Presupuesto propio, cuatro vacantes y nuevos órganos: la Corte lleva su reforma a la Legislatura
El máximo tribunal impulsa un esquema de autarquía económico-financiera que le permita administrar recursos, definir remuneraciones y reforzar infraestructura y tecnología. El planteo llega con el 92% de los fondos destinado a salarios y una brecha retributiva que, según Sergio Torres, supera el 50% frente al fuero federal.
Mariana Portilla
La Suprema Corte de Justicia bonaerense vuelve a colocar una batería de reclamos sobre las mesas de Axel Kicillof y la Legislatura. El paquete combina dos discusiones que avanzan en paralelo: el proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial y un pedido para ampliar la estructura judicial con nuevos organismos, cargos e infraestructura en distintos departamentos de la Provincia.
La iniciativa de autarquía no es nueva. Fue presentada públicamente el 28 de abril y la Corte entregó formalmente el anteproyecto a las autoridades legislativas el 6 de mayo. Ahora, distintos movimientos buscan convertir aquel texto remitido por el Tribunal en un proyecto con recorrido parlamentario efectivo.
El planteo aparece además en la antesala de la discusión del Presupuesto bonaerense 2027, una instancia directamente vinculada con buena parte de los reclamos formulados por el máximo tribunal.
Qué cambiaría con la autarquía
El proyecto propone modificar la forma en que el Poder Judicial bonaerense define y administra sus recursos. Actualmente, la política presupuestaria y salarial está atravesada por decisiones que dependen del Ejecutivo y de las leyes anuales de gastos. La Corte pretende que sea el propio Tribunal, con participación previa del Ministerio Público, el que elabore el proyecto de presupuesto judicial, que posteriormente sería incorporado como una sección específica dentro del Presupuesto General de la Provincia.
La propuesta no elimina la intervención de los otros poderes: el Ejecutivo conservaría la coordinación necesaria para la formulación presupuestaria y la Legislatura seguiría teniendo la facultad de aprobar las partidas. Lo que cambia es quién diseña inicialmente las necesidades económicas del sistema y cómo se administran posteriormente los recursos.
El texto también otorga a la Suprema Corte, en coordinación con la Procuración General, facultades para establecer escalafones y remuneraciones de magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales.
Entre los objetivos incluidos aparecen la recomposición salarial, infraestructura, compra de inmuebles, modernización tecnológica, capacitación y apertura o desconcentración de dependencias en zonas con elevada litigiosidad o crecimiento poblacional.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Corte, Sergio Torres, puso cifras sobre el funcionamiento económico del sistema. Según señaló, el presupuesto judicial representa aproximadamente entre el 3,5% y el 4,5% del gasto total de la Provincia y alrededor del 92% de esos recursos se utiliza para pagar salarios. El margen restante debe cubrir infraestructura, funcionamiento, tecnología e inversiones.
Torres también calculó que la diferencia promedio entre las remuneraciones de la Justicia bonaerense y las del sistema federal supera el 50%. El proyecto plantea avanzar gradualmente hacia una relación de mayor equivalencia salarial.
El titular del máximo tribunal definió la autarquía como una “necesidad institucional impostergable” y sostuvo que la iniciativa cuenta con respaldo de la Corte, la Procuración, asociaciones de magistrados, abogados y trabajadores judiciales.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la cuestión presupuestaria fue uno de los primeros temas que Torres puso en agenda al asumir nuevamente la presidencia del Tribunal en abril, junto con el problema de las vacantes y la situación salarial.
El proyecto también busca ampliar los recursos propios. Entre las fuentes previstas aparecen tasas, multas y aranceles que ya forman parte del sistema, pero se incorpora además una participación en los rendimientos generados por depósitos judiciales radicados en el Banco Provincia.
Según el texto difundido por la Corte y reconstruido por La Tecla, la propuesta contempla una participación de entre 40% y 50% de la rentabilidad de esos depósitos, recursos que deberían destinarse prioritariamente a infraestructura, inmuebles, equipamiento y tecnología.
La iniciativa también prevé mecanismos de transparencia, publicación de información presupuestaria y controles institucionales. Entre ellos aparece una comisión bicameral de seguimiento y un ámbito de coordinación financiera entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
64 nuevos órganos para distintos puntos de la Provincia
Mientras busca avanzar con la discusión económica, la Corte presentó otro pedido que impacta directamente sobre la estructura territorial de la Justicia. A través de la Resolución SC 2917/26, solicitó al Ejecutivo y a la Legislatura la creación de nuevos organismos en los fueros Penal, Familia, Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. También pidió acelerar nombramientos para dependencias que ya fueron creadas por ley pero todavía no están funcionando.
