Causa Adorni: el giro de Pollicita, los registros bancarios de Angeletti y la disputa judicial

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni abrió una nueva disputa judicial y política. El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas no alcanzan para sostener que el crecimiento patrimonial del exfuncionario se produjo durante su paso por el Estado y pidió investigar una posible evasión tributaria en el fuero Penal Económico. La presentación desató cuestionamientos opositores y nuevos planteos de los denunciantes.

El dictamen está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si acepta el cambio de competencia. Adorni no fue sobreseído y la investigación no está cerrada. La fiscalía propuso modificar el enfoque penal a partir de las explicaciones que presentó la defensa sobre el origen de sus dólares y sus inversiones en criptomonedas.

Los números que originaron la investigación

La causa comenzó con una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y se amplió a partir del análisis de propiedades, movimientos financieros, viajes y gastos del matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti. Durante la investigación, Pollicita le exigió al exfuncionario responder veinte puntos referidos a la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete.

La reconstrucción inicial contabilizó ingresos familiares por $229,7 millones frente a erogaciones por $272,8 millones, una diferencia de poco más de $43 millones. Además, detectó desembolsos por US$402.578, de los cuales alrededor de US$374.000 habrían sido pagados en efectivo. Esos movimientos incluían operaciones inmobiliarias, remodelaciones, mobiliario y viajes.

Entre los bienes examinados figuran una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en la calle Miró, en Caballito. La remodelación de la casa también fue investigada: el contratista Matías Tabar declaró haber recibido US$245.000 en efectivo, mientras que la defensa sostuvo que las refacciones costaron US$175.000.

La explicación de los bitcoins y el giro hacia los impuestos

Adorni sostuvo que había adquirido bitcoins entre 2014 y 2018 mediante ocho billeteras digitales, con una inversión cercana a US$200.000. Según su descargo, la posterior liquidación de esos activos le permitió reunir US$591.544, que mantuvo fuera del sistema bancario y utilizó para afrontar gastos años después.

Una pericia de la Policía Federal comprobó que las claves aportadas por la defensa permitían controlar actualmente esas direcciones y que habían registrado movimientos en el período indicado. Sin embargo, no pudo establecer quién administraba originalmente las billeteras ni reconstruir todas las transacciones. Pollicita entendió que tampoco había evidencia suficiente para descartar la versión de Adorni sobre la formación previa de ese capital.

El fiscal valoró, además, registros de ingresos anteriores a la función pública y operaciones cambiarias del matrimonio. Con esos elementos concluyó que no podía atribuirse, con las pruebas disponibles, un incremento injustificado al período en que Adorni ejerció cargos nacionales.

El dictamen, no obstante, señaló indicios de fondos y activos que podrían haber permanecido sin declarar ante ARCA. Por eso, Pollicita solicitó examinar posibles irregularidades en Ganancias, Bienes Personales y otros tributos. También propuso investigar operaciones de los desarrolladores Leandro Miano y Pablo Feijoo y del contratista Tabar, y remitir antecedentes de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

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Pagano amplió la denuncia y cuestionó el recorte temporal

La reacción judicial llegó el mismo viernes. Pagano pidió a Lijo que rechazara el traslado del expediente, retomara la dirección de la investigación, requiriera información a bancos y organismos fiscales y citara a indagatoria a Adorni. Amplió su denuncia respecto de Angeletti, a quien señaló como posible persona interpuesta.

La diputada incorporó registros de la Central de Deudores del Banco Central, correspondientes a saldos informados por el Banco Galicia a nombre de la esposa del exfuncionario. Los montos ascendieron a $13,8 millones en junio, $13,4 millones en julio, $13,3 millones en agosto y $18 millones en septiembre. Los registros indican obligaciones bancarias a fin de cada mes y figuran en situación de pago normal.

Pagano sostuvo que esos datos deben ser examinados junto con los ingresos y bienes familiares. Su planteo también objeta que el análisis fiscal se haya concentrado en el tiempo de ejercicio del cargo: el artículo 268 del Código Penal contempla el enriquecimiento producido hasta dos años después del cese en la función pública. Para la legisladora, el expediente debe abarcar los movimientos posteriores a la renuncia de Adorni.

La presentación cuestiona, además, que la imposibilidad de refutar por completo la explicación de los bitcoins alcance para desplazar la hipótesis de enriquecimiento ilícito. Pagano pidió que las declaraciones patrimoniales, las operaciones inmobiliarias y los fondos utilizados por ambos cónyuges sigan siendo examinados.

Otro pedido para mantener abierta la investigación

El abogado denunciante Gregorio Dalbón también se presentó ante Lijo y reclamó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez. Solicitó que no se resuelva el cambio de competencia antes de escuchar a ese organismo y pidió ser notificado de cualquier medida que pueda concluir o restringir la investigación.

Dalbón sostuvo que el expediente no se limita a eventuales incumplimientos impositivos, porque también involucra la evolución patrimonial y las declaraciones juradas de un funcionario público. Su escrito destacó las operaciones en efectivo, los movimientos a través de terceros y la exteriorización tardía de bienes como cuestiones que merecen continuar bajo examen.

Críticas opositoras y alivio en la Casa Rosada

El dictamen provocó rechazos de distintos sectores políticos. La senadora Juliana Di Tullio ironizó: “No tomen de idiota al pueblo argentino”. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó que la explicación sobre las criptomonedas alcance para justificar los pagos en efectivo, mientras que su compañera de bancada Mónica Frade criticó la interpretación fiscal de la carga de la prueba.

La exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico vinculó el momento del dictamen con la visita del papa León XIV y acusó al oficialismo de intentar desviar la atención. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció diferencias en el trato judicial entre libertarios y peronistas. El diputado Pablo Juliano rechazó el criterio de Pollicita. Las críticas coincidieron con el sobreseimiento del presidente Javier Milei y otros involucrados en la causa $LIBRA, decisión apelada por organizaciones.

En la Casa Rosada, por el contrario, la novedad fue recibida con satisfacción. Según fuentes del oficialismo, el presidente Milei llamó a Adorni para celebrar el dictamen; también llamaron Karina Milei y otros referentes libertarios. Pese al respaldo político, en el entorno presidencial no anticipan un regreso inmediato del exjefe de Gabinete a la función pública.

La próxima definición corresponde a Lijo. Deberá resolver el pedido de traslado al fuero Penal Económico mientras evalúa las presentaciones que reclaman mantener la investigación por enriquecimiento ilícito y ampliar las medidas patrimoniales. La resolución determinará cómo continúa el expediente y qué aspectos de las operaciones del matrimonio permanecerán bajo examen judicial.