La oposición pone fecha a la pulseada por el DNU 70/2023: qué regulaciones quedarían bajo revisión
La Cámara de Diputados se prepara para una nueva disputa alrededor del DNU 70/2023, uno de los decretos de mayor alcance dictados durante el gobierno de Javier Milei. Sectores de la oposición convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de completar el rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.
El movimiento parlamentario tomó impulso después del reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata por una cuestión de legitimación procesal del CECIM, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación. Como consecuencia, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU que había dejado sin efecto la Ley 26.737.
Como informó GrupoLaProvincia.com, el Senado ya rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Para que un DNU pierda vigencia bajo el régimen actual, ambas cámaras deben rechazarlo expresamente. Diputados todavía no adoptó esa decisión.
La oposición busca reunir el quórum para el 15 de octubre
El pedido de sesión especial cuenta hasta ahora con un piso de 111 diputados, según la reconstrucción publicada este jueves, todavía por debajo de los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto. Las negociaciones se concentran por eso en bloques opositores, espacios provinciales y legisladores vinculados con gobernadores.
El temario incorpora además iniciativas sobre endeudamiento familiar y discapacidad. La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, cuya concentración fue trasladada al Congreso.
Una vez conseguido el quórum, el rechazo del DNU requeriría mayoría simple de los presentes. Como la Cámara alta ya votó en contra del decreto en 2024, una negativa de Diputados completaría el trámite parlamentario y dejaría al DNU sin vigencia.
Qué pasaría con la Ley de Tierras
Uno de los efectos más relevantes alcanzaría al régimen de propiedad de tierras rurales.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un máximo del 15% de titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental. También contemplaba limitaciones vinculadas con determinadas áreas y recursos estratégicos. El artículo 154 del DNU dispuso su derogación.
Si Diputados completara el rechazo, el decreto perdería vigencia hacia adelante. Las fuentes consultadas advierten, sin embargo, que los efectos no serían retroactivos sobre los actos realizados durante el período en que estuvo vigente.
Alquileres, prepagas y otras regulaciones alcanzadas
El impacto potencial excede ampliamente a la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 derogó o modificó centenares de disposiciones económicas, comerciales y administrativas.
Entre ellas aparece el régimen de alquileres. El decreto derogó la Ley 27.551 e introdujo cambios en el Código Civil y Comercial que ampliaron la libertad contractual para fijar duración, moneda y mecanismos de actualización. Una eventual caída del DNU abriría la discusión sobre qué parte del régimen anterior recuperaría vigencia y cómo quedarían los contratos firmados bajo las reglas actuales.
También quedaría bajo revisión el esquema de obras sociales y empresas de medicina prepaga. El decreto introdujo modificaciones en la libre elección de prestadores y eliminó restricciones sobre las cuotas, entre otros cambios. En este caso, el escenario debería contemplar también las normas dictadas posteriormente.
Otro capítulo corresponde a la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, ambas derogadas por el DNU. La primera otorgaba al Estado facultades de intervención sobre precios y abastecimiento, mientras que la segunda regulaba la exhibición de productos y la participación de distintos proveedores en grandes superficies comerciales.
Empresas públicas, comercio exterior y telecomunicaciones
El decreto también modificó el régimen de las empresas estatales y habilitó su transformación en sociedades anónimas. Un rechazo definitivo alcanzaría esas modificaciones, aunque el efecto sobre cada empresa dependería de las leyes y decisiones administrativas adoptadas posteriormente.
En materia de comercio exterior, el DNU cambió disposiciones del Código Aduanero y eliminó determinadas restricciones. En telecomunicaciones, introdujo modificaciones que facilitaron el ingreso y operación de prestadores de internet satelital. Ambos esquemas entrarían en una instancia de revisión normativa si el decreto perdiera vigencia.
El capítulo laboral presenta una situación diferente. Varias disposiciones fueron judicializadas y durante 2026 el Congreso sancionó una reforma laboral, por lo que la eventual caída del decreto no significaría un regreso automático y uniforme al régimen de diciembre de 2023. El impacto debería evaluarse norma por norma.
La discusión del 15 de octubre, por lo tanto, excede el conflicto puntual por la Ley de Tierras. Lo que estará en debate es la continuidad de un decreto que modificó numerosos marcos regulatorios y que, después de casi tres años de vigencia, ya convive con leyes, contratos, decisiones judiciales y actos administrativos posteriores.