Kicillof concentra los subsidios del transporte: qué cambia y qué costo asume la Provincia
El Decreto 875 cerró siete años de asistencia técnica nacional y dejó en manos bonaerenses el cálculo, el pago y la fiscalización de las compensaciones para colectivos del AMBA. La medida agiliza el circuito, pero obliga al Tesoro de Kicillof a bancar una factura cada vez más pesada.
Pamela Orellana
El Decreto 875 cerró siete años de asistencia técnica nacional y dejó en manos bonaerenses el cálculo, el pago y la fiscalización de las compensaciones para colectivos del AMBA. La medida agiliza el circuito, pero obliga al Tesoro provincial a bancar una factura cada vez más pesada.
El Decreto 875/2026 no significa que la provincia de Buenos Aires haya pasado a manejar todo el transporte público. El alcance es más preciso: el gobierno de Axel Kicillof concentra ahora el cálculo, la liquidación, la distribución y el pago de las compensaciones destinadas a las líneas provinciales y municipales que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es el último paso de un traspaso que ya funcionaba en los hechos.
La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, aprobó el acta de cierre firmada con el Estado nacional el 7 de marzo. Fue refrendada por el ministro de Transporte, Martín Marinucci; el ministro de Economía, Pablo López; y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El documento declara cumplidas las obligaciones del acuerdo y termina con la asistencia nacional en materia de compensaciones tarifarias, gasoil diferencial, Atributo Social y comisiones SUBE.
El convenio había sido suscripto el 21 de diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal que estableció que cada jurisdicción definiría sus subsidios desde enero de 2019. Durante siete años, la Nación aportó la estructura técnica para calcular y liquidar los montos y la Provincia transfirió los recursos a las empresas. Hubo diez prórrogas; la última venció el 31 de diciembre de 2025.
Más decisión y más controles
El giro comenzó antes del Decreto 875. A fines de 2025, la Provincia creó mediante el Decreto 3231 su Régimen de Compensaciones Tarifarias para colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial y municipal del AMBA.
La administración bonaerense desarrolló herramientas propias con información de SUBE, GPS, kilómetros recorridos, demanda de pasajeros y gestión de flota. Según fuentes del Ministerio, ese trabajo permitió automatizar pagos y prescindir de una intervención nacional que había quedado reducida y demoraba el circuito.
El nuevo esquema alcanza a más de 40 distritos, incluidos La Plata, Berisso y Ensenada, y le permite a Transporte fijar metodologías, distribuir fondos y controlar su uso, con intervención previa de Economía. Las empresas deben rendir cuentas cada cuatro meses y presentar gastos por línea y rubro, respaldados por un informe profesional. Si incumplen, pueden sufrir retenciones del 10%; a los 30 días, del 50%, y a los 60, del 100%.
Para pasajeros y empresas, el cierre no trae un cambio automático. El boleto mantiene su actualización mensual por inflación más dos puntos y las compensaciones continúan calculándose con kilómetros, GPS y cantidad de usuarios. Tampoco implica por sí solo una suba adicional, el recorte de recorridos o la eliminación del Atributo Social. La negociación de costos seguirá con las cinco cámaras empresarias.
Una cuenta que queda en La Plata
La mayor capacidad de decisión tiene una contracara: la Provincia queda como responsable directa de un sistema cuyos gastos crecen por el combustible, los neumáticos, los salarios y el mantenimiento. El monto involucrado ronda los $72.000 millones, según una estimación difundida por Marinucci. Economía, bajo la conducción de López, debe liberar esos recursos.
El trasfondo es el retiro nacional. En una entrevista reciente, Bianco recordó que el esquema se financiaba en partes iguales hasta que la administración de Javier Milei eliminó su mitad. “El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, afirmó.
En abril, la deuda informada con el sector alcanzaba los $90.700 millones y afectaba a más de 100 líneas. El ministro reclamó que la Casa Rosada restituya los subsidios o establezca “un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”. También aseguró que sus notas y mensajes al ministro del Interior, Diego Santilli, no obtuvieron respuesta.
El desafío de sostener los recorridos
El problema más áspero aparece fuera del AMBA, donde las distancias son mayores y hay menos pasajeros. La suspensión del servicio entre Junín y General Arenales, que afectó a seis localidades, mostró que controlar la administración no genera por sí solo los recursos necesarios para sostener cada corredor.
En paralelo, Marinucci firmó convenios para que Plusmar opere la línea 248 C, desde La Plata hasta Los Toldos, y la 351, que llegará a General Pinto, Lincoln y General Villegas. También garantizó la continuidad de la 228 D, a cargo de Vía Rosario, entre Zárate y San Nicolás, con paso por Baradero, San Pedro y Ramallo. “El transporte público es una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades”, sostuvo el ministro.
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