Paro universitario nacional: docentes suspenden actividades durante 48 horas
Los docentes universitarios convocaron a un nuevo paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida afectará a universidades públicas de todo el país y tendrá como ejes la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta fue confirmada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y respaldada por diferentes organizaciones del sector, entre ellas FEDUBA. La decisión surgió de un plenario de secretarios generales que también planteó la necesidad de coordinar las acciones con el resto de los sindicatos universitarios.
El nuevo paro se realizará inmediatamente después de la medida de fuerza desarrollada entre el 18 y el 22 de agosto. Durante esas cinco jornadas, los gremios reclamaron el pago de una recomposición del 28,5% hasta junio y los retroactivos correspondientes.
También exigieron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de la garantía salarial y el envío de fondos destinados a capacitación.
El reclamo por los salarios universitarios
Los sindicatos sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses fueron definidos sin una nueva negociación paritaria y quedaron por debajo de la inflación.
De acuerdo con sus estimaciones, los docentes universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y necesitarían una mejora superior al 50% para recuperar el nivel salarial de aquel momento.
La situación afecta especialmente a quienes tienen cargos de dedicación simple o semi-exclusiva, aunque el deterioro también alcanza a los docentes con dedicación exclusiva.
Las organizaciones advirtieron, además, sobre la salida de profesionales e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior, donde encuentran mejores condiciones salariales.
La disputa por el financiamiento universitario
El segundo eje del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso después del veto del presidente Javier Milei.
Las universidades y los gremios aseguran que todavía no están recibiendo todas las partidas previstas por la legislación. Según plantean, la falta de esos recursos repercute sobre el mantenimiento de los edificios, el pago de salarios y el sostenimiento de las becas estudiantiles.
La discusión también llegó a la Justicia. Los sindicatos informaron que durante una audiencia realizada el viernes en el juzgado que interviene en la causa el Gobierno mantuvo una posición que, a criterio de las organizaciones, demora la aplicación de la ley.
Con la implementación de la norma todavía en disputa, los gremios anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas sobre los salarios y el presupuesto universitario.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias que se realizaron las transferencias destinadas a los hospitales universitarios y que se está cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes.
El Ministerio señaló que transfirió $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio de 2026 y a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.
La cartera nacional también sostuvo que los aumentos acordados se están pagando de acuerdo con los montos, plazos y cronogramas establecidos.
Los sindicatos mantienen sus cuestionamientos y ratificaron el paro del 27 y 28 de agosto. De no producirse un acercamiento, el conflicto podría continuar con nuevas medidas en las universidades nacionales.