Privatizaciones y 2027: el blindaje de las empresas públicas dividió a la oposición bonaerense
AUBASA, una de las empresas alcanzadas por el proyecto de blindaje.
El proyecto del peronismo para proteger la participación de la provincia de Buenos Aires en sus empresas públicas abrió un nuevo capítulo en la Legislatura. El PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentaron un dictamen de minoría contra la iniciativa de la diputada Maite Alvado, que propone exigir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras para avanzar con una privatización o reducir la presencia estatal en una compañía.
Detrás de la discusión legislativa aparecen dos posiciones enfrentadas sobre el papel que debe asumir el Estado. El oficialismo sostiene que las inversiones en servicios e infraestructura necesitan continuidad más allá de los cambios de gobierno. Libertarios y amarillos consideran, en cambio, que el mecanismo podría obstaculizar una eventual revisión del sector público y plantean reparos sobre su validez constitucional.
La votación en la Comisión de Servicios Públicos mostró, además, que el rechazo no alcanzó a toda la oposición. La propuesta recibió ocho votos favorables de representantes del peronismo, la UCR, Hechos, Nuevos Aires y Unión y Libertad. Los tres votos negativos correspondieron al PRO y LLA, que suscribieron un despacho separado.
El argumento constitucional del rechazo
El dictamen de minoría fue firmado por Paula Bustos, diputada del PRO y vicepresidenta de la Comisión de Servicios Públicos; su compañera de bloque Rita Sallaberry; y Oriana Colugnatti, de La Libertad Avanza.
Las legisladoras cuestionaron el proyecto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Según argumentaron, la propuesta reforzaría la permanencia del Estado en actividades empresariales que no integrarían sus funciones esenciales e impondría una dificultad adicional para implementar políticas de racionalización, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo.
El principal cuestionamiento apunta al requisito de los dos tercios. De acuerdo con el despacho, la Constitución bonaerense establece la mayoría simple como regla general para sancionar leyes y reserva las mayorías especiales para situaciones expresamente contempladas.
“Una ley ordinaria no puede alterar el régimen constitucional de formación de la voluntad legislativa”, señalaron las firmantes. También plantearon que una futura composición parlamentaria podría derogar esa exigencia mediante otra norma aprobada por mayoría simple, lo que —según su interpretación— reduciría la eficacia jurídica del mecanismo.
Los aliados que consiguió el peronismo
La iniciativa fue impulsada por Maite Alvado, diputada de la Sexta sección electoral referenciada en La Cámpora. La Comisión de Servicios Públicos, presidida por Ariel Archanco, de Fuerza Patria, emitió dictamen favorable y giró el expediente a Legislación General.
El texto establece que cualquier reducción de la propiedad o participación provincial en una empresa deberá obtener el voto de, al menos, dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras. También dispone que las propuestas deberán estar fundamentadas, justificar la necesidad de disminuir la presencia estatal y respetar el interés público y el bienestar general.
El alcance incluye compañías como Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y Buenos Aires Gas Sociedad Anónima (BAGSA). Estas empresas intervienen, respectivamente, en la prestación de agua y saneamiento, la administración de rutas y autopistas, y el desarrollo de redes de gas natural.
En el caso de ABSA, la Ley 12.989 ya establece que cualquier transferencia de acciones al sector privado requiere autorización legislativa. La diferencia es que no fija una mayoría calificada, por lo que actualmente podría aprobarse con la mitad más uno de los votos.
El acompañamiento de la UCR, Hechos, Nuevos Aires y Unión y Libertad permitió al oficialismo superar el primer filtro parlamentario. Ese respaldo no supone necesariamente un acuerdo político más amplio, pero sí muestra que la discusión sobre el patrimonio provincial no quedó limitada a la división tradicional entre peronismo y antiperonismo.
La agenda de Milei como antecedente
La iniciativa aparece atravesada por la política de privatizaciones y concesiones impulsada por Javier Milei en el ámbito nacional. Sin embargo, el Presidente no tiene atribuciones para disponer directamente sobre el patrimonio de las compañías bonaerenses. El proyecto apunta a condicionar a una futura administración provincial que pretenda aplicar una orientación similar después de 2027.
Para el peronismo, una mayoría especial obligaría a construir acuerdos entre distintas fuerzas antes de desprenderse de activos estatales. Desde el PRO y LLA replican que esa exigencia podría limitar las facultades de futuras mayorías elegidas por la ciudadanía y dificultar modificaciones en la organización del Estado.
El expediente todavía no fue aprobado por la Cámara de Diputados ni cuenta con media sanción. Tras su paso por Servicios Públicos, deberá avanzar por las restantes comisiones antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.
Al fundamentar la propuesta, Alvado sostuvo que las inversiones públicas necesitan plazos prolongados y no deberían quedar sujetas a cada cambio de administración: “Los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, han planteado numerosos conflictos”.