Francisco Adorni: nuevas pruebas, más de diez rectificaciones y una banca que entra en discusión
La causa que investiga las declaraciones juradas patrimoniales de Francisco Adorni entró en una nueva etapa y volvió a proyectarse sobre la Legislatura bonaerense. El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas antes de decidir si acepta el pedido de indagatoria presentado el 18 de junio por el fiscal Guillermo Marijuán contra el diputado provincial de La Libertad Avanza.
El expediente analiza una presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas que Adorni presentó entre 2023 y 2026 durante su paso por cargos nacionales. La pesquisa se inició a partir de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque hasta el momento no existe una definición judicial sobre su responsabilidad. Una eventual indagatoria tampoco implicaría por sí sola procesamiento ni condena.
Los documentos que pidió Rafecas
Rafecas requirió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada del diputado y ofició al Banco Provincia para reconstruir los pagos realizados entre 2024 y 2026 por un crédito hipotecario de alrededor de $60 millones. También solicitó al Registro de la Propiedad informes sobre dos inmuebles que habrían ingresado al patrimonio de Adorni mediante una sucesión.
Marijuán sostiene que el legislador presentó tres declaraciones juradas oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026, cuando se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna, auditor interno titular del Ministerio de Defensa y presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según la acusación fiscal, cada presentación original fue corregida al menos dos veces y la investigación identificó más de diez rectificaciones posteriores al inicio de la auditoría patrimonial.
Entre las modificaciones aparece una herencia de $21 millones que no había sido informada inicialmente ante la Oficina Anticorrupción. En una rectificación de baja correspondiente a 2025, Adorni declaró $24,5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones provenían de esa herencia. También incorporó cuentas en pesos y dólares, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros propios y de su esposa.
Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la última rectificación mencionada en el expediente fue presentada el 8 de junio de 2026. Para la fiscalía, las incorporaciones podrían indicar ocultamiento de bienes y sumas no declaradas.
“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales”, afirmó Marijuán en su dictamen. La defensa negó una maniobra deliberada, atribuyó las modificaciones a errores materiales y, sobre la herencia, sostuvo que “se le pasó” declararla.
La banca entra en la discusión
El avance del expediente comenzó a generar movimientos en la Cámara de Diputados bonaerense. Según pudo reconstruir este medio, dirigentes del oficialismo y de un bloque dialoguista evalúan impulsar el tratamiento de los fueros si Adorni fuera procesado. La Libertad Avanza mantiene silencio sobre ese escenario y señala que definirá una postura si se produce una resolución judicial.
La posibilidad tiene un antecedente excepcional. El único desafuero aprobado en la historia de la Legislatura bonaerense fue el del radical Mario Bessone, el 15 de diciembre de 1937, luego de que asesinara al diputado conservador Fortunato Chiappara.
En 2008, la Cámara rechazó el pedido del entonces diputado de la Coalición Cívica y exintendente de Junín Abel Miguel para ser desaforado durante una investigación. En 2019, Manuel Mosca obtuvo licencia tras una denuncia por presunto abuso sexual, pero su solicitud de desafuero quedó en comisión.
Adorni llegó a la Cámara en 2025 por La Libertad Avanza, después de haber militado en el peronismo platense, integrar listas de ese espacio y trabajar en la administración pública bonaerense. Su salto a cargos nacionales estuvo ligado al ascenso de su hermano, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
El otro expediente en Comodoro Py
En paralelo, el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González investigarán presuntas irregularidades vinculadas al IOSFA y a un préstamo de $40.000 millones otorgado por el IAF. La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, apuntó al rol de Adorni en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito y también alcanzó al exministro de Defensa Luis Petri.
Ese expediente se integró con otra investigación sobre presuntas anomalías en el IOSFA, entre ellas compras directas de armamento y medicamentos por $25.000 millones cada una y un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a la crisis de la obra social. Ramos había rechazado inicialmente la acumulación porque el crédito comenzó a gestionarse en enero de 2025 y Adorni llegó al IAF en junio de ese año.
La Sala I de la Cámara Federal, mediante una decisión del juez Leopoldo Bruglia, ordenó finalmente reunir ambas investigaciones por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias, aunque aclaró que el avance de las pruebas podría habilitar una nueva revisión.