Vacantes, presupuesto y un fallo laboral: crece la tensión política por la Corte bonaerense

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, volvió a reclamar al gobierno de Axel Kicillof y al Senado provincial que cubran las cuatro vacantes del máximo tribunal, que desde 2024 funciona con apenas tres de sus siete integrantes. El magistrado advirtió que la situación condiciona la actividad cotidiana de la Corte y repercute sobre el servicio de Justicia.

“Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar”, afirmó Torres en una entrevista reciente. El juez precisó que la reducción del tribunal dificulta la resolución de expedientes y puso como ejemplo su carga de trabajo: durante el último mes firmó más de 1.700 sentencias y resoluciones, entre sus funciones de presidente y su actividad jurisdiccional.

Actualmente, la Corte está integrada por Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. La última vacante se produjo con la salida de Luis Genoud, en junio de 2024. Para adoptar decisiones que requieren una integración mayor, el tribunal debe convocar a un magistrado adicional, un mecanismo que permite continuar la actividad, pero no reemplaza la designación de los cuatro ministros pendientes.

El problema excede la composición del máximo tribunal. Torres afirmó que siguen faltando jueces en distintos departamentos judiciales y advirtió sobre las demoras que provoca esa situación. Los últimos datos difundidos por la Corte indican que el 17% de los cargos de magistrados bonaerenses está vacante. El porcentaje asciende al 33% en el fuero penal juvenil y al 19% en los fueros laboral y de familia.

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Una negociación pendiente entre Kicillof y el Senado

La designación de los integrantes de la Corte requiere que el gobernador proponga candidatos y que el Senado les otorgue acuerdo. Aunque el tribunal reiteró sus pedidos a ambos poderes, no fueron enviados los pliegos para completar los cuatro lugares. Las diferencias entre sectores políticos mantienen abierta una discusión que ya atravesó las negociaciones presupuestarias del año pasado.

En las conversaciones para aprobar el Presupuesto bonaerense 2026 se había delineado un esquema para presentar tres candidaturas en diciembre y una cuarta antes del receso judicial de julio de este año. Participaron representantes del kicillofismo, el kirchnerismo, el massismo y el radicalismo. Sin embargo, ninguna de esas designaciones se concretó y el debate sobre los nombres continúa sin una resolución.

La falta de avances también alimenta diferencias sobre cuándo corresponde cubrir los cargos. La diputada del Frente Renovador, Sofía Vannelli, planteó que las designaciones podrían quedar para la próxima administración provincial. Esa alternativa contrasta con la urgencia expresada por el presidente de la Corte, quien considera que recuperar la integración completa es una necesidad institucional.

En paralelo, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, anticipó en septiembre el envío de cerca de 200 pliegos para cubrir cargos en juzgados, fiscalías y defensorías. Ese proceso busca atender vacancias del sistema judicial en general, pero es distinto de la negociación por los cuatro integrantes del máximo tribunal.

El fallo laboral que sumó tensión política

La discusión sobre los nombramientos recibió un nuevo impulso político después de un fallo de la Corte vinculado con la reforma laboral del presidente Javier Milei. En la causa Fernández contra Ozuna, el tribunal rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 55 de la Ley 27.802, referido a la actualización de créditos laborales en juicios que estaban en trámite.

La decisión, firmada por los tres ministros y el juez convocado Diego Budiño, dispuso que el expediente volviera al tribunal de origen para recalcular la condena conforme al mecanismo previsto en esa norma. El pronunciamiento se limitó a ese sistema de actualización y no implicó declarar constitucional toda la reforma laboral.

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El presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, cuestionó la resolución y pidió acelerar la cobertura de vacantes para introducir un “contrapunto” frente a criterios judiciales que, a su entender, afectan a los bonaerenses. Su intervención incorporó al debate por las designaciones una discusión sobre la orientación de las decisiones del tribunal.

Autarquía judicial, presupuesto y nuevos organismos

La Corte mantiene además una agenda de reformas estructurales. En abril presentó una propuesta de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera, entregada en mayo a las autoridades legislativas. El objetivo es que el Poder Judicial pueda elaborar su presupuesto y administrar sus recursos con mayor autonomía, aunque su aprobación seguiría en manos de la Legislatura y dentro del presupuesto provincial.

El proyecto contempla que la Administración de Justicia reciba el 65% de los fondos y el Ministerio Público, el 35%, con una distribución revisable cada año. También busca otorgar al tribunal mayores atribuciones sobre remuneraciones, infraestructura y tecnología. Torres sostuvo que aproximadamente el 92% de los recursos judiciales se destina a salarios, lo que limita las inversiones en edificios y equipamiento.

El presidente de la Corte cuestionó, además, la utilización de inmuebles alquilados que no fueron diseñados para tareas judiciales. Según explicó, muchas dependencias requieren obras eléctricas, climatización y equipamiento tecnológico cuya inversión puede perderse al finalizar los contratos. El proyecto intenta dar una planificación más estable a esas necesidades.

Otra demanda es la creación de más de 60 nuevos órganos judiciales, solicitada mediante la Resolución SC 2917/26. El pedido comprende juzgados y tribunales de los fueros Penal, Civil y Comercial, Familia, Laboral y Contencioso Administrativo. Entre ellos figuran 23 juzgados de Familia y nuevas dependencias previstas para La Plata, La Matanza, Quilmes y otros departamentos judiciales.

A esa lista se agregan reclamos para designar magistrados en organismos ya creados por ley que todavía no funcionan, incorporar jueces suplentes y reorganizar cámaras de apelación. La expansión dependerá de partidas presupuestarias, nombramientos y decisiones de la Legislatura.

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Diálogo institucional, pero sin acuerdo por las vacantes

El 22 de octubre, el procurador general Julio Conte-Grand reunió en La Plata a representantes de los tres poderes del Estado. Participaron, entre otros, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de Diputados Alejandro Dichiara y Torres. El encuentro puso de relieve la voluntad de cooperación institucional, aunque la negociación por la composición de la Corte permaneció sin definiciones.

En Diputados, algunos expedientes sí consiguieron avances. Un proyecto para establecer negociaciones colectivas entre el tribunal y los trabajadores judiciales, impulsado por Tignanelli y acompañado por la Asociación Judicial Bonaerense, obtuvo despacho en comisión, pero todavía debe atravesar nuevas instancias legislativas antes de llegar a convertirse en ley.

También permanece pendiente el debate sobre la autarquía y el financiamiento de las nuevas dependencias, ligado a la preparación del Presupuesto provincial 2027. Mientras esos proyectos siguen su recorrido, el reclamo inmediato de Torres continúa dirigido a Kicillof y al Senado: completar los cuatro lugares vacantes para que la Corte vuelva a funcionar con sus siete integrantes.