Espinoza pidió suspender la adjudicación de AySA y hacer pública su tasación
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó que se haga pública la tasación de AySA y se suspenda su adjudicación hasta que la Justicia y el Congreso concluyan los controles sobre el proceso de privatización. En una serie de publicaciones difundidas en sus redes sociales, también exigió que los municipios involucrados participen de las decisiones sobre el futuro del servicio.
“Un bien del Estado no puede venderse sin transparencia y control institucional”, sostuvo. El jefe comunal expresó su rechazo a la política del gobierno de Javier Milei sobre los recursos naturales y denunció presuntas irregularidades en el procedimiento de venta de la compañía.
Su planteo se concentró en el acceso a la información sobre el valor de AySA, los mecanismos de supervisión y las condiciones bajo las cuales se prestarían los servicios de agua potable y saneamiento.
Los cuestionamientos sobre la tasación y el control del Congreso
Espinoza pidió que la Justicia investigue las denuncias de legisladores peronistas acerca de presuntos cambios en el organismo encargado de tasar las empresas públicas, el método de valuación y la reserva de sus resultados.
El intendente sostuvo que no existe una habilitación legal para ocultar el valor de un activo público puesto en venta. También cuestionó lo que describió como falta de información a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
En sus publicaciones, se refirió además a denuncias sobre posibles conflictos de intereses. Según señaló, uno de los consorcios oferentes incluiría empresas vinculadas con aportantes de la campaña de La Libertad Avanza de 2023 y con una proveedora de insumos de AySA.
Esos señalamientos formaron parte de su reclamo de intervención judicial y control parlamentario antes de que avance la adjudicación.
Tarifas, expansión de cloacas y participación municipal
Otro eje de sus declaraciones fue el posible impacto del cambio de gestión sobre los hogares. Espinoza cuestionó que las tarifas queden, según su interpretación, libradas al mercado y advirtió sobre las dificultades de las familias para afrontar servicios, alimentos y medicamentos.
También expresó preocupación por los criterios que podrían orientar las obras de saneamiento. A su juicio, una expansión definida exclusivamente por la relación entre costos y beneficios podría relegar a los sectores más vulnerables.
“El agua potable y el saneamiento son derechos humanos, no una mercancía”, afirmó. Desde esa posición, sostuvo que los gobiernos locales deben intervenir en las decisiones porque conviven con las consecuencias de la prestación y con las necesidades de ampliación de las redes.
El reclamo final reunió tres pedidos: conocer la tasación de AySA, suspender la adjudicación hasta que concluyan los controles judiciales y legislativos, y convocar a los municipios para defender los intereses de las comunidades alcanzadas por el servicio.