La Justicia bonaerense acumula cientos de vacantes: qué pasa en juzgados, fiscalías y defensorías

La Justicia de la provincia de Buenos Aires enfrenta un elevado número de cargos sin titular en juzgados, fiscalías y defensorías. Un relevamiento de la Suprema Corte bonaerense identifica 238 vacantes de magistrados, entre puestos sin cubrir y otros que quedarán disponibles hasta diciembre, mientras que datos de la Procuración General registran otros 233 cargos vacantes en cuatro categorías del Ministerio Público.

Las cifras muestran una situación extendida por los distintos departamentos judiciales, con diferencias entre fueros y jurisdicciones. El problema alcanza tanto a la administración de causas judiciales como a las funciones de investigación penal, representación de personas imputadas y defensa de derechos.

A ese panorama se suma la integración incompleta del máximo tribunal provincial, que funciona con tres de sus siete miembros. El gobierno de Axel Kicillof anunció el envío de nuevos pliegos al Senado, mientras la Suprema Corte impulsa medidas para mantener la actividad de los organismos sin titulares.

Uno de cada seis cargos de juez permanece vacante

Un relevamiento de la Suprema Corte fechado el 21 de septiembre contabilizó 238 cargos de magistrados vacantes o próximos a quedar sin titular antes de finalizar 2026, equivalentes al 17% de la planta judicial comprendida en el estudio.

El fuero Penal concentra la mayor cantidad de puestos sin cubrir, con 86 vacantes, que representan el 15% de su estructura. Si se agregan los 24 cargos faltantes del fuero Penal Juvenil, ambos sectores reúnen 110 vacantes, casi la mitad de las registradas en el relevamiento.

En términos proporcionales, la situación más significativa corresponde precisamente a Penal Juvenil, donde el 32% de los cargos está vacante. Le siguen el fuero Contencioso Administrativo, con el 22%, y los fueros Laboral y de Familia, ambos con el 19%. Civil y Comercial presenta el porcentaje más bajo, con el 13%.

La dimensión del problema también aparece en una planilla oficial de agosto, publicada por la Corte en octubre, que identificó 194 vacantes existentes por fuero y región judicial. Ese registro no contempla puestos que quedarían disponibles posteriormente, licencias prolongadas ni situaciones administrativas o disciplinarias.

Las vacantes no implican necesariamente que los juzgados permanezcan cerrados. Parte de las funciones se sostiene mediante magistrados suplentes y subrogancias, mecanismos que permiten cubrir transitoriamente organismos hasta que se concreten las designaciones definitivas.

Fiscalías y defensorías: otros 233 cargos sin cubrir

El panorama se extiende al Ministerio Público bonaerense, que reúne a los funcionarios encargados de promover investigaciones penales, ejercer la defensa pública e intervenir en la protección de determinados derechos.

Un relevamiento de la Procuración General registra 233 vacantes sobre un universo de 1.272 cargos, lo que representa el 18,3% de las posiciones examinadas.

La mayor cantidad corresponde a agentes fiscales, con 143 vacantes frente a 583 cargos ocupados. En las defensorías penales se contabilizan 53 puestos sin cubrir y 292 ocupados, mientras que las defensorías civiles presentan 23 vacantes y 110 funcionarios en actividad.

La distribución se completa con 14 cargos vacantes de asesores de incapaces y otros 54 ocupados. Las cuatro categorías tienen funciones diferentes, pero forman parte de la estructura que interviene diariamente en procesos judiciales.

Estos registros corresponden al Ministerio Público y comprenden un universo distinto del relevamiento de magistrados de la Suprema Corte. En conjunto, muestran que la falta de titulares alcanza tanto a quienes resuelven los expedientes como a funcionarios que intervienen en su tramitación.

La Plata, entre los departamentos judiciales con más vacantes

El Departamento Judicial La Plata registra 15 cargos sin cubrir sobre un total de 90 puestos correspondientes a fiscales, defensores penales, defensores civiles y asesores de incapaces. El porcentaje de vacantes alcanza el 16,7%.

