Diputados avanza con límites a la venta de tierras a extranjeros: qué propone el nuevo régimen bonaerense
La discusión por la propiedad de la tierra rural volvió a moverse en la Legislatura bonaerense. La Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados aprobó y unificó dos proyectos que buscan establecer un régimen propio para regular la presencia extranjera sobre campos bonaerenses, fijar límites de superficie y aumentar los controles en áreas consideradas estratégicas.
La propuesta reúne el expediente D-2709/26-27, presentado por Noelia Saavedra, Cintia Romero y Facundo Tignanelli, y el D-2749/26-27, impulsado por Sofía Vannelli, Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera. Los dos habían ingresado a la Cámara entre fines de julio y comienzos de agosto y tenían como primer giro justamente la comisión que preside Saavedra.
El punto central es el establecimiento de un techo para la propiedad extranjera. La propuesta fija en 15% el límite a la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras, tanto sobre el total del territorio rural bonaerense como dentro de cada partido. El criterio reproduce uno de los principales parámetros de la Ley nacional 26.737.
Además, el esquema alcanza a personas extranjeras que no acrediten al menos diez años de residencia en el país y a sociedades en las que el capital extranjero tenga capacidad para determinar la voluntad empresarial. También contempla empresas constituidas en el exterior y sociedades locales con más del 51% de participación foránea, de acuerdo con las condiciones fijadas en el proyecto.
El texto incorpora excepciones vinculadas con el arraigo. Entre ellas aparecen extranjeros con diez años de residencia permanente, personas con hijos argentinos y cinco años de residencia continua y quienes estén casados con ciudadanos argentinos y acrediten los plazos previstos por la norma.
Las 1.000 hectáreas y la zona núcleo
El porcentaje provincial no es el único límite. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, para la denominada zona núcleo bonaerense, el proyecto establece que un mismo titular extranjero no podrá superar las 1.000 hectáreas rurales. Ese criterio abarca a distritos como Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.
El límite recupera otro de los ejes de la legislación nacional sancionada en 2011, que fijó un máximo de superficie para propietarios extranjeros en las áreas de mayor productividad agropecuaria.
Otro de los capítulos centrales es la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales. La herramienta deberá reunir información sobre los inmuebles rurales que estén en manos extranjeras, identificar a sus titulares y controlar las operaciones alcanzadas por el régimen. También tendrá entre sus funciones emitir los certificados necesarios antes de concretar transferencias de propiedad.
El proyecto no se limita a las compraventas tradicionales. Incluye adquisiciones, transferencias, cesiones de derechos posesorios y modificaciones societarias que puedan implicar un cambio en el control efectivo de una propiedad.
También incorpora disposiciones destinadas a impedir que las restricciones sean eludidas mediante personas o sociedades interpuestas. La iniciativa considera esas maniobras como simulaciones ilícitas y prevé la nulidad de los actos realizados en esas condiciones.
El texto unificado suma además las denominadas zonas de protección territorial estratégica. Allí aparecen cuencas hídricas, humedales, islas, costas, reservas naturales, áreas protegidas, cinturones hortícolas, zonas periurbanas y territorios vinculados con la agricultura familiar. Para operaciones con participación extranjera en esos sectores se prevén controles adicionales y autorización de la autoridad provincial.
El criterio contempla que una operación pueda ser rechazada cuando comprometa cuestiones como el acceso al agua, la producción local, la agricultura familiar, el arraigo territorial o la conservación de recursos naturales.
También se establecen restricciones específicas sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de importancia, uno de los aspectos que ya forma parte de la Ley nacional 26.737 actualmente vigente por efecto de una medida cautelar.
La iniciativa crea además un Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Según el texto aprobado en comisión, el organismo estará integrado por representantes de los ministerios bonaerenses de Justicia, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad, con intervención en el seguimiento y aplicación del régimen.
La presidenta de la Comisión de Tierras defendió el avance del proyecto y puso sobre la mesa los datos de extranjerización existentes en la Provincia. De acuerdo al Registro Nacional de Tierras Rurales, Buenos Aires tiene 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% de su superficie rural.
El promedio provincial está por debajo del techo del 15%, pero la distribución no es uniforme. Los datos incorporados a los fundamentos de la iniciativa señalan que en Zárate la participación extranjera alcanza el 24,8% de las tierras rurales, mientras que en Campana llega al 50,2%.
Esos números son una de las razones por las que el proyecto no fija solamente un porcentaje máximo sobre toda la provincia de Buenos Aires, sino que pretende que el 15% opere también individualmente en cada partido. El diseño busca evitar que un porcentaje provincial bajo conviva con concentraciones mucho mayores dentro de determinados municipios.
La discusión nacional cambió mientras avanzaba el proyecto bonaerense
El escenario en el Congreso, sin embargo, ya no es exactamente el mismo que existía cuando se presentaron las iniciativas provinciales.
El Gobierno nacional había incluido en su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo que modificaba de manera profunda la Ley 26.737. Entre otros puntos, la propuesta original buscaba eliminar el límite general del 15%, el máximo para una misma nacionalidad y la restricción de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Pero el oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para ese capítulo. Antes de la votación en el Senado, decidió retirarlo y la Cámara alta terminó dando media sanción únicamente a las partes restantes del proyecto. El expediente pasó a Diputados sin las modificaciones sobre tierras rurales.