El Senado debatirá la nueva ley de discapacidad en medio del conflicto por casi 22 mil pensiones

El Senado de la Nación retomará esta semana el debate por la legislación de discapacidad, con una reunión que volverá a enfrentar las propuestas de establecer un régimen permanente de prestaciones y prorrogar la emergencia nacional hasta fines de 2027. El miércoles 4 de noviembre, a las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Población y Desarrollo Humano se reunirán en el Salón Azul para analizar tres proyectos, en medio de una nueva controversia por las pensiones no contributivas.

La convocatoria llega cuando faltan dos meses para el vencimiento de la emergencia declarada por la Ley 27.793, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. La norma contempla la posibilidad de una prórroga por otro año, pero el oficialismo impulsa reemplazar el carácter excepcional de sus disposiciones por un sistema permanente.

El temario incluye el expediente CD-18/26, que recibió media sanción en Diputados, y dos iniciativas presentadas por senadores para mantener la emergencia durante 2027. El tratamiento se realizará en comisión y todavía no hay una sesión del recinto convocada para votar estas propuestas.

La nueva ley que llega de Diputados y las alternativas de la oposición

El 22 de octubre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un nuevo régimen permanente de discapacidad, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El resultado fue posible después de una negociación en la que La Libertad Avanza aceptó modificar aspectos de su propuesta original para incorporar reclamos de bloques opositores y aliados.

El texto aprobado conserva una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con el empleo formal cuando los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a las prestaciones, preserva el nomenclador único de aranceles y garantiza la cobertura sanitaria a través del programa Incluir Salud.

En materia de financiamiento, establece partidas específicas y contempla aportes adicionales del Tesoro Nacional cuando los recursos disponibles resulten insuficientes. Además, incorpora procedimientos de auditoría, garantías para los beneficiarios y plazos para regularizar las compensaciones adeudadas a instituciones y profesionales.

Frente a este régimen permanente, el Senado deberá analizar los proyectos de Anabel Fernández Sagasti, expediente S-1431/26, y Carlos Linares, expediente S-1484/26, que buscan extender la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La segunda iniciativa también cuenta con las firmas de Alicia Kirchner y Mariano Recalde.

La diferencia entre las propuestas vuelve a colocar en discusión dos modelos: mantener durante otro año las disposiciones extraordinarias de la ley vigente o consolidar una nueva estructura normativa permanente.

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La Ley 27.793 había sido sancionada en 2025 después de que el Congreso insistiera en su aprobación y rechazara el veto del presidente Javier Milei. Desde entonces, su aplicación quedó atravesada por reclamos judiciales, conflictos presupuestarios y cuestionamientos al funcionamiento del sistema de prestaciones.

El conflicto por 21.821 pensiones que vuelve a tensar el debate

La reunión legislativa se producirá pocos días después de una decisión del Ejecutivo que afectó la restitución de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Mediante la Resolución 3695/2026, publicada el 28 de octubre, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, dejó sin efecto una medida anterior que había restablecido prestaciones suspendidas durante el proceso de auditorías.

La disposición alcanza a 21.821 personas, cuyos beneficios habían sido restituidos a partir de actuaciones administrativas vinculadas con una medida judicial. La resolución fue firmada por Diego Pablo Masaragian, titular del organismo.

Los beneficiarios comprendidos en la decisión disponen de 60 días corridos desde su notificación para solicitar la rehabilitación de sus pensiones, mediante la presentación de documentación médica, actualización de datos personales y otros antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos.

Una resolución posterior, la 3697/2026, habilitó las agencias y Unidades de Gestión Local del PAMI para recibir las presentaciones, además de los canales digitales y las dependencias de la Secretaría. La restitución de cada prestación dependerá de una nueva evaluación administrativa.

El Gobierno sostiene que las auditorías buscan verificar el cumplimiento de las condiciones legales y detectar beneficios otorgados irregularmente. Organizaciones vinculadas con la discapacidad, en cambio, vienen cuestionando las suspensiones, las dificultades para completar los trámites y los períodos durante los cuales algunos titulares permanecen sin ingresos.

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La medida vuelve a colocar en el centro de la discusión las condiciones para suspender o rehabilitar pensiones y las garantías que deben aplicarse durante los controles administrativos, dos cuestiones que también forman parte del régimen aprobado por Diputados.

El financiamiento y el Presupuesto 2027, otro punto de disputa

El tratamiento en el Senado también estará vinculado con las negociaciones por el Presupuesto nacional de 2027, donde el oficialismo todavía debe resolver modificaciones relacionadas con las prestaciones por discapacidad.

La propuesta presupuestaria original del Ejecutivo contemplaba restricciones a la compatibilidad entre pensiones y trabajo registrado, además de cambios en el sistema de aranceles para prestadores. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en Diputados para aprobar el nuevo régimen mantuvo varias de las protecciones que esos artículos buscaban modificar.

La discusión también involucra el costo de incorporar nuevos beneficiarios y garantizar la continuidad de los servicios. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la incorporación gradual de unos 200.000 nuevos titulares de pensiones demandaría $598.912 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del Producto Interno Bruto.

El organismo calculó, además, compensaciones pendientes a prestadores por aproximadamente $278.323 millones, correspondientes a obligaciones existentes.

Las diferencias por los recursos tienen impacto sobre las instituciones que brindan tratamientos, rehabilitación y asistencia, así como sobre las familias que dependen de esas prestaciones. Los bloques parlamentarios deberán definir cómo garantizar su financiamiento y qué obligaciones quedarán establecidas en la legislación definitiva.

El plenario del miércoles abrirá una nueva instancia para discutir el texto que llegó de Diputados y las alternativas para extender la emergencia. El Senado deberá resolver si avanza con el régimen permanente aprobado por la Cámara baja o introduce cambios, mientras continúan los reclamos por las pensiones, las prestaciones y los fondos necesarios para sostener el sistema.