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La mayor cantidad está concentrada en las fiscalías: existen nueve cargos de agentes fiscales sin titular y 45 ocupados. De los 54 puestos previstos para esa función, uno de cada seis permanece vacante.

En las defensorías penales se registran cuatro vacantes sobre 22 cargos, mientras que las defensorías civiles tienen dos puestos sin cubrir sobre diez. Los cuatro cargos de asesores de incapaces del departamento aparecen ocupados.

La situación platense forma parte de un mapa provincial desigual. Lomas de Zamora encabeza la cantidad absoluta de vacantes del Ministerio Público, con 29, seguido por San Isidro, con 24, y San Martín, con 17. La Plata y Morón registran 15 cargos sin cubrir cada uno.

En el otro extremo se ubica Trenque Lauquen, con cuatro vacantes. Avellaneda-Lanús, Necochea y Pergamino contabilizan cinco cada uno. La distribución refleja diferencias territoriales en la cantidad de puestos pendientes de cobertura.

Una Suprema Corte con cuatro lugares pendientes

La situación también afecta a la máxima autoridad judicial provincial. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires funciona con solamente tres integrantes: su presidente, Sergio Torres; el vicepresidente, Daniel Soria; y la ministra Hilda Kogan.

Los otros cuatro lugares permanecen vacantes desde las salidas de distintos magistrados. La última se produjo en junio de 2024, cuando dejó su cargo Luis Genoud.

Torres reclamó reiteradamente que se complete la integración del tribunal y advirtió sobre las dificultades que representa su funcionamiento reducido. En abril encabezó un acto institucional en el que planteó que la cobertura de las vacantes resulta indispensable para garantizar la conducción del Poder Judicial.

Para determinados pronunciamientos, la Corte debe recurrir a magistrados adicionales que permitan completar la integración necesaria. El mecanismo mantiene la actividad jurisdiccional, aunque no reemplaza el nombramiento permanente de sus integrantes.

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Pliegos, concursos y medidas para sostener los tribunales

A comienzos de noviembre, Kicillof recibió a representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense junto con el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Durante el encuentro anticipó el envío de aproximadamente 250 pliegos al Senado para cubrir cargos en juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías.

Las designaciones requieren distintas instancias institucionales. El Consejo de la Magistratura selecciona postulantes para los cargos de jueces e integrantes del Ministerio Público mediante concursos y ternas vinculantes. Posteriormente intervienen el Poder Ejecutivo y el Senado, que debe otorgar su acuerdo.

En agosto, el Consejo aprobó la convocatoria 2026 mediante la Resolución 4041 y abrió las inscripciones durante septiembre. También organizó un cronograma de evaluaciones que incluye exámenes para determinados juzgados de Garantías previstos para el 16 y 17 de noviembre.

La designación de integrantes de la Suprema Corte sigue un procedimiento diferente: el gobernador propone directamente a los candidatos y necesita el acuerdo del Senado. Los cuatro nombramientos pendientes continúan sujetos a esa decisión institucional.

Mientras se desarrollan esos procesos, la Corte prorrogó mediante el Acuerdo 4245 el régimen de asignaciones adicionales para magistrados que subrogan organismos vacantes, con vigencia hasta octubre de 2027.

También propuso ampliar el Cuerpo de Magistrados Suplentes, mediante la Resolución 2918/26, para adecuarlo al crecimiento de la estructura judicial y reorganizar su distribución territorial.

Otra iniciativa, contenida en la Resolución 2917/26, solicitó la creación de nuevos órganos judiciales y el avance de designaciones correspondientes a dependencias cuya puesta en funcionamiento todavía está pendiente.

Así, la cobertura de cargos constituye una de las principales cuestiones abiertas para la Justicia bonaerense. Los concursos, las designaciones legislativas y las subrogancias continúan siendo los mecanismos centrales para atender las vacantes, mientras juzgados, fiscalías y defensorías sostienen su actividad con una parte de sus plantas sin titulares definitivos.