Manuel Adorni pidió una prórroga para justificar su patrimonio ante la Justicia
La defensa del exjefe de Gabinete solicitó más tiempo para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y pidió acceder a la totalidad de las pruebas reunidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Juan Manuel Villarreal
Manuel Adorni pidió una prórroga para presentar las explicaciones y la documentación requeridas por la Justicia en la investigación sobre la evolución de su patrimonio. La defensa del exjefe de Gabinete también solicitó acceder a la totalidad de las pruebas incorporadas al expediente antes de responder los interrogantes formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El planteo fue realizado cuando se acercaba el vencimiento del plazo de 15 días fijado para contestar el requerimiento de justificación patrimonial. Ahora deberá resolverse si se concede la extensión solicitada y bajo qué condiciones deberá concretarse la presentación.
La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo y con intervención de Pollicita, investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento no implica una declaración de culpabilidad, sino una instancia prevista para que Adorni explique movimientos, adquisiciones y gastos que, según el análisis fiscal, todavía no cuentan con una justificación suficiente frente a los ingresos comprobados.
Las 20 preguntas que deberá responder Adorni
La intimación contiene 20 puntos vinculados con la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período en que el exfuncionario ocupó cargos en la administración pública nacional.
Entre los aspectos bajo análisis aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, operaciones consignadas como “venta de activos”, préstamos atribuidos a familiares, movimientos bancarios, consumos con tarjetas y acreditaciones no salariales.
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre operaciones inmobiliarias, la adquisición y remodelación de propiedades, la compra de un vehículo y distintos pagos efectuados en efectivo o mediante terceras personas.
Otro de los ejes se concentra en la operatoria con criptoactivos. Los investigadores buscan determinar el origen del capital utilizado, la trazabilidad de las operaciones y su correspondencia con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni había informado una tenencia de 565.000 dólares bajo el concepto “venta de activos”. La Justicia procura establecer qué activos fueron vendidos, cuándo se concretaron esas operaciones y cuál fue el recorrido de los fondos.
La diferencia entre ingresos y gastos
El análisis incorporado al expediente reconstruyó ingresos del grupo familiar por $229.752.283,20 entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Durante ese mismo período, los gastos relevados alcanzaron los $272.820.832,20.
La diferencia establecida fue de $43.068.549. A ese monto se sumaron desembolsos por US$402.578,12 vinculados con viajes, alquileres, inmuebles, refacciones y mobiliario, entre otros conceptos.
Uno de los puntos centrales corresponde a los US$245.000 que habría recibido un contratista por la remodelación integral de una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá. El requerimiento busca determinar el origen de ese dinero y obtener la documentación respaldatoria de los pagos.
También se solicitaron precisiones sobre la compra y las mejoras de un departamento ubicado en la calle Miró, además de los fondos utilizados para adquirir mobiliario y afrontar honorarios notariales relacionados con distintas operaciones inmobiliarias.
El pedido de acceso a las pruebas
Además de solicitar una ampliación del plazo, la defensa busca conocer la totalidad de la documentación y las medidas de prueba reunidas durante la investigación. Ese material incluye informes patrimoniales, fiscales, bancarios, financieros y registrales, junto con datos sobre operaciones con activos virtuales.
Una vez presentada la respuesta, Pollicita deberá evaluar las explicaciones y los comprobantes aportados. El resultado de ese análisis determinará si corresponde disponer nuevas medidas, considerar justificados los movimientos observados o avanzar hacia una eventual convocatoria a declaración indagatoria.
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