Senado bonaerense: medicamentos, ley Rappi y una reforma de salud atrapada en la rosca legislativa

El gobierno de Axel Kicillof llega a una nueva sesión del Senado bonaerense con resultados dispares en tres de sus principales apuestas legislativas. Mientras el oficialismo consiguió encaminar el proyecto para crear una empresa provincial de medicamentos, la reforma destinada a integrar el sistema sanitario deberá continuar su recorrido por las comisiones.

En paralelo, avanza el debate sobre las condiciones laborales de repartidores y conductores de aplicaciones, una iniciativa que también enfrenta diferencias dentro del peronismo. La actividad parlamentaria vuelve a exponer las negociaciones que necesita la administración provincial para convertir sus propuestas en leyes.

La Cámara alta, presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, tiene previsto sesionar el próximo jueves 5 de noviembre. El principal proyecto impulsado por el Ejecutivo que llegará al recinto será el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad con participación estatal mayoritaria destinada a producir, distribuir y comercializar medicamentos e insumos sanitarios.

La iniciativa forma parte del paquete anunciado por Kicillof durante la apertura de sesiones legislativas y promovido por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Sin embargo, el avance de la empresa farmacéutica no se repetirá, por ahora, con el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), que volverá a comisión para incorporar nuevas modificaciones y alcanzar los consensos pendientes.

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Medicamentos: el proyecto que Kicillof consiguió encaminar

La creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense representa una de las principales prioridades sanitarias del Ejecutivo. La propuesta busca fortalecer la producción pública de medicamentos, mejorar el abastecimiento de hospitales y municipios y generar herramientas para intervenir sobre los costos de adquisición de insumos esenciales.

La futura compañía funcionaría como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), con el 99% de las acciones bajo control de la Provincia y el 1% restante disponible para otros actores públicos o privados. También podrá investigar, desarrollar, fabricar, importar, exportar y comercializar productos médicos.

El proyecto atravesó distintas modificaciones durante su tratamiento legislativo. Una de las principales discusiones giró alrededor de la posibilidad de que la empresa contraiga deuda o emita títulos. Para responder a los cuestionamientos, se incorporaron restricciones vinculadas con el presupuesto aprobado, la finalidad de las operaciones y los límites establecidos por la normativa financiera provincial.

También se prevé la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para solicitar informes, formular recomendaciones e intervenir ante determinadas operaciones extraordinarias de endeudamiento.

Este jueves el Senado le dará media sanción a la Ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, mientras que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras y continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense.

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 2, 2026

Kreplak defendió la iniciativa durante sus exposiciones en la Legislatura y rechazó que la creación de una nueva estructura implique necesariamente una mayor carga presupuestaria. “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, sostuvo ante los senadores.

El funcionario también afirmó que el objetivo es establecer nuevas herramientas de gestión y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sin incrementar automáticamente el gasto público.

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El SIPBA deberá esperar: los reparos que todavía no se resolvieron

La situación es diferente para el Sistema Integrado de Salud bonaerense. Aunque el proyecto también obtuvo dictámenes favorables, el oficialismo decidió continuar su tratamiento en la Comisión de Presupuesto para incorporar aportes de distintos legisladores.

El propio Kreplak confirmó el cambio de estrategia mediante sus redes sociales. Allí anticipó que la empresa de medicamentos avanzará hacia la media sanción, mientras el SIPBA seguirá su discusión parlamentaria, con el propósito de “continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense”.

La reforma propone articular los establecimientos públicos, los prestadores privados y las obras sociales mediante una estructura coordinada por el Ministerio de Salud provincial. También contempla la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada por niveles de complejidad, para mejorar la distribución de recursos y la respuesta sanitaria.

Sin embargo, su alcance provocó cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo. Entre los principales puntos de conflicto aparecieron las facultades que tendría la Provincia sobre hospitales municipales, la participación de las clínicas privadas y los mecanismos de fiscalización.

Durante el tratamiento en comisiones se introdujeron modificaciones relevantes. La adhesión de los municipios a la red quedó establecida como voluntaria y se eliminaron atribuciones que podían permitir al Ejecutivo provincial intervenir en decisiones sobre la instalación de establecimientos o la incorporación de determinadas prestaciones.

También se limitaron los requerimientos extraordinarios a instituciones privadas a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declaradas. A pesar de esos cambios, las negociaciones no alcanzaron para garantizar el tratamiento conjunto de los dos expedientes. 

La oposición cuestiona nuevas estructuras y vuelve a poner a IOMA en el centro

Las reformas también encontraron resistencia en los bloques opositores, que cuestionaron la conveniencia de crear nuevas herramientas institucionales mientras persisten problemas en el funcionamiento del sistema de salud bonaerense.

