Ley de apps: comienza el debate en el Senado bonaerense, qué propone Kicillof y por qué impulsa su regulación

La ley de apps impulsada por el gobernador Axel Kicillof comienza una nueva etapa en la Legislatura bonaerense con su incorporación al debate de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado. El proyecto busca regular las condiciones en que trabajan repartidores y conductores de plataformas como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify, mediante un esquema que incluye seguros contra accidentes, registros obligatorios para empresas y herramientas de protección laboral.

La iniciativa, presentada formalmente en junio, forma parte de la agenda legislativa anunciada por Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026. El texto crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, una propuesta destinada a establecer mecanismos de asistencia, información, fiscalización y seguridad para quienes prestan servicios mediante aplicaciones en territorio bonaerense.

El tratamiento se incorpora a la agenda de la comisión presidida por María Rosa Martínez, con participación prevista del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y representantes de organizaciones sindicales. A diferencia de proyectos anteriores, la propuesta no define una categoría contractual única para los trabajadores, sino que contempla distintas modalidades de contratación y establece responsabilidades para las plataformas.

Qué propone la ley de apps para repartidores y choferes

Uno de los puntos centrales es la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense. Las empresas deberán inscribirse obligatoriamente y proporcionar información sobre su actividad, mientras que los trabajadores podrán incorporarse mediante una aplicación oficial desarrollada por el Estado provincial.

La herramienta estará integrada con MiPBA y podrá vincularse con servicios como Cuenta DNI. Incluirá un botón de alerta ante situaciones de inseguridad y otro de emergencia sanitaria para facilitar la asistencia en accidentes o episodios que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores.

El proyecto también establece obligaciones de información para las compañías. Las plataformas deberán comunicar la cantidad de personas activas, las condiciones contractuales, la duración promedio de las prestaciones, las horas semanales trabajadas y los ingresos medios generados por la actividad. Estos datos permitirán elaborar estadísticas y fortalecer los mecanismos de inspección.

La propuesta contempla, además, servicios de asesoramiento sobre trámites relacionados con vehículos, compañías aseguradoras y juzgados de faltas. El objetivo es facilitar el acceso a herramientas administrativas y de asistencia que actualmente dependen de gestiones individuales.

Seguros obligatorios, controles y espacios de descanso

Otro de los ejes principales establece que las empresas deberán contratar, a su exclusivo cargo, seguros de accidentes personales para quienes realicen actividades de reparto, traslado de mercaderías o transporte de pasajeros. Las pólizas tendrán que incluir cobertura por muerte accidental, invalidez permanente total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia.

La protección abarcará desde la conexión hasta la desconexión de la plataforma, incluyendo desplazamientos hacia depósitos, centros operativos y lugares de retiro de pedidos. También comprenderá los recorridos entre el domicilio y el inicio de la actividad, así como los traslados entre trabajos realizados para distintas aplicaciones.

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El proyecto incorpora inspecciones sobre las llamadas “tiendas invisibles”, establecimientos que funcionan sin atención tradicional al público y concentran tareas de almacenamiento, preparación y despacho de productos vendidos mediante aplicaciones. La Provincia busca relevar estos espacios y verificar las condiciones de seguridad e higiene.

También prevé paradores públicos con sanitarios, agua potable y lugares de descanso, mediante acuerdos entre el Gobierno provincial, los municipios y las empresas. Su implementación requerirá coordinación territorial, especialmente en las zonas donde se concentra la actividad de repartidores y conductores.

A estas medidas se suman posibles convenios con el Banco Provincia para facilitar descuentos y financiamiento destinados al mantenimiento de motocicletas, bicicletas y elementos de seguridad. El incumplimiento de las obligaciones previstas podrá dar lugar a sanciones conforme a la normativa laboral bonaerense.

Qué dice la Provincia sobre la regulación de las plataformas

El gobierno bonaerense ratificó su respaldo a la iniciativa durante una jornada realizada el martes 27 de octubre en la sede de FOETRA, donde se debatieron las condiciones laborales en plataformas digitales, la informalidad y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante su intervención, Correa cuestionó las políticas laborales del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Provincia asumió un papel activo en la defensa de los derechos de repartidores y choferes. El funcionario vinculó el proyecto con la necesidad de establecer condiciones mínimas de protección frente a los riesgos de la actividad.

El ministro afirmó que, frente a lo que considera políticas nacionales que favorecen la precarización, la administración bonaerense busca avanzar con herramientas de regulación, inspección y fiscalización. También defendió las atribuciones provinciales para controlar las condiciones de seguridad e higiene laboral.

La posición oficial se apoya, además, en antecedentes judiciales. En abril, la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó decisiones vinculadas con multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo a dos empresas de plataformas. El Gobierno provincial interpretó esos pronunciamientos como un respaldo a sus facultades de fiscalización.

Durante el encuentro de FOETRA, la diputada provincial Ana Luz Balor advirtió sobre el endeudamiento de trabajadores del sector y planteó la necesidad de compatibilizar la flexibilidad laboral con el reconocimiento de derechos. También participaron los diputados nacionales Hugo Moyano y Hugo Yasky, quienes defendieron una mayor intervención estatal frente a las nuevas modalidades de empleo.

Los otros proyectos y las diferencias que deberá resolver el Senado

El recorrido legislativo también incluye una propuesta del senador Federico Fagioli, de Patria Grande, que plantea un régimen integral de protección para repartidores y conductores. El texto incorpora seguros, sistemas de geolocalización y una unidad policial de respuesta inmediata. La intención es avanzar hacia un texto unificado con el proyecto enviado por Kicillof.

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Sin embargo, las negociaciones no están cerradas. Legisladores del Frente Renovador plantearon modificaciones a la iniciativa oficial luego de mantener reuniones con organizaciones de trabajadores de aplicaciones. Dentro del espacio que conduce Sergio Massa también se analiza la posibilidad de presentar una propuesta alternativa.

El senador Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, mantuvo encuentros con la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) y puso el foco en los salarios, la negociación colectiva y la cobertura de riesgos laborales. Esos reclamos amplían la discusión sobre las condiciones de empleo más allá de los mecanismos de asistencia previstos por el Ejecutivo.

La regulación cuenta con antecedentes en la Legislatura. En 2022, el entonces senador Omar Plaini impulsó un proyecto basado en la inscripción obligatoria de trabajadores y vehículos, que no consiguió convertirse en ley. La nueva iniciativa traslada el registro obligatorio principalmente a las empresas y amplía el alcance de las medidas de protección.

Con el tratamiento en el Senado, la ley de apps ingresa en una etapa de discusión parlamentaria que deberá definir el alcance de las obligaciones empresariales, las garantías para los trabajadores y los mecanismos de control estatal. El oficialismo busca avanzar antes de fin de año, aunque todavía necesita reunir acuerdos sobre los distintos proyectos. Mientras tanto, las medidas propuestas continúan sin vigencia, a la espera de su tratamiento y eventual aprobación legislativa.