Patrimonio de Adorni: qué explicó sobre los dólares, los bitcoins y su casa en un country
Manuel Adorni presentó ante la Justicia su respuesta al requerimiento formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar la evolución de su patrimonio. El exjefe de Gabinete entregó un extenso escrito en el que contestó los 20 puntos incluidos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, antes del vencimiento de la prórroga concedida para responder. La defensa sostiene que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico suficiente para explicar los movimientos observados durante la investigación.
Como informó GrupoLaProvincia.com, un día antes de la presentación el expediente ingresaba en una semana decisiva por el vencimiento del plazo para contestar el cuestionario elaborado por la Fiscalía.
Los bitcoins, el principal argumento sobre los dólares
Uno de los puntos centrales del descargo está relacionado con la tenencia de dólares en efectivo. Según la documentación presentada por la defensa, Adorni había informado US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al finalizar 2024 bajo el concepto de “venta de activos”.
Los abogados sostienen que esos fondos provienen de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones habrían representado en total US$591.544,61. De acuerdo con el escrito, las billeteras registraron actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, varios años antes del ingreso de Adorni a la función pública.
La defensa también afirmó que las inversiones iniciales se financiaron con ahorros acumulados durante la actividad privada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Según su explicación, las criptomonedas fueron vendidas mediante operaciones personales y parte del dinero obtenido quedó conservado en efectivo fuera del sistema bancario.
Para respaldar la titularidad de las billeteras, los abogados indicaron que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano. También sostuvieron que esas claves quedaron entregadas en un sobre cerrado para una eventual verificación durante la investigación.
Qué dijo sobre las declaraciones juradas
Otro capítulo del descargo aborda las rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas anteriores. La defensa reconoce que existieron modificaciones, pero sostiene que fueron efectuadas antes de recibir el requerimiento fiscal y antes de una fiscalización de ARCA. También afirmó que se abonaron las obligaciones tributarias derivadas de esos cambios.
La Fiscalía había reconstruido ingresos lícitos comprobados por $229,75 millones frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272,82 millones, una diferencia de aproximadamente $43,07 millones. La defensa considera que esa brecha puede explicarse mediante la documentación aportada y otras partidas que, según plantea, todavía requieren conciliación.
El escrito también responde distintos requerimientos vinculados con movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, gastos, deudas, tarjetas de crédito y activos virtuales.
La discusión por la remodelación de la casa en Indio Cuá
La vivienda ubicada en el country Indio Cuá constituye otro de los ejes del expediente. La Fiscalía pidió precisiones sobre la adquisición del lote y sobre los fondos destinados a las reformas realizadas en la propiedad.
Según la defensa, el terreno fue adquirido por US$120.000: US$100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria y los US$20.000 restantes en efectivo. En cuanto a la remodelación, los abogados rechazaron que el monto efectivamente pagado al contratista haya sido de US$245.000 y afirmaron que el desembolso fue de US$175.000.
Para sostener esa cifra, la presentación incorpora una valuación realizada por un arquitecto contratado por la defensa, que estimó el valor técnico de los trabajos en US$174.954,58. Los abogados también cuestionaron distintas planillas y comprobantes incorporados previamente al expediente.
Qué puede pasar ahora en la causa
Con la presentación incorporada al expediente, corresponderá que la Fiscalía y el juzgado analicen las explicaciones y la documentación aportadas. El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia previa a una eventual convocatoria a declaración indagatoria, aunque esa decisión dependerá de la evaluación judicial del material reunido y del descargo presentado por la defensa.
Adorni y su defensa sostienen que los activos cuestionados tienen un origen previo a su ingreso al Estado y que no existió un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública. Esa posición deberá ahora ser contrastada por los investigadores con la documentación y las pruebas incorporadas a la causa.