Durante el debate en Legislación General, el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Cabezas apuntó contra la situación de la obra social provincial. “No corrigieron las situaciones del IOMA, que vienen de antes del 2023”, afirmó, al justificar sus reparos frente al paquete impulsado por el Ejecutivo.

Por su parte, Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, cuestionó que la Provincia avance con una nueva sociedad farmacéutica en lugar de fortalecer las capacidades de organismos existentes. “En lugar de trabajar en solucionar los procesos, de agilizarlos, optaron por llevarnos a la creación de una sociedad anónima”, sostuvo.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la necesidad de incorporar instrumentos que permitan reducir costos y responder a la creciente demanda sobre los hospitales públicos.

El senador Pedro Borgini, presidente de la Comisión de Salud y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, consideró que “es importante que se pueda articular y que también haya un laboratorio en donde la población pueda acceder a menores costos en los medicamentos”.

En la misma línea, Fernando Coronel vinculó el aumento de la demanda sanitaria con las dificultades del mercado laboral y la pérdida de cobertura médica. “Cuando un trabajador no tiene mutual, se maneja con la salud pública de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

La ley Rappi, otro frente de negociación dentro del peronismo

La agenda legislativa también incluye el proyecto de Kicillof para regular el trabajo mediante aplicaciones digitales, una iniciativa que alcanza a plataformas de reparto y transporte como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify.

A diferencia de la empresa farmacéutica, el expediente todavía se encuentra en discusión dentro de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado, presidida por María Rosa Martínez. El oficialismo busca avanzar hacia un dictamen, aunque todavía debe resolver diferencias sobre el alcance de las obligaciones empresariales y las condiciones de protección de los trabajadores.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la denominada ley de apps contempla seguros obligatorios contra accidentes, un registro para las empresas y mecanismos de asistencia para repartidores y conductores.

La propuesta establece que las compañías deberán financiar las coberturas y proporcionar información sobre la cantidad de trabajadores activos, las modalidades contractuales, los ingresos y las jornadas laborales. También prevé controles sobre depósitos y establecimientos vinculados con las aplicaciones, además de espacios de descanso con acceso a sanitarios y agua potable.

Sin embargo, la discusión incorpora demandas que exceden las herramientas de asistencia. Organizaciones gremiales reclaman mayores precisiones sobre salarios, negociación colectiva y reconocimiento de los vínculos laborales. En paralelo, el Senado analiza una iniciativa del legislador Federico Fagioli que propone mecanismos adicionales de protección y seguridad.

Las diferencias también atraviesan a Fuerza Patria. Mientras sectores vinculados al MDF respaldan el texto enviado por el Ejecutivo, legisladores del Frente Renovador plantearon modificaciones y dirigentes de La Cámpora mantuvieron encuentros con organizaciones sindicales para incorporar otros reclamos. En ese marco, la última reunión de comisión dejó abierta la posibilidad de unificar los proyectos, aunque todavía persisten cuestionamientos sobre las obligaciones empresariales y los mecanismos de control.

La rosca legislativa y el desafío de cerrar acuerdos antes de fin de año

El recorrido de las tres iniciativas refleja las dificultades políticas que enfrenta Kicillof para avanzar con su agenda en la Legislatura bonaerense. Aunque Fuerza Patria cuenta con una bancada numerosa en el Senado, las diferencias internas y los cuestionamientos de la oposición condicionaron el tratamiento de proyectos que el gobernador considera centrales para su gestión.

La discusión sanitaria, de hecho, ya había atravesado varios capítulos. En septiembre el oficialismo no consiguió reunir las firmas necesarias para avanzar con las reformas de salud, en medio de reparos del kirchnerismo, cuestionamientos de los bloques opositores y planteos de prestadores privados. Un mes después, las negociaciones permitieron destrabar los dictámenes, pero el acuerdo no resultó suficiente para que ambos proyectos llegaran juntos al recinto.

Con el cierre del período ordinario cada vez más cerca, la administración provincial intentará conseguir la primera aprobación para su empresa de medicamentos y mantener abiertas las negociaciones por el SIPBA y la regulación de plataformas.

El resultado de la sesión del jueves permitirá medir hasta dónde llegan los acuerdos legislativos del oficialismo. Por ahora, el proyecto farmacéutico tiene un camino más despejado, mientras la integración del sistema sanitario y la ley de aplicaciones continúan sujetos a nuevas conversaciones. Tres iniciativas de una misma agenda que avanzan a distintas velocidades y exhiben las dificultades de trasladar las prioridades del Ejecutivo al terreno parlamentario.