Transporte en crisis: qué hay detrás del recorte de frecuencias y cómo impacta en los bonaerenses

La postal de colectivos semivacíos en el AMBA ocultó una dinámica más profunda: la reducción de frecuencias ya está en marcha y responde a un desfasaje económico que, según las propias empresas, se volvió insostenible. La decisión de recortar hasta un 30% de los servicios expone una desigualdad estructural entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del sistema que impacta de lleno en la Provincia.

“El servicio sobró para la demanda que hay”, describió Marcelo Pasciutto, director de la Cámara de Transporte de Buenos Aires (CETUBA), al explicar por qué el recorte no se percibió con fuerza en las primeras horas. Sin embargo, el diagnóstico va más allá de una jornada lluviosa: el problema central está en los ingresos.

Según detalló, las líneas que operan en la Ciudad perciben alrededor de 22 millones de pesos mensuales, mientras que en jurisdicción provincial y nacional ese número cae a 15 o 16 millones. La diferencia no es menor y condiciona la operación diaria. “No están reconocidos los costos, demoran los subsidios”, advirtió.

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A ese cuadro se suma el aumento del gasoil, que alteró por completo la estructura de gastos. De representar el 10% de los ingresos en 2022, pasó a ocupar entre el 50% y el 60% en la actualidad. El precio reconocido oficialmente ronda los 1700 pesos, pero las empresas aseguran pagar hasta 2250 en surtidor. La ecuación, en ese contexto, deja de cerrar.

El impacto social y la presión política

La consecuencia directa de este escenario es una degradación del servicio que golpea sobre todo a los sectores más dependientes del transporte público. El diputado bonaerense de Nuevos Aires, Fabián Luayza, lo sintetizó sin rodeos: “Los usuarios de los colectivos no tienen la culpa de que suba el precio del gasoil todo el tiempo”.

El legislador advirtió que la reducción de frecuencias “afecta gravemente la movilidad cotidiana de millones de usuarios, en particular trabajadores y estudiantes”, y reclamó medidas urgentes para garantizar la prestación. En su planteo, vinculó el problema con el incremento de combustibles impulsado a nivel nacional en un contexto internacional adverso.

Las cámaras empresarias, por su parte, justificaron la decisión en un combo de factores: suba de costos, caída en la cantidad de pasajeros y atrasos en los pagos de subsidios, incluso con deudas que arrastran desde diciembre y parte de febrero. A esto se suma el encarecimiento del boleto, que también impacta en la demanda.

Desde algunos municipios, como La Plata, ya anticiparon posibles sanciones si las empresas avanzan unilateralmente con los recortes. El conflicto, así, suma un nuevo capítulo en una trama que mezcla responsabilidades cruzadas y un sistema fragmentado.

La respuesta provincial y el trasfondo económico

En este contexto, la administración bonaerense activó herramientas para amortiguar el deterioro sin intervenir directamente en la estructura tarifaria. La reglamentación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) habilita a los intendentes a destinar recursos al transporte, en un intento por sostener la red desde lo territorial.

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El esquema prevé al menos 250.000 millones de pesos para 2026 y 2027, con un fuerte componente dirigido a los municipios. Aunque no implica subsidios directos a las empresas, apunta a mejorar infraestructura, accesos y condiciones operativas que inciden en el servicio.

La movida se inscribe en un escenario más amplio de ajuste y suba de costos que también fue cuestionado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “La crisis energética mundial ya le pega a los trabajadores argentinos y el gobierno de Milei no hace nada”, lanzó, mientras que días atrás había señalado que el precio de la nafta aumentó más del doble que los salarios desde el cambio de gestión nacional.

El funcionario agregó que en marzo el combustible subió casi un 20% y superó los 2.000 pesos por litro, mientras que el peso de los impuestos también se incrementó. “En un litro de $2.000, son alrededor de $400”, precisó, y cuestionó el destino de esos recursos.

En paralelo, desde el sector empresario crecen las dudas sobre el corto plazo. Con salarios a pagar y sin certezas sobre la llegada de subsidios, el panorama es incierto. “Todavía no tenemos ni listado ni fecha de cuándo van a pagar el subsidio; parece que no les interesa o no es su primer problema diario”, sostuvo Pasciutto, quien además apuntó a la falta de decisión en la órbita nacional: “El funcionario, sobre todo el de Nación, no tiene el poder como para tomar decisiones. Entonces toman notas, hacen consultas y diluyen el tiempo”.