Vuelve la batalla por las tasas municipales: presión para reducir tributos, resistencia de los intendentes y una pelea por los recursos

Las tasas municipales vuelven al centro de la discusión política bonaerense, en medio de nuevos planteos para reducir la carga tributaria sobre vecinos, comerciantes y empresas, y de crecientes dificultades financieras en los distritos. El debate enfrenta distintas posiciones sobre el alcance de los gravámenes locales, los servicios que deben financiar y la capacidad de los intendentes para sostener sus administraciones en un contexto de caída de la recaudación y mayores demandas de asistencia.

La controversia suma un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, donde una iniciativa busca establecer condiciones más estrictas para la creación y el cobro de tributos, exigir contraprestaciones concretas y ampliar los mecanismos de control. La propuesta reabre una discusión que ya había generado cruces entre el gobierno de Axel Kicillof, jefes comunales de distintos espacios políticos y sectores de la oposición, con diferencias que van más allá de la necesidad de reducir impuestos y tasas.

Detrás de la discusión aparece un problema de fondo: cómo aliviar los costos que afrontan los contribuyentes sin comprometer los recursos que sostienen los servicios municipales. Mientras algunos sectores reclaman eliminar cobros que consideran injustificados, los intendentes advierten sobre el impacto de una reducción generalizada de ingresos, especialmente cuando deben asumir prestaciones que dejaron de contar con financiamiento nacional. La distribución de fondos, la autonomía municipal y las prioridades de gasto vuelven así a formar parte de una negociación que también tiene proyección hacia 2027.

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La iniciativa que reabre la discusión en la Legislatura

El nuevo impulso legislativo tiene como protagonista al diputado provincial de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, quien volvió a defender un proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y establecer que cada tasa tenga una contraprestación específica, identificable y proporcional al monto que abona el contribuyente.

La propuesta incorpora mayores obligaciones de transparencia, controles del Tribunal de Cuentas bonaerense y posibles sanciones por cobros irregulares. Su objetivo, según argumenta el legislador, es evitar que los municipios utilicen estos instrumentos para recaudar sin garantizar la prestación efectiva de los servicios correspondientes.

“Se le está metiendo la mano en el bolsillo de la gente”, afirmó Morillo, al denunciar situaciones en las que los vecinos deben afrontar tributos que, desde su perspectiva, no tienen una justificación suficiente.

Para respaldar su posición, mencionó casos de barrios privados donde se cobra alumbrado, barrido y limpieza sin que, según su planteo, se preste efectivamente el servicio. También cuestionó los adicionales municipales aplicados sobre la carga de combustibles, al considerar que encarecen gastos cotidianos de los contribuyentes sin una prestación claramente identificable.

El expediente contempla incorporar el artículo 226 bis a la legislación municipal y otorgar nuevas facultades de control al Tribunal de Cuentas bonaerense. El organismo podría observar incumplimientos de los requisitos propuestos y aplicar sanciones a funcionarios que autoricen tributos irregulares.

También establece que las comunas deberán publicar gratuitamente en sus sitios oficiales la información sobre cada tasa, sus fundamentos legales y los parámetros utilizados para calcularla. Además, toda ordenanza que cree o modifique un gravamen tendría que incorporar una memoria técnica que detalle el servicio correspondiente y justifique su costo.

De los concejos deliberantes a la Legislatura: una ofensiva que comenzó meses atrás

El planteo no representa una iniciativa completamente nueva. La Libertad Avanza comenzó el año con una estrategia coordinada en distintos municipios bonaerenses, impulsada por el dirigente provincial Sebastián Pareja, que buscaba revisar ordenanzas fiscales y tributarias mediante proyectos presentados por concejales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la ofensiva inicial alcanzó a 116 municipios, con propuestas para eliminar 138 tasas y reducir otras 122. El espacio libertario justificó aquella campaña mediante un relevamiento propio según el cual alrededor del 81% de los tributos examinados carecía de una contraprestación directa identificable.

Durante septiembre, el conflicto pasó de los concejos deliberantes a la Legislatura provincial. El presidente del bloque libertario del Senado, Carlos Curestis, y el diputado Morillo presentaron propuestas destinadas a establecer criterios generales de cobro para todos los distritos. “Los bonaerenses tienen derecho a saber qué servicio están financiando y quién lo presta”, sostuvo Curestis al defender una mayor transparencia sobre los recursos que recaudan los gobiernos locales.

La nueva ofensiva encuentra un antecedente directo en la respuesta que el gobierno de Axel Kicillof dio durante marzo, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, rechazó los proyectos presentados en los concejos deliberantes y acusó a La Libertad Avanza de impulsar una discusión que, a su entender, desvía la atención de los problemas económicos nacionales.

“Es una mentira que el problema de la competitividad de la producción tenga que ver con las tasas municipales”, afirmó entonces el funcionario, al cuestionar que se responsabilice a los gobiernos locales por las dificultades que enfrentan comerciantes, industriales y productores.

Para respaldar su postura, Bianco citó un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), según el cual el 93,6% de la carga tributaria sobre la renta agrícola corresponde a impuestos nacionales, el 5,7% a provinciales y apenas el 0,7% a tasas municipales. También mencionó una investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que ubicó el peso de los tributos municipales en el 0,9% del valor agregado bruto de las cadenas productivas estudiadas.

“Le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar”, sostuvo Bianco durante aquella conferencia.

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Las objeciones a una reducción generalizada de tributos no provienen exclusivamente del oficialismo provincial. Intendentes de distintos espacios políticos vienen reclamando que cualquier modificación se analice junto con las responsabilidades que actualmente asumen los gobiernos locales.

