la organización del evento.

El patrocinio expuso los vínculos públicos de la entidad con espacios de la derecha internacional, aunque no implica participación de los homenajeados en las operaciones bancarias investigadas.

Mercado Pago y la discusión sobre la seguridad de las fintech

El periodista económico Alejandro Bercovich planteó que la caída de Ueno Bank obliga a revisar los mecanismos de control sobre las plataformas financieras digitales. Sus cuestionamientos apuntaron especialmente al crecimiento de Mercado Pago y al tratamiento regulatorio de compañías que administran fondos de millones de usuarios.

Sin embargo, Ueno Bank era una entidad bancaria y Mercado Pago opera en Argentina bajo el régimen de proveedores de servicios de pago, con obligaciones y mecanismos de resguardo diferentes. La comparación abrió una discusión sobre los riesgos de concentración y la supervisión financiera, sin que exista una situación de insolvencia equivalente acreditada en la plataforma argentina.

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Alan Boryszanski, fundador de CryptoMate, sostuvo que el ecosistema argentino presenta una mayor diversificación de infraestructura bancaria. Según explicó, numerosas fintech distribuyen sus fondos entre distintas entidades, lo que reduce la dependencia de un único proveedor y limita el riesgo de interrupciones simultáneas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) exige que los fondos no invertidos de las cuentas de pago permanezcan disponibles y respaldados en cuentas bancarias. No obstante, la garantía de depósitos bancarios de hasta $50 millones, vigente desde abril de 2026, no equivale a una cobertura directa de los saldos de billeteras virtuales ni de las inversiones en fondos comunes.

La experiencia paraguaya instala así una discusión que excede a una entidad: la concentración del dinero, los controles estatales y la protección efectiva de los usuarios frente a fallas financieras. Mientras Paraguay avanza con la devolución de depósitos y las investigaciones, en Argentina siguen pendientes las respuestas para los trabajadores afectados y la continuidad de las operaciones vinculadas al grupo empresario.