El espejo español del lawfare: la mayoría cree que la Justicia actúa políticamente según una encuesta

Durante años, cada vez que Cristina Fernández de Kirchner denunció la existencia de lawfare en Argentina, una parte importante de la oposición, sectores del Poder Judicial y buena parte de los medios rechazaron esa idea y la presentaron como una estrategia para desacreditar las causas judiciales en su contra.

La expresidenta, sin embargo, sostuvo de manera constante que existía una articulación entre jueces, fiscales, medios de comunicación y sectores del poder económico para perseguir judicialmente a dirigentes políticos y condicionar su participación electoral. Esa discusión, que parecía propia de América Latina, ahora encontró un eco inesperado en España.

Una encuesta realizada por el Instituto 40dB. y publicada por El País y la Cadena SER muestra que el 65,4% de los españoles considera que en su país existe una “guerra judicial” o lawfare. Es decir, casi dos de cada tres personas creen que la Justicia interviene en la disputa política y no actúa únicamente como un poder independiente.

Más allá de las diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países, el dato marca un cambio de clima: la idea de que los tribunales pueden ser usados con fines políticos dejó de ser una discusión restringida a sectores militantes y aparece instalada en una parte importante de la opinión pública.

El sesgo político en la mirada sobre los jueces

El estudio español indagó cómo ven los ciudadanos la actuación de los jueces. En ese punto, el 34,1% de los encuestados considera que los magistrados tienden a favorecer a la derecha, mientras que el 16,3% cree que benefician a la izquierda. Solo el 27% los ve como imparciales.

Al mismo tiempo, el 75,5% sostiene que los partidos políticos intentan influir en las decisiones judiciales y casi el 63% afirma que algunos jueces actúan condicionados por sus propias ideas políticas.

Los datos no prueban por sí mismos que exista una utilización política de la Justicia en casos concretos. Lo que sí muestran es que una parte mayoritaria de la sociedad española percibe que la independencia judicial está deteriorada.

Las causas que concentran la atención

La encuesta fue difundida en medio de una fuerte exposición mediática de investigaciones vinculadas al entorno del presidente español Pedro Sánchez.

Las causas contra Begoña Gómez, esposa del mandatario; el juicio contra su hermano, David Sánchez; y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aparecen entre los expedientes conocidos por una porción muy alta de la población española.

Cuando el estudio preguntó por las motivaciones detrás de esos expedientes, volvieron a aparecer las dudas. El 36% considera que existen razones políticas en la investigación contra Begoña Gómez; el 34% opina lo mismo sobre el juicio a David Sánchez y el 26,4% cree que la imputación de Zapatero también responde a intereses partidarios.

La percepción pública no equivale a una conclusión judicial. Pero sí revela que la discusión sobre la independencia de los tribunales dejó de ser marginal y pasó a formar parte del debate político central en España.

Una Justicia con menos credibilidad

La encuesta también refleja un deterioro de la confianza en el sistema judicial español. La Administración de Justicia recibe una calificación promedio de 4,9 sobre 10. Cuando la consulta se refiere específicamente a su actuación en casos de corrupción o escándalos políticos, la nota desciende hasta 3,7.

Además, el 58% de los encuestados considera que el Poder Judicial controla poco o nada a los jueces que actúan de manera incorrecta, mientras que alrededor de un tercio cree que el propio sistema termina protegiéndolos. La mitad de los españoles asegura que hoy confía menos en la Justicia que hace cinco años.

Ese deterioro de la credibilidad institucional es uno de los puntos que conecta el debate español con discusiones que en América Latina llevan años abiertas. En Argentina, Brasil, Ecuador y otros países de la región, el concepto de lawfare fue utilizado por distintos sectores políticos para describir procesos judiciales que, según sus denuncias, tuvieron impacto directo sobre la competencia electoral.

El caso testigo de Cristina Kirchner

En Argentina, el debate tiene un nombre central: Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta sostiene desde hace años que detrás de las causas judiciales en su contra existió una estrategia coordinada entre sectores del Poder Judicial, medios de comunicación y grupos de poder económico para perseguir a dirigentes políticos e impedir que compitan electoralmente.

La confirmación de su condena en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos reavivaron esa discusión. Para el kirchnerismo, el fallo de la Corte Suprema no fue solo el cierre de un expediente judicial, sino parte de una estrategia de persecución política. La Corte Suprema dejó firme esa condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua el 10 de junio de 2025.

Un informe del Observatorio Lawfare, integrado por juristas, investigadores y comunicadores latinoamericanos, sostiene que el caso de la expresidenta reúne varios de los rasgos que caracterizan este tipo de procesos. Entre ellos menciona la acumulación de denuncias judiciales, la reapertura de causas archivadas, indagatorias concentradas en un mismo día, pedidos de prisión preventiva y cuestionamientos a la designación y traslado de jueces.

El documento también señala la difusión de escuchas telefónicas antes de que hubiera sentencias, la amplia cobertura mediática de las investigaciones y episodios como el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales y funcionarios. Para el Observatorio, esos hechos muestran cómo distintos sectores actuaron de manera coordinada en la persecución contra Cristina Kirchner.

La encuesta española no resuelve la discusión argentina ni permite trasladar mecánicamente un caso a otro. Pero sí aporta un dato político relevante: la sospecha sobre el uso de la Justicia como herramienta de disputa ya no aparece únicamente como una denuncia latinoamericana. También emerge, con fuerza, en una democracia europea donde la mayoría de los encuestados cree que existe una guerra judicial.