La disputa por los subsidios al transporte bonaerense avanza en la Corte mientras el boleto vuelve a aumentar

El conflicto por el financiamiento del transporte sumó dos novedades simultáneas en la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para tramitar la demanda del gobierno de Axel Kicillof contra la administración de Javier Milei por la eliminación de subsidios al transporte del interior y le otorgó 60 días al Estado nacional para responder. A la vez, la Provincia confirmó que el domingo 1° de noviembre aumentará un 5% el boleto de los colectivos provinciales.

La resolución judicial vuelve a colocar la disputa por los recursos en el centro de la relación entre la Nación y Buenos Aires, mientras los pasajeros afrontan otra actualización tarifaria. La Corte todavía no ordenó restituir fondos ni se pronunció sobre la constitucionalidad de su eliminación. Por ahora, abrió una nueva instancia para que las partes expongan sus argumentos.

Qué resolvió la Corte sobre los subsidios

El planteo bonaerense cuestiona la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País. Creado por el artículo 125 de la Ley 27.467, ese mecanismo financiaba servicios urbanos y suburbanos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluidos sistemas de distintas ciudades del interior bonaerense.

El Gobierno nacional comunicó la interrupción de esos aportes el 8 de febrero de 2024 y posteriormente la formalizó mediante el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024. La Provincia considera que esa decisión desconoció normas que mantenían vigente el fondo, entre ellas la prórroga presupuestaria aplicada durante 2024, así como convenios celebrados con Nación.

La presentación, impulsada por la Fiscalía de Estado bonaerense, pide declarar inconstitucional la medida y reclama recursos que la administración provincial considera pendientes, con sus intereses. También sostiene que la supresión afectó los principios de legalidad, división de poderes y lealtad federal, además de repercutir sobre los usuarios por el encarecimiento del servicio.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti admitieron la competencia originaria del tribunal y ordenaron dar traslado de la demanda al Ministerio de Economía nacional. Una vez recibida la contestación, o vencido el plazo de 60 días, analizarán el pedido cautelar para determinar si corresponde disponer pagos mientras continúa el juicio. La Corte adoptó decisiones equivalentes ante planteos de La Rioja y La Pampa.

Cuánto costará viajar desde noviembre

Mientras avanza el expediente judicial, el Ministerio de Transporte bonaerense, que encabeza Martín Marinucci, oficializó la actualización tarifaria de los colectivos provinciales que circulan en el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. El incremento entrará en vigor a las 0 del domingo 1° de noviembre y responde al mecanismo mensual establecido por la Resolución 81/2025 y sus modificaciones.

Con SUBE registrada, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en el conurbano pasará de $1.215,09 a $1.276,06. Para viajes de entre tres y seis kilómetros costará $1.435,56; de seis a doce, $1.595,07; de doce a veintisiete, $1.914,09; y para trayectos más extensos, $2.250,34. Sin registrar la tarjeta, el pasaje mínimo será de $2.552,12.

En La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto mínimo de los servicios provinciales alcanzará los $1.389,73. Los nuevos valores corresponden a líneas de jurisdicción bonaerense, en general numeradas del 200 al 499; no se trasladan automáticamente a colectivos nacionales, porteños o municipales, que tienen regímenes propios.

La fórmula aplicada toma la evolución del índice de precios de la región Gran Buenos Aires, agrega dos puntos porcentuales y contempla la incidencia del combustible sobre los costos operativos. La Provincia sostiene que el mecanismo busca preservar la continuidad y regularidad de los servicios y evitar un mayor deterioro de su prestación.

Dos esquemas de subsidios, un mismo debate de financiamiento

El fondo cuya eliminación se discute en la Corte no es el mismo régimen que sostiene a los colectivos provinciales del AMBA. La demanda se refiere a compensaciones destinadas al transporte del interior, mientras el aumento de noviembre afecta a servicios metropolitanos de jurisdicción bonaerense. Ambos asuntos convergen, sin embargo, en el conflicto por la distribución del costo del transporte entre gobiernos, empresas y pasajeros.

Desde julio, a través del Decreto 875/2026, la administración de Kicillof concentra el cálculo, la liquidación y el pago de las compensaciones para líneas provinciales y municipales del AMBA. El cambio cerró el esquema de asistencia técnica nacional que había operado durante años y dejó a los organismos bonaerenses la fiscalización y administración de esas transferencias.

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La Provincia ganó autonomía para gestionar el circuito, pero también asumió directamente una cuenta presionada por el precio del gasoil, los salarios, los repuestos y el mantenimiento de las unidades. En julio, Marinucci estimó en unos $72.000 millones los recursos involucrados en el esquema de compensaciones. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había señalado que Nación retiró su parte de un financiamiento antes compartido.

Boletos que superan a la inflación y menos pasajeros

El aumento de noviembre se agrega a una secuencia de incrementos acumulados desde fines de 2023. Para agosto de 2026, el boleto mínimo de colectivos provinciales ya registraba una suba cercana al 1.998% desde diciembre de 2023, frente a una inflación nacional acumulada del 336% en el período de comparación. La evolución no es idéntica en las líneas nacionales y porteñas, que tienen cuadros tarifarios diferentes.

Cerca de 2,6 millones de usuarios utilizan colectivos diariamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según los registros de tarjetas SUBE correspondientes a los primeros siete meses de 2026. Solo las líneas bonaerenses contabilizaron más de cuatro millones de viajes por día hábil en junio, cifras que permiten dimensionar el alcance social y económico del sistema de transporte público en la región.

El encarecimiento coincide con una retracción de la demanda. Un monitoreo de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) registró en agosto una caída interanual del 12,9% en los pasajeros transportados durante días hábiles en el AMBA. En distintos municipios bonaerenses también se observaron descensos pronunciados de los viajes en líneas comunales.

La retracción de la demanda también aparece en los registros diarios: según AAETA, en septiembre de 2026 no hubo jornadas hábiles que superaran los nueve millones de viajes en colectivos del AMBA, frente a 16 días en el mismo mes de 2025 y 19 en 2024.

A su vez, un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que en agosto un hogar promedio del AMBA destinaba alrededor de $123.726 mensuales al transporte, el 43% de su canasta de servicios públicos. Para quienes deben combinar recorridos o trasladarse diariamente a estudiar y trabajar, cada actualización suma presión sobre el presupuesto familiar.

Las empresas, por su parte, vienen alertando sobre atrasos de pagos, mayores costos y recortes de frecuencias. La Provincia sostiene beneficios como el boleto estudiantil y los pases libres para determinados grupos, pero debe afrontar el desafío de sostener las compensaciones y evitar que el deterioro de los ingresos del sistema derive en menos servicios.

La pelea judicial tendrá su próximo paso cuando la Nación conteste la demanda o se cumplan los 60 días fijados por la Corte. Antes de cualquier resolución sobre los fondos, los usuarios de colectivos provinciales pagarán el nuevo cuadro tarifario desde el domingo. Así, el transporte bonaerense entra en noviembre con una discusión presupuestaria abierta y un costo de viajar que vuelve a subir.