La oposición busca cercar a Milei por la fuga de Bolsonaro: interpelaciones, denuncias y presión en Diputados
El PJ definió una estrategia para investigar la presunta colaboración oficial en la salida del excandidato brasileño hacia Estados Unidos. La presión se extendió a otros bloques, que reclaman la presencia de Santilli, Quirno y Monteoliva.
Mariana Portilla
La fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos abrió un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei y comenzó a alterar el escenario político del Congreso. El bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, definió una estrategia parlamentaria para exigir explicaciones por la posible participación de funcionarios argentinos en el traslado del excandidato presidencial brasileño, mientras distintos sectores opositores comenzaron a coordinar pedidos de interpelación, informes y denuncias judiciales.
La ofensiva apunta directamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quienes los legisladores pretenden convocar a la Cámara de Diputados para esclarecer las circunstancias del viaje y determinar si existió algún tipo de colaboración estatal.
El reclamo se produce después de que Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas, saliera de su país rumbo a Estados Unidos pese a una restricción judicial que le impedía abandonar el territorio nacional. Su paso por Puerto Iguazú, Misiones, y la utilización de un avión privado desencadenaron cuestionamientos sobre los controles migratorios y aeroportuarios argentinos.
El PJ busca llevar el caso al recinto
La bancada de Unión por la Patria se reunió en las oficinas que ocupa en el Congreso, pocas horas después de que se conocieran las primeras informaciones sobre el desplazamiento de Bolsonaro. Allí, los diputados acordaron avanzar con una ofensiva legislativa destinada a establecer qué conocimiento tuvieron las autoridades argentinas sobre el recorrido del dirigente brasileño.
Desde el peronismo consideran que la información difundida hasta el momento deja interrogantes sobre los controles fronterizos, las actuaciones de los organismos nacionales y las posibles comunicaciones entre funcionarios argentinos y brasileños.
El primer objetivo será conseguir que el Poder Ejecutivo responda con urgencia los pedidos de informes presentados por diferentes legisladores. La oposición busca acceder a registros migratorios, movimientos aeroportuarios, planes de vuelo, comunicaciones oficiales y documentación sobre el traslado, para determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos.
En paralelo, el PJ pretende que los funcionarios comparezcan personalmente ante la Cámara baja, aunque el avance de esas citaciones dependerá de los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobarlas.
La decisión incorpora el episodio a una agenda legislativa ya atravesada por disputas sobre el Presupuesto 2027, las iniciativas del oficialismo y los mecanismos de control sobre el Ejecutivo.
Santilli, Quirno y Monteoliva, los tres funcionarios en la mira
La segunda parte de la estrategia opositora apunta a las áreas del Gobierno que podrían aportar información sobre el caso. El peronismo quiere que Diego Santilli explique qué conocimiento tuvo la Jefatura de Gabinete sobre el viaje y si existió coordinación entre organismos nacionales.
En el caso de Pablo Quirno, las preguntas están relacionadas con la actuación de la Cancillería, las eventuales comunicaciones diplomáticas y el conocimiento oficial sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño.
A Alejandra Monteoliva, por su parte, se le reclamarán precisiones sobre los procedimientos de seguridad, el funcionamiento de los controles fronterizos y la posible intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Uno de los nombres que también aparece en las presentaciones es el del asesor presidencial Santiago Caputo, cuya eventual presencia en Puerto Iguazú y participación en el episodio forman parte de los interrogantes planteados por diputados opositores. La intención es establecer si hubo actuaciones institucionales vinculadas con el traslado y, en caso afirmativo, quiénes las ordenaron y con qué recursos se realizaron.
Aunque la estrategia comenzó a organizarse dentro de Unión por la Patria, el conflicto se extendió rápidamente a otros bloques. Los diputados opositores consensuaron una comunicación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para exigir respuestas a los requerimientos presentados y reclamar la comparecencia de los funcionarios involucrados en las áreas que deben aportar información.
La iniciativa reunió a representantes de diferentes sectores, entre ellos Germán Martínez, Myriam Bregman, Esteban Paulón, Mariela Coletta, Nicolás Massot y Marcela Pagano, además de otros legisladores.
En paralelo, Agustín Rossi presentó una iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete y conocer las circunstancias de la salida del dirigente brasileño. El legislador también solicitó precisiones sobre el eventual papel de Santiago Caputo y sobre la evaluación realizada por las autoridades argentinas respecto de las consecuencias diplomáticas del episodio.
Las actuaciones llegaron además a la Justicia. Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento contra Milei y otros funcionarios, mientras que Marcela Pagano realizó una presentación ante la Justicia federal de Puerto Iguazú. Estas iniciativas se suman a la denuncia impulsada por Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, que también solicitó investigar la posible utilización de recursos estatales.
Las 91 preguntas a Quirno y los interrogantes sobre el vuelo privado
La presión parlamentaria ya había tenido un primer capítulo con el pedido de interpelación presentado por Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, contra el canciller Pablo Quirno. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el legislador impulsó un cuestionario de 91 preguntas para reconstruir el recorrido del excandidato brasileño y determinar qué intervención pudieron tener las autoridades nacionales.
El proyecto solicita conocer los registros de ingreso y egreso del país, las eventuales comunicaciones recibidas desde Brasil y las actuaciones de los organismos encargados del control aeroportuario. También busca identificar a los responsables de contratar y financiar el avión privado que habría partido desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos.
En esa investigación aparece mencionada Baires Fly S.A., señalada como operadora de la aeronave, y se reclama información sobre posibles contactos entre sus responsables y funcionarios argentinos. Otro de los puntos centrales es determinar si se utilizaron vehículos oficiales, personal de seguridad o recursos públicos para facilitar el desplazamiento del dirigente brasileño.
Juliano explicó que la interpelación pretende establecer si el territorio argentino fue utilizado para permitir la salida internacional de una persona alcanzada por restricciones judiciales. El pedido también involucra a la Cancillería, debido a las posibles consecuencias del episodio sobre la cooperación judicial y las relaciones diplomáticas con Brasil.
El caso amenaza con complicar la agenda legislativa de Milei
La ofensiva llega en un momento en el que el oficialismo necesita construir acuerdos para avanzar con distintas iniciativas en el Congreso. Este jueves, el Senado tiene previsto abordar proyectos vinculados con inversiones, el mercado de carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental, entre otros asuntos.
En Diputados, mientras tanto, La Libertad Avanza enfrenta discusiones sobre iniciativas económicas y proyectos que requieren acompañamiento de otros espacios políticos. Las controversia por Bolsonaro comenzó a alterar esas negociaciones, debido a la intención de los bloques opositores de incorporar pedidos de explicaciones sobre el caso a la actividad parlamentaria.
La presión también alcanza a Santilli por otra vía. El jefe de Gabinete confirmó que concurrirá al Senado el 25 de noviembre para presentar su primer informe de gestión, después de que el peronismo impulsara una iniciativa para citarlo el día 18. La fecha fue acordada con Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, y permitió evitar una votación para imponer una comparecencia anterior.
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