Kicillof acelera los nombramientos judiciales: casi 300 vacantes en juego, presión de la Corte y una negociación que sigue trabada

El gobierno de Axel Kicillof busca acelerar la cobertura de casi 300 cargos vacantes en la Justicia bonaerense antes de que termine 2026, en un intento por responder a los reclamos que desde hace meses plantean magistrados, funcionarios judiciales y la Suprema Corte provincial. 

La definición surgió durante una reunión celebrada en la Gobernación, donde Kicillof recibió a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense. Del encuentro también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

El mandatario anticipó el envío inminente de unos 250 pliegos correspondientes a juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, fiscalías y defensorías oficiales.

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Casi 300 nombramientos y una deuda que sigue creciendo en la Justicia

La iniciativa se produce en un escenario de dificultades estructurales para el Poder Judicial provincial. Actualmente existen entre 450 y 600 cargos vacantes, sobre una estructura de aproximadamente 2.800 puestos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales.

En el momento más crítico, el sistema llegó a registrar cerca de 800 cargos sin cubrir, prácticamente uno de cada tres. Aunque durante los últimos años se avanzó con distintas designaciones, la cantidad de vacancias continúa generando problemas para sostener la actividad cotidiana de juzgados y tribunales.

El propio Mena había anticipado en septiembre que el Ejecutivo preparaba una nueva tanda de nombramientos. Durante el Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial, realizado en Mercedes, el ministro afirmó: “Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”.

La promesa representaba la continuidad de un proceso que ya había tenido avances durante 2025, cuando el Senado bonaerense aprobó 93 pliegos enviados por Kicillof para cubrir cargos de magistrados, fiscales y defensores oficiales.

La cobertura de vacantes ya había quedado instalada como uno de los principales reclamos del Poder Judicial, en medio de las negociaciones por el presupuesto, la creación de nuevos juzgados y la autonomía financiera de los tribunales.

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Sergio Torres volvió a advertir por el funcionamiento de la Corte

El compromiso del Ejecutivo llega después de reiterados planteos del presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, quien advirtió sobre las consecuencias de sostener una estructura judicial con numerosos cargos sin cubrir.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el magistrado volvió a reclamar recientemente que se completen los cuatro lugares pendientes en el máximo tribunal y alertó sobre las dificultades que enfrenta el organismo para desarrollar sus funciones.

“Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar”, afirmó al describir una situación que obliga a recurrir a mecanismos de integración con magistrados adicionales para resolver determinados expedientes.

El presidente de la Corte también expuso la magnitud de la carga de trabajo: durante un solo mes llegó a firmar más de 1.700 sentencias y resoluciones, entre sus responsabilidades de conducción y su actividad jurisdiccional. 

Los últimos datos difundidos por la Corte muestran que el 17% de los cargos de magistrados bonaerenses está vacante. La situación es particularmente delicada en el fuero penal juvenil, donde el porcentaje asciende al 33%, mientras que en los fueros laboral y de familia alcanza el 19%.

Cuatro lugares sin cubrir y una pulseada política que no se destraba

A diferencia de lo que ocurre con los juzgados y fiscalías, Kicillof no anunció avances concretos para completar la Suprema Corte, que desde junio de 2024 funciona con apenas tres de sus siete integrantes: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria.

La designación de los cuatro ministros pendientes requiere que el gobernador proponga candidatos y que el Senado otorgue los acuerdos correspondientes. Ese procedimiento involucra negociaciones entre el kicillofismo, La Cámpora, el Frente Renovador y los bloques opositores, que hasta el momento no consiguieron cerrar una distribución de nombres aceptada por las distintas partes.

El asunto ya había formado parte de las conversaciones que permitieron avanzar con el Presupuesto bonaerense 2026. En aquel momento se había discutido un esquema que contemplaba la presentación de tres candidaturas en diciembre y una cuarta antes del receso judicial de julio, pero ninguno de esos nombramientos se concretó.

El oficialismo había comenzado a negociar la cobertura de los cargos pendientes en medio de las diferencias internas y los reclamos del máximo tribunal. La discusión también estuvo atravesada por el peso político que cada sector pretende conservar en una institución cuyas designaciones exceden los tiempos de una gestión de gobierno.

En las últimas semanas, las diferencias volvieron a quedar expuestas. Desde algunos sectores del peronismo se planteó la posibilidad de postergar los nombramientos hasta la próxima administración provincial, mientras Torres insistió en que completar la integración de la Corte constituye una necesidad institucional que no debería quedar subordinada al calendario electoral.

El debate también sumó cuestionamientos del presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, quien reclamó acelerar las designaciones después de un fallo del tribunal vinculado con la reforma laboral nacional. El legislador consideró necesario incorporar un “contrapunto” frente a criterios judiciales que, según su interpretación, perjudican a los bonaerenses.

Autarquía judicial, presupuesto y otro reclamo pendiente

Durante la reunión con Kicillof, las autoridades del Colegio de Magistrados también plantearon la necesidad de avanzar con la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, un reclamo que atraviesa distintas administraciones provinciales.

La Suprema Corte presentó este año una propuesta para obtener mayores herramientas de administración de sus recursos, con intervención del Ministerio Público y sin quitarle a la Legislatura la facultad de aprobar el presupuesto correspondiente.

Según los datos expuestos por Torres, alrededor del 92% de los recursos judiciales se destina al pago de salarios, lo que deja un margen reducido para obras de infraestructura, modernización tecnológica y equipamiento. El magistrado también advirtió sobre las dificultades de sostener dependencias en edificios alquilados que no fueron diseñados para la actividad judicial.

Durante el encuentro el gobernador mostró disposición a discutir la propuesta de autarquía, aunque planteó que las restricciones presupuestarias de la Provincia, que su administración atribuye en parte a la reducción de transferencias nacionales, impiden avanzar por ahora con su implementación.

El problema se relaciona además con la expansión de la estructura judicial. La Corte solicitó recientemente la creación de 64 nuevos órganos jurisdiccionales, entre ellos 23 juzgados de Familia, junto con dependencias de los fueros Laboral, Penal, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. La propuesta también requiere recursos y acuerdos legislativos para su concreción.