Ruta 5: intendentes impulsan un amparo colectivo contra los peajes de Milei y denuncian la paralización de obras

La disputa por la Ruta Nacional 5 sumó un nuevo capítulo político y judicial. Intendentes bonaerenses de distintos espacios anunciaron que acudirán a la Justicia para frenar la instalación de nuevos peajes mientras permanezcan paralizadas las obras de la autovía entre Mercedes y Suipacha. El reclamo apunta al Gobierno nacional y cuestiona que los usuarios deban afrontar nuevas tarifas sin que se concreten las mejoras de infraestructura comprometidas para uno de los corredores más transitados del interior provincial.

La decisión se conoció durante el séptimo Encuentro Regional de Infraestructura, realizado en Chivilcoy, que reunió a representantes de 19 municipios, funcionarios provinciales y sectores productivos. La jornada dejó al descubierto una preocupación compartida por intendentes de diferentes fuerzas políticas: el deterioro de la conectividad vial, la falta de avances en proyectos estratégicos y las consecuencias que la paralización de la obra pública tiene sobre la seguridad y la actividad económica regional.

El anuncio fue realizado por el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante la apertura del encuentro que encabezó junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. El jefe comunal anticipó una presentación judicial conjunta con autoridades de distritos vecinos para impedir nuevos cobros hasta que finalice la ampliación del trazado. La iniciativa incorpora una nueva instancia de presión sobre la administración de Javier Milei, en medio de cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales y los compromisos de inversión pendientes. 

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“No se puede seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos”

El conflicto se concentra en la posibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 5, particularmente en Gorostiaga, partido de Chivilcoy, cuando la construcción de la autovía entre Mercedes y Suipacha continúa detenida. Britos sostuvo que los trabajos vinculados con los futuros puestos de cobro ya comenzaron y cuestionó que se avance con esa decisión sin garantizar previamente las mejoras prometidas.

“Estamos hoy con la obra de Mercedes a Suipacha parada y con la amenaza cierta, porque ya empezaron las obras, de que en pocos meses tengamos un nuevo peaje en la localidad de Gorostiaga”, advirtió el intendente.

En ese marco, anunció que impulsará una acción judicial junto a otros jefes comunales para impedir nuevos cobros a los usuarios hasta que se complete la autovía. Según la información difundida por Infocielo, el planteo reunirá a autoridades de Chivilcoy, Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares.

El jefe comunal también reclamó que Nación cumpla con el proyecto de extender la transformación de la ruta hacia Bragado y posteriormente hasta La Pampa, una demanda histórica de los municipios atravesados por el corredor.

“No se puede seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos si no se cumplen las obras. Es un compromiso y lo vamos a cumplir, cueste lo que cueste y moleste a quien moleste”, afirmó.

Uno de los principales puntos de conflicto es la obra comprendida entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha, un tramo de aproximadamente 20 kilómetros, entre los kilómetros 104 y 124 de la Ruta Nacional 5. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la intervención registra un avance físico del 30,41% y permanece suspendida mientras Vialidad Nacional gestiona una readecuación financiera del contrato.

La paralización se produjo durante 2024, pese a que los trabajos habían comenzado bajo la administración anterior y contaban con un esquema de financiamiento internacional. El proyecto era considerado un paso fundamental para mejorar la circulación y avanzar progresivamente con la transformación integral del corredor.

En paralelo, el Gobierno nacional adjudicó durante 2026 el denominado Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que comprende la Ruta 5 desde Luján hasta su conexión con la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. La concesión fue otorgada por 20 años a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) e incluye tareas de administración, mantenimiento e inversiones financiadas mediante peajes.

Sin embargo, la adjudicación de la concesión no significó la finalización de los trabajos pendientes entre Mercedes y Suipacha, una diferencia que los intendentes consideran central para justificar su reclamo. El debate también alcanza a las prioridades de inversión del Presupuesto nacional 2027, donde los municipios buscan incorporar recursos específicos para terminar las obras ya iniciadas. 

