El ajuste llega al Riachuelo: Nación se retira de la limpieza, Provincia denuncia un vaciamiento y crece la disputa por los costos

El gobierno de Axel Kicillof volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei por el desfinanciamiento de obras y servicios esenciales en territorio bonaerense, esta vez con eje en la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Provincia denunció que Nación dejará de realizar tareas de limpieza y recolección de residuos en distintos sectores del río, en medio de un fuerte ajuste presupuestario sobre la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). La decisión, según advirtió el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, implica trasladar responsabilidades a la administración provincial y a los municipios sin garantizar los recursos para sostenerlas.

El funcionario detalló que la medida alcanza al cauce principal del río, las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y 35 puntos de acumulación de residuos distribuidos entre Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.

“El Gobierno nacional nos anunció la semana pasada que van a dejar de llevar adelante las operaciones de limpieza del río y la recolección de residuos”, señaló Bianco, quien vinculó la decisión con una política de reducción de la intervención nacional en materia ambiental.

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ACUMAR bajo ajuste: menos presupuesto y responsabilidades transferidas

Según la información presentada por el Ejecutivo bonaerense, el deterioro financiero del organismo comenzó con el cambio de administración nacional. En 2024, su presupuesto se redujo un 58% en términos reales respecto de 2023, mientras que en 2025 la disminución alcanzó el 61%. El recorte llegó al 74% durante el último año analizado y la previsión presupuestaria para 2026 contempla una reducción del 65% frente al nivel de 2023.

A la contracción de los recursos se sumó una importante reducción de personal. De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la Provincia, ACUMAR perdió el 50% de su planta de trabajadores y registró 350 despidos desde el inicio de la gestión libertaria.

Bianco cuestionó especialmente que las obligaciones de mantenimiento continúen vigentes mientras el organismo pierde capacidad operativa. “El Gobierno nacional desfinanció y vació ACUMAR, dejó de hacerse cargo de la limpieza de los arroyos, nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó durante su exposición.

El ministro recordó que, hasta 2023, el organismo realizaba tareas de limpieza en el cauce principal y en aproximadamente 103 kilómetros de arroyos, con participación de cooperativas. Sin embargo, sostuvo que Nación dejó de financiar progresivamente esas actividades y que la Provincia debió destinar recursos propios para evitar su interrupción.

“Nos tiraron el muerto y obviamente no nos pasaron los recursos”, cuestionó, al explicar que el retiro nacional comenzó por los arroyos y ahora se extiende a nuevos sectores de la cuenca.

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Viviendas pendientes, controles suspendidos y obras de infraestructura frenadas

El conflicto no se limita a la limpieza del río. De acuerdo con el relevamiento expuesto por Bianco, desde el inicio de la gestión de Milei se dejaron de ejecutar inversiones de capital destinadas a programas de emergencia sanitaria, urbanización de barrios populares, desagües pluviales, control de la contaminación industrial y ordenamiento territorial.

Uno de los aspectos más sensibles es el programa de relocalización de familias que viven en zonas de riesgo ambiental. El plan contemplaba la construcción de 17.771 viviendas, de las cuales 7.541 habían sido entregadas hasta 2023. Según la administración provincial, desde entonces no se iniciaron nuevas unidades y quedaron pendientes proyectos que formaban parte de la estrategia de recuperación de la cuenca.

La paralización también alcanza obras de infraestructura sanitaria. Entre los proyectos mencionados aparece la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, que registraba un avance del 51%, y un río subterráneo destinado a transportar agua hacia municipios del sur de Quilmes, cuya ejecución había llegado al 70%.

A ellos se suma la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, con un avance informado del 14%. Las tres intervenciones fueron señaladas por el Ejecutivo bonaerense como parte de los proyectos que quedaron interrumpidos.

El gobierno provincial también advirtió sobre la disminución de las inspecciones a establecimientos industriales y la interrupción de evaluaciones de riesgo sanitario. Estas actividades resultan relevantes para controlar los vertidos contaminantes y evaluar las condiciones ambientales de los barrios próximos al río y sus afluentes.

La disputa por los fondos vuelve a enfrentar a Provincia y Nación

La controversia por ACUMAR se suma a otros reclamos del gobierno de Kicillof por la paralización de proyectos nacionales y la transferencia de responsabilidades a la administración bonaerense. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia calculó en $19,1 billones los compromisos nacionales pendientes, entre infraestructura, transferencias directas y programas discontinuados. De ese total, $10,1 billones corresponden a obras públicas comprometidas, según el relevamiento presentado por el Ejecutivo provincial en septiembre.

El conflicto ambiental también encuentra antecedentes en las obras de prevención de inundaciones. Un informe publicado por este medio reveló que 15 de 24 proyectos financiados mediante el Fondo Hídrico nacional estaban suspendidos o cancelados, mientras que siete de ocho intervenciones relevadas en el conurbano permanecían paralizadas.

En ese escenario, el reclamo bonaerense apunta tanto a la continuidad de las tareas como a la distribución de los costos. La disputa también involucra el funcionamiento de ACUMAR, un organismo interjurisdiccional en el que participan Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea de coordinar las políticas de saneamiento requiere acuerdos entre las distintas administraciones, por lo que la reducción de recursos nacionales abre interrogantes sobre la continuidad y el financiamiento de las intervenciones.

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El saneamiento, otra discusión por las responsabilidades del Estado

Durante su exposición, Bianco insistió en que el retiro de Nación contradice los objetivos para los que fue creado ACUMAR. “Están desfinanciando y vaciando un organismo que se dedicaba fundamentalmente al saneamiento ambiental y a mejorar las condiciones sociales de la gente que vive en los municipios y las comunas vinculadas con esta cuenca”, sostuvo.

En paralelo, la Provincia aseguró que continuará sosteniendo intervenciones y obras con recursos propios, aunque advirtió sobre las dificultades que genera asumir nuevas obligaciones sin financiamiento adicional.

La discusión adquiere especial relevancia por las características de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde las tareas de saneamiento se vinculan directamente con el acceso al agua potable, la infraestructura cloacal, el tratamiento de residuos y las condiciones de vida de las familias que habitan en sus márgenes.

Por ahora, el planteo de la Provincia pone el foco en el recorte presupuestario, la pérdida de capacidad operativa de ACUMAR y la transferencia de costos hacia las administraciones locales. Queda pendiente conocer cómo se reorganizarán las tareas que Nación dejará de financiar y qué recursos estarán disponibles para garantizar su continuidad.

Mientras tanto, el saneamiento de una de las cuencas más comprometidas ambientalmente del país vuelve a quedar atravesado por la disputa política y presupuestaria entre Kicillof y Milei, con proyectos inconclusos, responsabilidades en discusión y una demanda de obras y servicios que continúa vigente.