AySA: cuatro legisladores buscan frenar la venta y reclaman un dato que el Gobierno mantiene reservado
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó este viernes 9 de octubre un nuevo frente judicial. Cuatro legisladores nacionales presentaron una acción de amparo para exigir que el gobierno de Javier Milei revele la tasación oficial de la empresa y solicitaron una medida cautelar destinada a suspender la adjudicación del 90% de sus acciones hasta que se conozcan los estudios utilizados para determinar su valor.
La presentación fue impulsada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), organismo dependiente del Ministerio de Economía y conducido por Diego Martín Chaher.
El reclamo llegó un día después de la apertura de las ofertas económicas para adquirir la participación estatal en AySA. En esa instancia, el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX Aqua presentó la propuesta más elevada, de US$340,2 millones, por encima de los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio.
Sin embargo, los legisladores sostienen que todavía no cuentan con los elementos necesarios para establecer si el monto ofertado se corresponde con la valuación oficial de la compañía.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. La presentación solicita una suspensión preventiva, pero no implica que la Justicia ya haya ordenado detener la privatización.
Qué información reclaman los legisladores sobre la privatización de AySA
El eje principal del amparo es el acceso a los documentos utilizados por el Gobierno para definir el valor económico de AySA antes de avanzar con su transferencia al sector privado.
Los integrantes de la Comisión Bicameral solicitaron que la Justicia ordene a la ATEP entregar dos documentos fundamentales.
El primero es el texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, fechada el 1 de abril de 2026, que, según los demandantes, declaró reservados los informes de tasación de las empresas públicas incluidas en los procesos de privatización.
Los legisladores denuncian que esa disposición no fue publicada en el Boletín Oficial y cuestionan que pueda utilizarse para restringir información vinculada con la venta de activos estatales.
El segundo documento requerido es el informe integral de valuación de AySA, incluyendo los criterios técnicos utilizados, las proyecciones económicas consideradas y la tasa de descuento aplicada para calcular el valor de la empresa.
El objetivo es conocer cuánto vale oficialmente la compañía, qué organismo intervino en el procedimiento y qué metodología se utilizó para establecer ese monto.
Los demandantes también cuestionaron las respuestas que recibieron después de solicitar la documentación por vías administrativas.
Según consta en la presentación, realizaron pedidos de información el 12 de agosto y el 28 de septiembre. La respuesta de la agencia, firmada por Chaher el 1 de octubre, invocó el carácter reservado de los informes y objetó la legitimación de los legisladores para acceder a ellos.
Para los firmantes del amparo, esa negativa obstaculiza las funciones de supervisión que el Congreso debe ejercer sobre los procesos de privatización.
La resolución reservada y el cuestionamiento al método de tasación
Los legisladores fundamentaron su reclamo en la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y en las atribuciones de control parlamentario previstas para la Comisión Bicameral.
En particular, mencionaron el artículo 14 de la Ley 23.696, que establece obligaciones de información hacia la comisión encargada de supervisar los procesos de privatización.
Según argumentaron, la existencia de una declaración general de reserva no debería impedir que los organismos parlamentarios accedan a la documentación necesaria para evaluar una operación de esta magnitud.
La presentación también incorporó cuestionamientos sobre la metodología de valuación utilizada por el Ejecutivo.
Los legisladores sostienen que, a partir de la Ley Bases y su reglamentación, el Gobierno habría desplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación de determinadas funciones vinculadas con la valuación de empresas públicas.
Según el planteo, esa tarea fue derivada a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que emplearía el método de Flujo Neto de Fondos Descontados.
Ese procedimiento permite estimar el valor presente de una empresa mediante proyecciones de ingresos y egresos futuros. Su resultado depende, entre otros factores, de los flujos proyectados y de la tasa utilizada para descontarlos.
Los demandantes consideran necesario conocer esos parámetros porque, según advirtieron, determinadas hipótesis podrían conducir a una valuación inferior al valor que atribuyen a los activos estatales.
Sin embargo, la presentación no demuestra por sí misma que AySA haya sido subvaluada. Esa cuestión dependerá de la documentación que pueda incorporarse al expediente y de las evaluaciones correspondientes.
Además del informe integral de AySA, los legisladores solicitaron documentación vinculada con las actuaciones del Tribunal de Tasaciones, incluyendo pedidos de valuación, actas y la Resolución TTN 88/2025.
El pedido para suspender la adjudicación y evitar posibles perjuicios
La acción judicial incluye una solicitud de medida cautelar destinada a impedir que el procedimiento administrativo avance hacia la adjudicación antes de que se entregue la información reclamada.
Concretamente, los cuatro legisladores pidieron suspender la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 y que el Gobierno se abstenga de suscribir el contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se conozca la tasación oficial.
El argumento central es que una adjudicación realizada sin posibilidad de controlar previamente el valor de la compañía podría generar consecuencias patrimoniales difíciles de revertir.
En el escrito, los demandantes advirtieron sobre el riesgo de una "lesión grave e irreparable al erario público", si se concreta la operación sin que exista acceso a los antecedentes de la tasación.
También aclararon que el pedido de suspensión tiene carácter temporal y no pretende necesariamente cancelar de manera definitiva el proceso de privatización.
La presentación busca que la adjudicación quede condicionada al cumplimiento de las obligaciones de información reclamadas por los legisladores.
Además, solicitaron que se declare la nulidad de la reserva establecida mediante la Resolución ATEP 1/2026.
Entre los antecedentes acompañados al amparo figuran los pedidos administrativos realizados ante la agencia, la respuesta de su titular y una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La oferta de US$340,2 millones que abrió una nueva etapa para AySA
La presentación judicial se produjo inmediatamente después de que el Ministerio de Economía completara la apertura de las propuestas económicas para transferir el 90% del paquete accionario de AySA.
Como informó GrupoLaProvincia.com, un consorcio integrado por empresas argentinas y capitales extranjeros presentó la oferta más alta, de US$340,2 millones, y superó por US$55,2 millones a su competidor.
El grupo está conformado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua, con participación de los empresarios Walter Román y Mauricio Filiberti.
La propuesta económica quedó por debajo de las expectativas de recaudación difundidas durante el proceso, que se ubicaban entre US$450 millones y US$500 millones.
La licitación no estableció un precio mínimo de venta y la operación todavía debe atravesar las instancias de evaluación y adjudicación correspondientes.
El futuro operador administrará los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, en un área de prestación que alcanza a aproximadamente 14 millones de habitantes.
La privatización contempla una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de extensión, y compromisos de inversiones, mantenimiento y expansión de las redes.
Para el período 2027-2031, el plan de acción previsto por el Gobierno contempla erogaciones por aproximadamente $2,89 billones, calculadas a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
En ese escenario, el nuevo amparo introduce una discusión sobre los mecanismos de control y transparencia que deben aplicarse antes de concretar el traspaso accionario.
Por ahora, la Justicia deberá resolver si corresponde suspender preventivamente la adjudicación y ordenar la entrega de los documentos requeridos. Hasta que exista una decisión, la presentación de los legisladores constituye un nuevo cuestionamiento judicial al procedimiento de privatización, pero no una paralización dispuesta por los tribunales.