Un petrolero británico amarró en Ushuaia y reavivó la disputa por la intervención del puerto
El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó la presencia del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el puerto de Ushuaia, cuya administración se encuentra intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La Provincia reclamó explicaciones sobre la autorización de la operación y volvió a exigir la restitución del control de la terminal.
La administración nacional permitió el amarre y la operación de la embarcación en el puerto de la capital fueguina. La decisión provocó cuestionamientos por la disputa de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
En un comunicado, el Ejecutivo provincial calificó el episodio como “inadmisible” y sostuvo que la gravedad del hecho aumenta por las condiciones en las que se encuentra actualmente el puerto.
La Provincia recordó que el Gobierno nacional había fundamentado la intervención en el carácter estratégico de la terminal y en la necesidad de resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Frente al ingreso del petrolero británico, consideró que existe una contradicción entre esos argumentos y las decisiones adoptadas posteriormente.
Tierra del Fuego reclamó explicaciones a Nación
El Gobierno fueguino pidió que la administración de Javier Milei informe públicamente qué criterios políticos, estratégicos y administrativos fueron considerados para permitir la operación del VS Promise.
La Provincia sostuvo que el puerto de Ushuaia no puede ser administrado únicamente con una lógica comercial. Remarcó su ubicación estratégica, su proyección hacia el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.
También invocó la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero. La normativa establece restricciones para el amarre, abastecimiento y las operaciones logísticas de embarcaciones británicas vinculadas con la exploración o explotación de recursos naturales en áreas relacionadas con la cuestión Malvinas.
El VS Promise es un buque petrolero con capacidad para transportar alrededor de 500.000 barriles de crudo. La embarcación es operada por una compañía con sede en la Isla de Man y desarrolla actividades en la región vinculadas con la terminal de Río Cullen.
La Provincia exigió el fin de la intervención
Además de pedir explicaciones por el amarre, Tierra del Fuego reclamó el cese de la intervención nacional y la inmediata restitución de la administración portuaria a la Provincia.
La intervención comenzó el 21 de enero y fue establecida inicialmente por un plazo de 12 meses. La medida desplazó a las autoridades provinciales de la conducción de una terminal considerada central para la actividad económica y la estrategia argentina en el extremo austral.
Desde el Ejecutivo fueguino afirmaron que continuarán impulsando las acciones judiciales presentadas contra la decisión. La Provincia considera que la intervención afecta su autonomía y sus competencias sobre el puerto.
Trabajadores de la terminal también cuestionaron la falta de información sobre la llegada del petrolero. Señalaron que no habrían sido notificados previamente sobre la operación y reclamaron que las autoridades nacionales expliquen las condiciones bajo las cuales se autorizó el ingreso.
El Gobierno provincial convocó, además, a los poderes públicos, las fuerzas políticas y la ciudadanía a pronunciarse en defensa del carácter estratégico del puerto. Sostuvo que no permanecerá al margen de decisiones tomadas desde el poder central que puedan comprometer sus recursos, sus atribuciones y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
La controversia vuelve a colocar en el centro de la discusión tanto la administración del puerto de Ushuaia como la política nacional respecto de Malvinas. Tierra del Fuego anticipó que mantendrá su reclamo institucional hasta que Nación explique la autorización concedida al buque y restituya el control de la terminal.