Argentina Por: Andrés Montero04 de agosto de 2026

Buques demorados, cargas desviadas y pérdidas millonarias: la factura del conflicto portuario

La interrupción del servicio de practicaje afectó el movimiento de granos, combustibles y otras mercaderías. El conflicto también demoró una operación vinculada con Vaca Muerta Oil Sur y reabrió la discusión sobre los costos que enfrenta la cadena logística argentina.

La interrupción del servicio de practicaje en los principales puertos argentinos dejó consecuencias que excedieron la duración de la medida de fuerza. Buques demorados, operaciones desviadas hacia países vecinos, exportaciones frenadas y riesgos para la distribución de combustibles formaron parte del impacto provocado por el conflicto.

El cese de actividades fue iniciado por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen bajo el cual se presta el servicio. Estos profesionales son los encargados de guiar a las embarcaciones durante las maniobras de entrada y salida en ríos, canales y puertos, por lo que su intervención resulta obligatoria en buena parte de la navegación comercial.

La falta de estos trabajadores alcanzó rápidamente a diferentes puntos del sistema portuario nacional. De acuerdo con la información aportada por el Centro de Navegación, al menos 140 buques quedaron pendientes de la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje.

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La entidad agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino y advirtió que la paralización podía generar pérdidas millonarias en divisas, incumplimientos contractuales, lucro cesante y mayores costos para toda la cadena logística.

Exportaciones frenadas y cargas trasladadas a otros países

Uno de los principales efectos se produjo sobre las exportaciones de granos y otras mercaderías que dependen del movimiento de embarcaciones a través de la Vía Navegable Troncal.

La imposibilidad de completar las maniobras portuarias no solo demoró operaciones dentro del país. Algunas cargas previamente programadas fueron redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil.

El desvío implicó la pérdida de transbordos que habían sido recuperados para puertos argentinos después de años de gestiones entre el sector público y el privado. Entre las terminales afectadas aparecieron La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.

También surgió el riesgo de que algunas plantas productivas agotaran su capacidad de almacenamiento ante la imposibilidad de despachar la mercadería. El impacto, por lo tanto, se extendió desde los puertos hasta distintos eslabones de la producción y la logística.

El Centro de Navegación alertó, además, que las demoras dañan la reputación de la Argentina como destino confiable para la actividad marítima y portuaria. Las empresas pueden enfrentar extracostos por el tiempo de espera de los buques, la reorganización de las rutas y el incumplimiento de los cronogramas comerciales.

La distribución de combustibles, otro punto sensible

La medida también alcanzó a las operaciones utilizadas para transportar combustibles dentro del país.

La Cámara Argentina de Energía informó que las actividades portuarias de sus empresas asociadas quedaron interrumpidas por la falta de prácticos. La situación afectó terminales por las que se movilizan nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo hacia diferentes regiones y refinerías.

Entre los puntos comprometidos se encontraron Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz. El problema también llegó a Caleta Córdova, en Chubut, desde donde se transporta crudo hacia las plantas de refinación.

La interrupción no implicó necesariamente un faltante inmediato en las estaciones de servicio, pero expuso la dependencia que tiene la distribución de combustibles respecto del funcionamiento continuo de los puertos y de los servicios de navegación.

Una paralización prolongada podía dificultar la reposición y obligar a reorganizar los movimientos entre terminales, refinerías y centros de distribución.

Una demora vinculada con Vaca Muerta Oil Sur

Entre las operaciones suspendidas apareció una vinculada con el buque de transporte pesado White Marlin, necesario para trabajos relacionados con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico que permitiera su ingreso. La demora afectó el comienzo de tareas previstas para el tendido de infraestructura submarina.

Vaca Muerta Oil Sur es el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol. La obra conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro mediante un trazado de casi 600 kilómetros entre Allen y Punta Colorada.

El proyecto supera el 75% de avance y prevé alcanzar hacia mediados de 2027 una capacidad de transporte cercana a los 390.000 barriles diarios. Su desarrollo resulta central para ampliar la capacidad exportadora del sector energético.

La respuesta oficial y el origen del conflicto

Ante la interrupción, la Prefectura Naval Argentina intimó a 536 profesionales habilitados para que retomaran inmediatamente la prestación del servicio.

El organismo sostuvo que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtió que su interrupción podía derivar en sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y denuncias penales.

El conflicto se originó por la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno para reemplazar un régimen que se mantenía desde 1991.

La normativa crea un registro abierto de profesionales bajo la administración de la Prefectura, permite que los usuarios elijan libremente a sus prestadores, elimina barreras para el ingreso de nuevos trabajadores y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas.

También obliga a publicar los precios, modifica la segmentación geográfica del servicio, flexibiliza las condiciones de traslado y amplía los casos en los que determinados buques pueden quedar exceptuados de contratar practicaje.

Los profesionales rechazaron esos cambios y reclamaron la suspensión o derogación de la norma. Más allá del desenlace de las tratativas, el episodio mostró la capacidad de un conflicto sectorial para afectar en pocas horas las exportaciones, la actividad energética, la logística industrial y la distribución interna de combustibles.

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