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Un reclamo que ya llegó a la Justicia y al Congreso

La ofensiva anunciada en Chivilcoy no es la primera iniciativa judicial vinculada con la Ruta 5. Durante octubre, dirigentes de la Unión Cívica Radical bonaerense formalizaron un amparo colectivo contra la Dirección Nacional de Vialidad para exigir reparaciones urgentes, medidas de seguridad y un cronograma que permita avanzar con la transformación del corredor en autovía.

La presentación judicial fue impulsada por dirigentes de Mercedes y Pehuajó, con el respaldo de referentes nacionales y provinciales del radicalismo. El planteo solicita tareas de bacheo, mantenimiento y señalización en sectores considerados peligrosos, además de medidas concretas para garantizar mejores condiciones de circulación.

En paralelo, la discusión también llegó a los concejos deliberantes y al Congreso nacional. En Nueve de Julio, los bloques políticos aprobaron por unanimidad un pedido para incorporar al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para reanudar la autovía. En Bragado, los concejales comenzaron a analizar una propuesta similar, impulsada por el ingeniero civil Oscar Potetti, destinada a priorizar las obras entre Mercedes y Suipacha.

El reclamo incluye una posible reasignación de recursos contemplados para la Travesía Urbana de Mercedes, que cuenta con una previsión cercana a los $75.000 millones en el proyecto presupuestario nacional. Por otra parte, el diputado nacional Eduardo Falcone informó que, tras mantener reuniones con funcionarios del Gobierno, recibió el compromiso de evaluar una reasignación de financiamiento internacional para completar el tramo durante 2027. Sin embargo, todavía no se confirmó oficialmente una modificación presupuestaria ni una fecha de reinicio de los trabajos. 

“La Ruta de la Muerte”: la advertencia de un intendente sobre los accidentes

Más allá de la discusión por los peajes, la situación de la Ruta 5 mantiene en alerta a los municipios por el incremento del tránsito pesado y la cantidad de siniestros registrados. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, calificó al corredor como “la Ruta de la Muerte” y advirtió que durante el primer semestre de 2026 se produjeron más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales, según los datos que presentó el propio jefe comunal.

Stadnik sostuvo que el problema se agrava por el aumento de los vehículos de carga que utilizan la ruta para conectar la producción bonaerense con otras regiones del país, particularmente con el desarrollo energético de Vaca Muerta. “La Ruta 5 tiene 550 kilómetros en total, de los cuales 450 transcurren por la provincia de Buenos Aires”, explicó, al remarcar que la infraestructura actual resulta insuficiente para absorber el movimiento de transporte.

El intendente también recordó que la autovía contaba con financiamiento de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que debía aportar el 70% de los recursos, mientras que el 30% restante correspondía al Tesoro nacional.

Además, cuestionó el uso de los fondos del impuesto a los combustibles y sostuvo que las reparaciones realizadas sobre la Ruta 5 eran financiadas por los propios usuarios mediante peajes.

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Peajes, presupuesto y obras pendientes: la discusión que se viene

El nuevo amparo anunciado por los intendentes abre otro frente para el Gobierno nacional, que deberá enfrentar cuestionamientos sobre el avance de las concesiones viales y los compromisos de infraestructura pendientes.

La discusión tendrá dos escenarios principales. Por un lado, la Justicia deberá evaluar el planteo contra los nuevos cobros, una vez que sea formalizado. Por otro, el Congreso continuará el tratamiento del Presupuesto 2027, donde los municipios buscan garantizar partidas para terminar el tramo Mercedes-Suipacha y avanzar con otras intervenciones.

La controversia también plantea una discusión sobre el alcance del modelo de concesiones: mientras Nación apuesta a financiar la operación y las inversiones mediante tarifas a los usuarios, los intendentes reclaman que los nuevos peajes estén acompañados por mejoras concretas en la infraestructura.

La Ruta 5 vuelve así a concentrar una demanda que atraviesa a distintos partidos y municipios bonaerenses: terminar las obras iniciadas, garantizar condiciones seguras de circulación y evitar que los vecinos afronten nuevos costos sin respuestas sobre la autovía. Con la presentación judicial en preparación y el debate presupuestario abierto, la definición sobre el futuro del corredor sigue pendiente.