Alerta por El Niño en la Provincia: la ofensiva radical, las obras pendientes y la disputa por los recursos

El avance del fenómeno climático de El Niño volvió a poner en el centro de la discusión política la capacidad de la provincia de Buenos Aires para enfrentar posibles inundaciones durante los próximos meses. Con pronósticos que anticipan precipitaciones superiores a los valores habituales, diputados de la UCR y La Libertad Avanza intensificaron sus reclamos al gobierno de Axel Kicillof para conocer el estado de las obras hidráulicas, los recursos disponibles y los protocolos de prevención. La disputa llega mientras la administración bonaerense exhibe un plan de inversiones superior a los $2,3 billones y responsabiliza a Nación por la paralización de proyectos estratégicos.

El nuevo frente legislativo tiene como eje una iniciativa del diputado radical Valentín Miranda, quien propuso crear una Comisión Especial de Seguimiento del fenómeno El Niño en la Cámara baja. La propuesta cuenta con el acompañamiento de María Alejandra Lordén y Priscila Minnaard y busca establecer un mecanismo de control sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo, con informes periódicos y seguimiento de las zonas más expuestas.

El legislador puso especial atención en el noroeste y el centro bonaerense, regiones donde la actividad agropecuaria convive con dificultades históricas de escurrimiento, caminos rurales deteriorados y extensas superficies expuestas a anegamientos. “Cuando el agua no escurre, los campos se anegan, los caminos rurales se vuelven intransitables, se complican la cosecha y el traslado de hacienda”, advirtió al fundamentar su iniciativa.

El diputado también incorporó al reclamo la situación de los sectores urbanos más vulnerables. “A eso se suman las familias de los barrios inundables, que con cada temporal ven otra vez en riesgo sus viviendas”, sostuvo, al plantear que las consecuencias de las precipitaciones extraordinarias no se limitan al sector productivo.

La propuesta solicita al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, conformar un ámbito legislativo plural que pueda supervisar las políticas provinciales y articular iniciativas relacionadas con el fenómeno meteorológico.

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La oposición reclama datos sobre obras, presupuesto y mapas de riesgo

El proyecto radical forma parte de una serie de iniciativas que buscan ampliar el control parlamentario sobre la política hídrica bonaerense. Desde La Libertad Avanza, el diputado Luis Ontiveros presentó un pedido de informes centrado en la situación de La Matanza y el Gran Buenos Aires, donde la urbanización, la concentración poblacional y la presencia de barrios asentados en zonas inundables incrementan los riesgos ante tormentas intensas.

El legislador solicitó precisiones sobre las obras ejecutadas y pendientes, las tareas de limpieza y acondicionamiento de ríos, arroyos y canales, y la asistencia técnica que la Provincia proporciona a los municipios. “Los fenómenos climáticos no pueden evitarse. Sin embargo, sus consecuencias pueden prevenirse o mitigarse”, sostuvo Ontiveros, quien consideró indispensable sostener las intervenciones de mantenimiento y mejorar las condiciones de escurrimiento del agua.

En esa línea, cuestionó que la respuesta estatal se limite a planes generales o a medidas posteriores a una emergencia. Su planteo apunta a establecer qué intervenciones se realizaron, cuáles continúan pendientes y qué herramientas están disponibles para reducir los daños.

La UCR también reclamó información sobre la implementación del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, con especial atención en los recursos presupuestarios, los organismos responsables y los mecanismos de coordinación.

Desde ese sector advirtieron que la prevención no puede depender únicamente de la construcción de infraestructura. También requiere información hidrológica actualizada, mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.  Las presentaciones no surgieron de manera aislada. La oposición ya había reclamado en julio explicaciones sobre los fondos, los plazos de ejecución y las medidas preventivas previstas ante El Niño. 

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Provincia defiende un plan de $2,3 billones y una mesa de coordinación con los municipios

Frente a los reclamos opositores, la administración de Axel Kicillof sostiene que viene desarrollando una estrategia de prevención desde hace varios meses. El 26 de agosto, el gobernador presentó una Mesa Interministerial para enfrentar los posibles efectos de El Niño, con participación de las áreas de Infraestructura, Ambiente, Seguridad, Desarrollo Agrario, Salud y Desarrollo de la Comunidad, entre otras dependencias.

