Transporte público al límite: entre el riesgo de quiebra y la contención de la Provincia

El sistema de colectivos en la provincia de Buenos Aires entró en una fase crítica donde la suba del gasoil funciona como detonante de un problema estructural que se arrastra desde hace años. La decisión del Gobierno nacional de llevar el litro por encima de los 2.000 pesos tensionó una ecuación que ya estaba desbalanceada y derivó en recortes de hasta el 30% en las frecuencias, conflictos salariales y advertencias concretas sobre la continuidad del servicio.

En las últimas horas, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, expuso con crudeza el escenario: el aumento del combustible “hace inviable el sistema” y deja a las empresas sin capacidad de operar bajo las condiciones actuales. La exigencia de pago en efectivo por parte de petroleras como YPF terminó de agravar la situación, en un contexto donde los costos se dispararon mientras los ingresos quedaron rezagados.

El impacto es visible en las calles: menos unidades, más espera y creciente malestar entre usuarios. Las líneas interjurisdiccionales —las que cruzan la General Paz— concentran el mayor ajuste, con caídas superiores al 30% en la frecuencia. En paralelo, casos extremos como el de la empresa General San Martín, que paralizó completamente sus servicios por falta de pago de salarios, reflejan el nivel de deterioro.

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Empresas en déficit y caída del sistema

Desde el sector empresario, el diagnóstico es igual de contundente. Luciano Messina, secretario de la Cámara de Transporte bonaerense, sostuvo que la restricción del servicio “no es un plan de lucha” sino una consecuencia inevitable de un sistema “enfermo”. Según explicó en una entrevista reciente, el problema no comenzó con el último aumento del gasoil sino que responde a un deterioro acumulado desde al menos 2016.

Los números son elocuentes. Hoy las empresas operan con un déficit de cobertura de costos cercano al 40%. La recaudación total —entre tarifa y subsidios— ronda los 1.400 pesos por pasajero, mientras que el costo real del viaje oscila entre 2.100 y 2.500 pesos. La brecha, imposible de sostener en el tiempo, se traduce en pérdida de unidades: el parque automotor del AMBA cayó de 18.500 colectivos a apenas 16.500 en tres años.

“Hoy las empresas están de rodilla, el sistema tendría que estar paralizado”, advirtió Messina, al tiempo que remarcó que la prioridad sigue siendo evitar que los usuarios queden sin servicio. “Estamos dando el servicio que podemos”, sintetizó.

En este contexto, las compañías también reclaman por atrasos en los subsidios y deudas del Estado nacional vinculadas al atributo social —descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES— que alcanzarían cifras millonarias. La falta de esos fondos agrava el desequilibrio financiero y complica el pago de salarios.

Subsidios, deuda y presión política

Desde la Provincia, el Gobierno intenta contener el impacto con herramientas propias. Marinucci detalló que se destinan unos 65.000 millones de pesos mensuales para sostener la tarifa subsidiada, cubriendo la diferencia entre el costo técnico —estimado en 1.950 pesos— y lo que efectivamente paga el usuario. Además, se decidió adelantar pagos correspondientes al mes de abril y aumentar los anticipos al 60% para evitar interrupciones del servicio.

Sin embargo, la administración bonaerense advierte que el margen es limitado sin la participación de Nación. Según el ministro, el Estado nacional adeuda unos 46.000 millones de pesos correspondientes a los primeros meses del año, además de otros 16.000 millones vinculados al atributo social. A esto se suma la falta de coparticipación del impuesto a los combustibles, cuya recaudación creció con los aumentos.

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El conflicto escaló también al plano político. Según trascendió en las últimas horas, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof —quien ya había cuestionado con dureza la política energética nacional—, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, prepara una movida con intendentes frente al Ministerio de Economía para reclamar una baja en el precio de la nafta y la reactivación de obras financiadas con ese impuesto.

Mientras tanto, los municipios evalúan sanciones ante el incumplimiento de frecuencias, ya que las concesiones obligan a garantizar determinados servicios. Desde la cartera de Transporte provincial confirmaron que se realizan auditorías para verificar las reducciones y su impacto en las compensaciones.

El trasfondo es un sistema fragmentado, con diferencias marcadas entre jurisdicciones y una estructura de financiamiento cada vez más tensionada. “El mayor riesgo es que muchas empresas están al borde de la quiebra”, advirtió Marinucci, y precisó que el escenario podría derivar no solo en recortes sino en la eliminación directa de líneas, afectando la conectividad cotidiana de miles de bonaerenses.