Crece la mora de las familias y el Congreso acumula más de 30 proyectos sin avanzar
El crecimiento de la morosidad de las familias argentinas llegó al Congreso, donde se acumulan más de 30 proyectos que buscan abordar distintos aspectos del endeudamiento. Las propuestas incluyen desde regulaciones sobre las tasas y mecanismos de refinanciación hasta mayores controles sobre el crédito digital y herramientas de protección para consumidores sobreendeudados.
Por el momento, esas iniciativas no logran avanzar en el tratamiento legislativo. El debate ocurre mientras aparecen nuevas advertencias sobre el impacto que pueden tener las dificultades para afrontar las deudas sobre el consumo y la actividad económica.
Entre las alternativas presentadas hay proyectos orientados a promover un crédito responsable, planes de refinanciación y alivio de deudas, mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores con problemas financieros y medidas destinadas a limitar prácticas abusivas de cobranza.
Entre los legisladores que impulsaron iniciativas sobre la problemática aparecen Miguel Pichetto, Natalia Zaracho, Itai Hagman, Guillermo Michel, Natalia De la Sota, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz y Pablo Juliano.
Qué proponen los proyectos sobre crédito digital
Una de las iniciativas más recientes fue presentada por Pablo Juliano y busca establecer una regulación integral para el ecosistema financiero digital.
La propuesta contempla estándares mínimos de transparencia y responsabilidad para las plataformas y apunta, entre otras cuestiones, a impedir mecanismos diseñados para ocultar el costo efectivo de un préstamo o incentivar una toma acelerada de deuda.
También plantea que los sistemas automatizados utilizados para evaluar la capacidad crediticia sean transparentes, auditables y dispongan de mecanismos de revisión humana. Otro de los puntos establece restricciones a las modalidades de hostigamiento o intimidación durante los procesos de cobranza.
La iniciativa incorpora además la evaluación de la situación económica integral de una persona antes de otorgarle nuevo financiamiento, con el objetivo de prevenir una acumulación excesiva de compromisos en distintas plataformas.
El foco sobre beneficiarios de asistencia social
Otra propuesta fue presentada por Victoria Tolosa Paz junto con otros 26 diputados y pone el eje en las personas que reciben prestaciones sociales mediante billeteras virtuales.
El proyecto busca establecer límites y controles sobre las condiciones crediticias ofrecidas a esos usuarios, además de proteger ingresos de carácter alimentario.
Entre sus puntos centrales figura la prohibición de utilizar las prestaciones como garantía o fuente de cobro preferente para los acreedores. También incorpora criterios destinados a prevenir situaciones de sobreendeudamiento, transparentar el costo real de los préstamos y evitar prácticas discriminatorias.
La iniciativa advierte particularmente sobre las condiciones financieras a las que pueden acceder hogares de menores ingresos y señala el riesgo de que personas que reciben beneficios como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar terminen recurriendo a créditos con costos elevados.
Tolosa Paz cuestionó que plataformas que reciben de manera periódica ingresos garantizados por el Estado utilicen esa previsibilidad para ofrecer financiamiento a personas vulnerables y señaló que, en algunos casos, el Costo Financiero Total puede superar el 700%.
Las advertencias por el crecimiento de la mora
La discusión legislativa coincide con advertencias internacionales sobre la evolución del endeudamiento argentino.
The Economist vinculó recientemente la fortaleza del peso con dificultades para el crecimiento y un aumento de los préstamos impagos, mientras que Oxford Economics analizó el incremento de la morosidad y su posible efecto sobre el consumo.
La consultora británica señaló que los elevados costos reales del crédito y el débil crecimiento de los salarios reales podrían profundizar el problema en el corto plazo y limitar el aporte del financiamiento a la actividad económica, especialmente en sectores asociados al consumo privado.
En ese escenario, el Congreso cuenta con más de 30 propuestas que abordan distintos componentes del problema, pero ninguna consiguió hasta ahora abrir un debate que permita definir si alguna de esas herramientas será transformada en una regulación concreta.