El programa anunciado comprende inversiones por más de $2,3 billones. Durante la presentación, Kicillof reconoció la magnitud del desafío y advirtió: “Es importante que los bonaerenses estén al tanto de que se avecina, con alta probabilidad, un fenómeno que puede tener manifestaciones muy graves”.

El mandatario también explicó que la estrategia contempla un vínculo permanente con los gobiernos locales. “Va a haber un vínculo directo para cada uno de los intendentes e intendentas, más allá de las acciones que cada ministerio realiza”, aseguró, al destacar la necesidad de coordinar recursos y protocolos antes de que se produzcan eventuales emergencias.

El esquema comprende 139 obras y proyectos vinculados con el riesgo hídrico urbano, siete estudios de drenajes y defensas costeras y diez intervenciones de infraestructura hidráulica regional, según la información difundida por la administración provincial.

Sin embargo, el planteo opositor apunta a una cuestión diferente: determinar qué porcentaje de esas inversiones ya fue ejecutado, cuáles son las obras que todavía no comenzaron y si existen recursos suficientes para responder simultáneamente a emergencias en distintos municipios.

En paralelo, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, defendió la necesidad de organizar un trabajo permanente con municipios, entidades productivas y organismos técnicos. Durante un encuentro realizado en Carhué con representantes de la Cuenca del Salado, el funcionario sostuvo que la respuesta ante los eventos climáticos debe construirse de manera coordinada y no limitarse a intervenciones aisladas.

La Provincia viene reactivando estos espacios para evaluar el estado de los canales, las obras hidráulicas pendientes y las necesidades de los municipios. El objetivo es establecer prioridades de intervención, especialmente en regiones donde las precipitaciones extraordinarias pueden comprometer caminos rurales, áreas productivas y localidades enteras.

A su vez, el Ministerio de Ambiente, encabezado por Daniela Vilar, distribuyó una guía para que los 135 distritos revisen sus mapas de riesgo, identifiquen recursos disponibles y actualicen protocolos de evacuación y recuperación.

La administración bonaerense también puso en funcionamiento un Visor Hidrometeorológico, que reúne información de 150 estaciones de monitoreo y permite consultar precipitaciones, caudales y niveles de agua por distrito o cuenca. La herramienta forma parte de un esquema que prevé ampliar progresivamente la red de medición.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el operativo provincial incorporó herramientas de alerta temprana, asistencia a municipios y nuevas reuniones de los comités de la Cuenca del Salado.

El Salado, las obras frenadas y otro conflicto por los fondos nacionales

Uno de los puntos más sensibles de la discusión es la situación de la Cuenca del Río Salado, donde las dificultades de escurrimiento y las obras pendientes representan un problema tanto para la actividad agropecuaria como para las localidades del interior.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundido el 26 de octubre, identificó que 15 de 24 proyectos financiados por el Fondo Hídrico nacional se encontraban suspendidos o cancelados. Entre los trabajos afectados aparecen intervenciones destinadas a ampliar la capacidad del río Salado y obras de drenaje en distintos municipios del conurbano.

El relevamiento señaló que tres subtramos correspondientes al Salado registraban avances del 0%, 6,7% y 18,8%, mientras siete de ocho proyectos examinados en el conurbano permanecían paralizados. El estudio también cuestionó la administración del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Según CEPA, entre 2024 y mayo de 2026 el organismo recibió $611.667 millones, medidos a valores constantes, pero destinó $140.971 millones a pagos por obras, una proporción equivalente al 23% de los ingresos del período.

Desde el gobierno bonaerense sostienen que la paralización de trabajos nacionales limita la capacidad de prevención y obliga a la Provincia a afrontar mayores compromisos presupuestarios. 

El conflicto también involucra autorizaciones para acceder a préstamos internacionales. El titular de ARBA, Cristian Girard, aseguró que la Provincia obtuvo la aprobación de una línea de financiamiento destinada a infraestructura, pero todavía necesita el aval del Gobierno nacional. “Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”, afirmó el funcionario, al reclamar que se destraben los mecanismos para continuar los proyectos pendientes.