Nueva ley de discapacidad: pensiones, empleo y prestaciones, las claves del régimen que ahora pasa al Senado

La Cámara de Diputados dio esta madrugada media sanción a un nuevo régimen permanente de discapacidad, luego de una extensa negociación en la que La Libertad Avanza aceptó cambios reclamados por bloques opositores y aliados. El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado. 

El texto busca transformar en permanentes varias de las herramientas que hoy forman parte del sistema de discapacidad y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos de control y financiamiento. Entre los principales puntos, ratifica una Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una de las herramientas centrales para acceder al beneficio. También establece requisitos socioeconómicos y contempla límites de ingresos para mantener la prestación.

Uno de los cambios más discutidos durante las últimas semanas fue la relación entre la prestación y el empleo. El proyecto aprobado por Diputados propone que una persona con CUD pueda trabajar formalmente y conservar la pensión, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Ese punto marcó una diferencia con el proyecto de Presupuesto 2027 enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Allí se había planteado una incompatibilidad más restrictiva entre pensión y trabajo registrado. Después de las negociaciones con aliados y opositores, La Libertad Avanza dejó de lado esa propuesta.

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El nomenclador único no se elimina

Otro de los puntos que generó mayor resistencia fue el futuro del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La propuesta presupuestaria del Ejecutivo permitía avanzar hacia valores diferentes según cada obra social, prepaga o jurisdicción y eliminaba el esquema de actualización automática que había generado fuertes reclamos entre los prestadores.

El proyecto aprobado en Diputados va en sentido contrario. Mantiene un nomenclador universal y un arancel unificado, con el objetivo de preservar una referencia común para las prestaciones.

Las negociaciones de último momento también incorporaron una garantía expresa vinculada con la cobertura sanitaria. El texto establece que tanto quienes reciban pensiones por invalidez laboral como aquellos alcanzados por pensiones por discapacidad tengan acceso a las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud.

Fue uno de los pedidos realizados por la oposición antes de garantizar sus votos. También se agregó una cláusula para proteger la compatibilidad entre las pensiones y determinadas asignaciones familiares.

Sobornos, cartelización, sobreprecios y crueldad. Esa fue la política de discapacidad de Milei. Una ley no es una varita mágica: vamos a estar para que se cumpla. https://t.co/TGQ3slQnF0

— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 22, 2026

Qué plantea sobre los fondos, los prestadores y las auditorías

La discusión por el financiamiento fue uno de los puntos que más diferencias generó dentro del propio Gobierno. El texto establece partidas específicas del Ministerio de Salud y contempla que el Tesoro Nacional aporte recursos adicionales si esos fondos no resultan suficientes.

Además, incorpora una garantía para que los recursos destinados por beneficiario no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.

Ese punto fue incorporado a pedido de bloques opositores y provinciales. En la Casa Rosada existían reparos justamente por el costo fiscal de la iniciativa. La Nación había informado antes de la votación que sectores de la mesa política reconocían que el proyecto no conformaba a todo el oficialismo.

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Otro artículo apunta a las deudas acumuladas con instituciones y profesionales. Si el proyecto se convierte en ley y al momento de su entrada en vigencia existen obligaciones pendientes, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los primeros 30 días.

Después contará con un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones adeudadas. La medida fue incorporada durante las negociaciones del martes y miércoles y formó parte de los cambios exigidos para que sectores de la oposición acompañaran.

Por otro lado, el proyecto no elimina las auditorías sobre las prestaciones. La Secretaría Nacional de Discapacidad quedaría habilitada para realizar controles periódicos mediante cruces de información con ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS.

También podría aplicarse una suspensión preventiva cuando se detecte un incumplimiento objetivo. La oposición consiguió agregar garantías al procedimiento: notificación previa, derecho de defensa y un mecanismo de “debido proceso inclusivo”, además de posibilidades de rehabilitación provisoria mientras se resuelve cada situación.

La marcha atrás respecto del Presupuesto 2027

El dato político más importante de la media sanción fue el cambio de posición del oficialismo. El proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno había contemplado volver al criterio de invalidez laboral; restringir la compatibilidad entre pensión y empleo; modificar el papel del CUD; eliminar el arancel único del nomenclador.

Después de casi dos meses de negociaciones y ante la presión de aliados, oposición y organizaciones del sector, el oficialismo terminó aceptando un texto que conserva buena parte del modelo actualmente vigente.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino describió durante la sesión al acuerdo finalmente alcanzado como “absolutamente contrario” al capítulo que Milei, Caputo y Santilli habían enviado dentro del Presupuesto.

Les comparto mi discurso en la sesión de hoy. Nuestro compromiso fue, es y será siempre con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Milei, ¡CUMPLÍ LA LEY! https://t.co/3QEWcGZ5Nv

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) October 22, 2026

Unión por la Patria había llegado originalmente al debate con el objetivo de prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027. Sin embargo, sus diputados reconocieron que no contaban con los votos suficientes para imponer esa alternativa.

La discusión cambió entonces de eje: en lugar de extender una herramienta excepcional por otro año, distintos bloques comenzaron a negociar qué elementos de la emergencia podían incorporarse al régimen permanente propuesto por el oficialismo.

Las conversaciones incluyeron a dirigentes de Unión por la Patria, Argentina Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y legisladores libertarios. El acuerdo final incorporó cobertura sanitaria, compatibilidad laboral, financiamiento, plazos para los prestadores y mayores garantías frente a eventuales suspensiones.

La Iglesia había reclamado mantener la protección

La votación se produjo apenas horas después de que la Iglesia Católica llevara sus cuestionamientos al Congreso. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Comisión Episcopal de Pastoral Social había reclamado mantener las protecciones vigentes y advertido sobre los cambios incluidos originalmente en el Presupuesto.

“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”, señalaron representantes de la Iglesia durante sus reuniones con legisladores.

La Pastoral Social pidió garantías sobre pensiones, cobertura sanitaria, prestadores, auditorías y más de 200 mil solicitudes pendientes. Varios de esos reclamos quedaron contemplados parcialmente en la redacción que Diputados terminó aprobando.