Nuevos testimonios complican a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevos testimonios en los tribunales federales de Comodoro Py. Dos empleados de la Vocería Presidencial declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y dieron detalles sobre compras de alto valor que habrían sido realizadas con tarjetas de terceros, pero destinadas al exfuncionario.
Las declaraciones correspondieron a Gisela Kocsis, secretaria privada en la Vocería, y a Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno y señalado como una persona de extrema confianza de Adorni. Ambos fueron convocados como testigos en el expediente que intenta reconstruir el circuito de pagos, consumos y eventuales reintegros en efectivo vinculados al exjefe de Gabinete.
Según surge de la investigación, la Justicia analiza si Adorni habría utilizado tarjetas y cuentas de colaboradores de su entorno para canalizar gastos personales de alto monto. Los testimonios incorporados esta semana se suman a otras declaraciones que ya habían puesto bajo la lupa el uso de tarjetas de terceros dentro del área de comunicación oficial.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la causa ya había sumado presión tras la filtración de un audio dirigido al contratista Matías Tabar, quien declaró pagos por 245 mil dólares en efectivo vinculados a refacciones en una propiedad de Indio Cuá.
Las compras que declaró Gisela Kocsis
Kocsis reconoció haber intervenido en una operación por $8.183.303,25 en la firma Rosen, vinculada a ropa de cama y blanquería. De acuerdo con su declaración, una tercera persona se habría presentado en la sucursal con el dinero en efectivo para concretar el pago.
La testigo también mencionó una compra posterior de alrededor de $400.000 en almohadas, realizada unos 20 días después y también abonada en efectivo. Además, declaró haber gestionado la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por aproximadamente $3.100.000, destinados a una propiedad en Indio Cuá.
Según su testimonio, esa última operación fue abonada con su propia tarjeta de crédito y luego el dinero le habría sido reintegrado en efectivo. Kocsis sostuvo ante la Justicia que se ocupaba de distintas gestiones personales vinculadas al entonces funcionario.
El testimonio de Luis Enrique Alujú
En paralelo, declaró Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno dentro de la estructura de la Vocería. Su testimonio quedó vinculado a una compra detectada en registros de Mercado Libre: un proyector por $3.600.000, abonado con dos tarjetas a su nombre.
Alujú sostuvo que la operación se habría realizado desde un usuario vinculado a Adorni y que el producto habría sido entregado en un domicilio de la calle Asamblea. También reconoció una relación personal de larga data con el exfuncionario y la existencia de una extensión de tarjeta asociada desde hace más de una década.
Para los investigadores, estos elementos forman parte de una línea de análisis orientada a determinar si existió un patrón de uso de tarjetas de terceros para financiar gastos que luego eran reintegrados en efectivo.
El antecedente de Laura Schiuma
Las nuevas declaraciones se suman al testimonio previo de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien admitió haber prestado su tarjeta de crédito para una compra de un monitor gamer por $2.185.000.
Según esa declaración, el dinero también habría sido devuelto en efectivo por Adorni. La Justicia analiza ahora el conjunto de operaciones para establecer si los consumos pueden ser justificados con los ingresos declarados por el exfuncionario.
En el expediente, los investigadores también revisan una cifra global de consumos que superaría los $139 millones en poco más de dos años. Ese dato forma parte del análisis patrimonial que deberá ser evaluado por los organismos técnicos antes de una eventual intimación por justificación de bienes.
La causa queda ahora a la espera de nuevos informes contables y financieros. Con esos elementos, el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo deberán determinar si corresponde avanzar con medidas procesales sobre el patrimonio de Adorni y su entorno.