Uno de los planteos más contundentes fue el del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, quien reconoció que existen tasas que merecen ser revisadas, pero rechazó que esa discusión se traduzca en una eliminación indiscriminada de recursos. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, advirtió que reducir los ingresos municipales sin considerar el costo de los servicios puede comprometer el funcionamiento de las comunas.

“Aunque suena bien para la gente bajar tasas en general, en los hechos es imposible porque significaría que el municipio deje de funcionar”, sostuvo el jefe comunal, al explicar que esos recursos permiten financiar desde el mantenimiento de caminos hasta el pago del personal y la maquinaria necesaria para prestar servicios.

Bevilacqua también planteó que determinados gravámenes, como los vinculados con combustibles o contribuciones creadas durante la pandemia, pueden revisarse cuando no existe una contraprestación efectiva. Sin embargo, diferenció esos casos de las tasas viales y de Seguridad e Higiene, que considera fundamentales para sostener la actividad municipal.

Una postura similar expresó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, quien cuestionó el enfoque de la ofensiva libertaria y pidió discutir el sistema tributario en su conjunto. “Cuando uno ve, las tasas municipales prácticamente no tienen impacto sobre las actividades económicas en general. Sí tienen más impacto los impuestos provinciales y muchísimo más impacto los impuestos nacionales”, señaló en una entrevista con este medio.

Garate también cuestionó la intención política que atribuye a la propuesta. “Me parece que no se está haciendo serio, se está haciendo una cuestión ideológica y política”, afirmó, antes de advertir que los municipios asumen cada vez más responsabilidades con recursos iguales o inferiores a los de años anteriores.

El debate abrió posiciones diferentes incluso entre las fuerzas opositoras al gobierno bonaerense. El senador provincial del PRO Pablo Petrecca, intendente de Junín en uso de licencia, cuestionó durante marzo el enfoque de la campaña libertaria y consideró que había sido presentada como una “estrategia de marketing”.

Aunque reconoció la necesidad de revisar el valor de determinados tributos, el dirigente sostuvo que el debate debería abarcar el sistema impositivo completo. “La tasa es un costo que uno paga por una contraprestación. Si el municipio brinda el servicio, lo que hay que discutir es si el valor es el correcto o no”, explicó.

Petrecca también reclamó que cualquier reforma contemple la distribución de recursos entre los tres niveles del Estado. “Si queremos discutir el sistema tributario está perfecto, pero hagámoslo con todos los actores: el presidente, los gobernadores y los intendentes”, señaló, al proponer que se evalúe tanto la carga fiscal sobre las actividades económicas como las responsabilidades de prestación de servicios.

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La recaudación en caída agrega presión a una discusión que también es presupuestaria

El regreso de la iniciativa se produce en un escenario de dificultades financieras para numerosos municipios bonaerenses, que durante 2026 registraron menores transferencias en términos reales y una caída de la cobrabilidad de sus propios tributos. El deterioro de las transferencias provinciales y la menor disponibilidad de fondos de libre utilización ya habían encendido alarmas entre los intendentes.

Durante enero, los distritos recibieron $450.230 millones, un incremento nominal del 29,4% interanual que quedó por debajo de la inflación del período. En términos reales, significó una caída del 2,24%, equivalente a aproximadamente $10.308 millones. La situación también afectó la recaudación propia. En Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray advirtió sobre una disminución del 30% de los ingresos municipales, mientras la demanda de atención hospitalaria creció en una proporción similar.

En Tandil, la cobrabilidad de las tasas cayó al 56%, frente a niveles que históricamente habían superado el 75%. En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar aseguró que “se ha caído estrepitosamente la recaudación de tasas y la coparticipación”.

Los datos muestran que la discusión no se desarrolla sobre un escenario fiscal estable. Una reducción de tributos puede representar un alivio para determinados contribuyentes, pero también obliga a definir cómo se financiarán los servicios afectados o qué gastos deberán reordenarse.

Por eso, los jefes comunales reclaman que las iniciativas legislativas incluyan una evaluación del impacto presupuestario y contemplen las diferencias entre distritos del conurbano, ciudades intermedias y municipios rurales.

Autonomía municipal y reparto de recursos: la discusión que sigue pendiente

La disputa también volvió a instalar el debate sobre la autonomía municipal, una cuestión que atraviesa desde hace décadas la política bonaerense. Aunque los gobiernos locales administran sus recursos y servicios, su funcionamiento continúa condicionado por la legislación provincial y por las transferencias provenientes de la coparticipación.

Para los intendentes, esa dependencia resulta especialmente problemática cuando deben incorporar nuevas prestaciones sin recibir financiamiento adicional. En ese sentido, Bevilacqua reclamó una revisión integral del sistema de distribución de fondos. “Hay que definir bien quién se hace responsable de cada cosa y fijar los recursos correspondientes”, sostuvo, al pedir que Nación, Provincia y municipios participen de las negociaciones sobre una eventual reforma.

Desde el radicalismo también surgieron planteos similares. Dirigentes de la UCR advirtieron que una mayor autonomía institucional pierde alcance si, al mismo tiempo, se restringen las herramientas financieras de los gobiernos locales.

La discusión, entonces, presenta dos objetivos que no necesariamente son incompatibles: evitar cobros injustificados y garantizar recursos suficientes para sostener las prestaciones municipales. La dificultad política radica en establecer cómo se alcanzan ambos propósitos sin trasladar los costos a otros contribuyentes o reducir servicios esenciales.