Obras hídricas frenadas y fondos sin ejecutar: el reclamo bonaerense llega al terreno penal

Obras hídricas frenadas y fondos sin ejecutar: el reclamo bonaerense llega al terreno penal.

El gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes 19 de octubre que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por el manejo del Fondo Hídrico. La decisión, comunicada por el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, profundiza el enfrentamiento por los recursos destinados a prevenir inundaciones, justo cuando las autoridades provinciales advierten por el avance de El Niño y la saturación de suelos en distintas regiones.

El planteo llevará a los tribunales una controversia que hasta ahora se expresaba en reclamos administrativos, pedidos de financiamiento y cuestionamientos públicos por las obras paralizadas. La Provincia sostiene que el Gobierno nacional mantiene miles de millones de pesos en instrumentos financieros mientras avanzan los riesgos climáticos y siguen sin resolverse intervenciones sobre ríos, arroyos y canales.

Del reclamo por las obras a la denuncia penal

Katopodis realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en La Plata, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard. Por instrucción del gobernador, explicó que la presentación apuntará a presuntas responsabilidades por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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La acusación se centra en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, financiado con una porción del Impuesto a los Combustibles. La normativa le asigna el 4,31% de la distribución del tributo y establece que sus recursos deben financiar obras para mitigar inundaciones, recuperar tierras productivas y proteger infraestructura expuesta a los excesos de agua.

Según el informe presentado por Infraestructura, durante el período 2024-2026 el gasto de capital del fideicomiso equivalió al 36,7% de los recursos asignados. El relevamiento consigna $402.931 millones como referencia de asignaciones y $147.834 millones destinados a obras. De allí surge la crítica del ministro: la administración nacional, aseguró, invierte apenas uno de cada tres pesos que deberían llegar a infraestructura.

El otro dato que exhibió la Provincia corresponde al cierre del primer trimestre de 2026: el fondo registraba $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones, el 85,49%, estaban colocados en Letras del Tesoro. Katopodis acusó a la gestión nacional de privilegiar operaciones financieras sobre intervenciones que podrían reducir el impacto de las lluvias.

El régimen del fideicomiso contempla inversiones transitorias de fondos líquidos, pero el eje del reclamo bonaerense está en el volumen acumulado, el nivel de ejecución y las obras todavía pendientes. En septiembre, un relevamiento sobre documentación oficial obtenido a partir de un pedido de información de la diputada Silvina Vaccarezza había vuelto a poner esos saldos en el centro de la discusión política.

Créditos sin aval y trabajos pendientes en cuencas clave

La denuncia anunciada también estará acompañada por un reclamo sobre los avales nacionales para préstamos internacionales. Katopodis aseguró que Buenos Aires espera autorizaciones para dos proyectos hidráulicos por un total de US$320 millones, mientras otras diez provincias obtuvieron el visto bueno para 18 créditos por US$1.973 millones.

Uno de los financiamientos pendientes, por US$200 millones, corresponde a un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras. La intervención está vinculada con la prevención de inundaciones en Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. El segundo crédito, por US$120 millones, apunta al Nodo Bragado, dentro de la cuenca del río Salado, con alcance sobre distritos del interior bonaerense.

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A esa discusión se agrega un préstamo del Banco Mundial de US$200 millones aprobado en 2023 para infraestructura resiliente y gestión de inundaciones urbanas. El ministro afirmó que los recursos no se aplicaron a las obras previstas y acusó a Economía de utilizarlos para refinanciar deuda. Ese señalamiento será parte de la controversia sobre el destino del financiamiento originalmente orientado a la prevención.

El Plan Maestro Integral del Río Salado es otro de los puntos del conflicto. Las obras de la Etapa 2 del Tramo IV, de responsabilidad nacional, abarcan unos 33 kilómetros y quedaron paralizadas tras el cambio de administración, de acuerdo con la Provincia. Su continuidad es relevante para el escurrimiento de una cuenca que atraviesa decenas de municipios y extensas zonas agropecuarias.

Mientras reclama la reactivación de ese segmento, el gobierno bonaerense impulsa intervenciones en las etapas 1 y 2 del Tramo V, entre Bragado y sectores aguas abajo de la laguna Rocha. El proyecto comprende más de 60 kilómetros, puentes y obras complementarias, con una inversión prevista de US$138 millones y financiamiento del Banco Europeo de Inversiones y recursos provinciales.

Para dimensionar la disponibilidad del fondo, Katopodis sostuvo que el saldo informado permitiría realizar unas 40 obras similares a la adecuación del río Areco, ocho como la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres como el mejoramiento del tramo medio del río Luján. Son comparaciones de costos presentadas por el Ejecutivo para mostrar qué infraestructura podría financiarse con esos recursos.

El Niño y la prevención que prepara la Provincia

El anuncio penal se produce mientras el fenómeno de El Niño incrementa la preocupación por precipitaciones superiores a las habituales. Los mapas de humedad mostrados por el Ministerio de Infraestructura registraron una expansión de las zonas con suelos saturados entre la primera y la segunda semana de octubre. La situación es especialmente sensible para localidades, caminos rurales y áreas productivas que ya atravesaron inundaciones o anegamientos.

La Provincia formalizó mediante el Decreto 1941 una Mesa Interministerial coordinada por Gobierno, con representantes de nueve ministerios y cuatro organismos o empresas públicas. El dispositivo deberá articular prevención, respuesta y recuperación junto con los 135 municipios, además de facilitar la tramitación prioritaria de compras y servicios destinados a atender posibles emergencias.

El operativo provincial presentado en agosto comprende una inversión informada de más de $2,3 billones para gestión del riesgo, obras y preparación ante eventos extremos. Infraestructura concentra gran parte de ese programa, que abarca 139 obras y proyectos, tareas de mantenimiento de cauces y canales, equipos de asistencia y un sistema de monitoreo hidrometeorológico en expansión.

Katopodis destacó 33.000 horas de maquinaria destinadas a limpieza de arroyos y canales, 99 convenios para intervenir cursos de agua y la incorporación prevista de estaciones meteorológicas para mejorar las alertas. La estrategia busca reducir daños, pero las autoridades bonaerenses sostienen que los trabajos de mayor escala requieren recursos y decisiones que dependen de la Nación.

La presentación judicial anunciada trasladará esa discusión al examen de los responsables del manejo del fondo y de su ejecución efectiva. Para el gobierno de Kicillof, el conflicto ya no se limita a partidas presupuestarias: alcanza a la posibilidad de completar obras preventivas antes de nuevos episodios de lluvias intensas, cuando el margen para responder a tiempo puede ser decisivo para municipios y productores.