El detalle difundido contempla 64 nuevos órganos judiciales. En materia penal aparecen dos nuevas salas de Cámara, 11 juzgados de Garantías, tres juzgados Correccionales, tres Tribunales Criminales y tres juzgados de Ejecución Penal. Las solicitudes alcanzan, entre otros distritos, a La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Florencio Varela, Junín, Pilar, Malvinas Argentinas, San Pedro, La Matanza y Quilmes.
La mayor expansión solicitada corresponde al fuero de Familia: 23 nuevos juzgados. Moreno-General Rodríguez y Zárate-Campana/Escobar concentran cinco pedidos cada uno; La Plata, tres; Merlo, dos; y también aparecen Quilmes, Pilar, Ezeiza, Chivilcoy, Pergamino, San Pedro y Coronel Rosales.
Para el fuero Laboral se plantearon 11 nuevos tribunales, mientras que para Civil y Comercial se pidieron una nueva sala de Cámara y tres juzgados. En lo Contencioso Administrativo, el reclamo incluye cuatro dependencias adicionales.
La propia Corte aclaró que cada apertura deberá ir acompañada por infraestructura edilicia, presupuesto y personal suficiente para que los organismos puedan efectivamente entrar en funcionamiento.
El pedido no termina con los nuevos organismos. La Resolución 2917/26 también reclama avanzar con la designación de magistrados para estructuras creadas previamente por distintas leyes pero que aún no pudieron comenzar a funcionar.
La lista alcanza a juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas; organismos Correccionales de Moreno-General Rodríguez y Pergamino; dependencias penales de Moreno; la Sala II de la Cámara de Azul; juzgados de Familia en Tigre y Berazategui; tribunales laborales de La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre, además de organismos civiles y contenciosos en otros departamentos.
También se solicitaron modificaciones en las competencias territoriales de tribunales con asiento en Chacabuco, Bragado, Bahía Blanca y San Fernando.
Una Corte con cuatro sillones vacíos
El planteo para cubrir cargos inferiores se produce mientras el propio máximo tribunal continúa incompleto. La Suprema Corte bonaerense debería tener siete integrantes, pero actualmente funciona con sólo tres: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Permanecen vacantes cuatro lugares luego de las salidas de Eduardo de Lázzari, Juan Carlos Hitters y Luis Genoud, y del fallecimiento de Héctor Negri.
El Tribunal viene reclamando públicamente que el Ejecutivo y el Senado avancen con esas designaciones. Durante la presentación de abril, Torres advirtió que la integración completa es necesaria para garantizar el gobierno del sistema. La Corte sostuvo entonces que demorar los nombramientos debilita su funcionamiento institucional.
GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo esa negociación desde comienzos de año. En agosto, nuevas renuncias en tribunales y defensorías volvieron a ampliar la discusión sobre cargos vacantes en distintos niveles de la Justicia, mientras los cuatro lugares del máximo tribunal continuaban sin cubrirse.
Una negociación que también involucra a los trabajadores
El proyecto de autarquía contiene otro capítulo central: una ley marco para regular la negociación colectiva de los trabajadores judiciales.
La Asociación Judicial Bonaerense acompañó la presentación de abril y sostiene que la regulación permitiría establecer formalmente una mesa en la que participen el gremio, la Corte y la Procuración para discutir salarios y condiciones de trabajo.
“Hoy todo lo que nos rige, desde el ingreso hasta la jubilación, fue definido sin instancias de participación”, señaló el secretario general de la AJB, Hugo Russo, al respaldar aquella propuesta.
El dirigente sostuvo además que los judiciales son los únicos trabajadores del Estado provincial cuya negociación colectiva no cuenta con una regulación específica. La organización reclama desde hace años la sanción de un convenio colectivo propio.
La discusión adquiere otra dimensión en momentos en que la paritaria judicial 2026 vuelve a estar abierta. La AJB realizó esta semana una nueva presentación para pedir una convocatoria salarial después de que la revisión prevista para septiembre quedara pendiente. El último acuerdo había fijado un 5% para julio y otro 2% para agosto sobre los haberes de junio.
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