De 128 medicamentos a seis: el recorte de Milei a Remediar y la presión sobre las provincias
El gobierno de Javier Milei oficializó esta semana una reducción del listado de medicamentos esenciales del Plan Remediar, que pasó de una nómina de 128 medicamentos a seis principios activos. La decisión modifica una política sanitaria que durante casi 24 años permitió distribuir gratuitamente remedios en centros de atención primaria de todo el país y profundiza la discusión sobre el financiamiento de la salud pública.
La medida fue establecida mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada el jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa, firmada por el ministro Mario Lugones, derogó el listado aprobado en 2021 y lo reemplazó por otro concentrado en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.
El cambio alcanza a un programa creado en 2002, tras la crisis económica y social, que llegó a distribuir medicamentos en más de 8.000 establecimientos sanitarios. Su funcionamiento permitió que personas sin obra social ni cobertura privada recibieran los tratamientos indicados directamente en los centros de salud, sin tener que comprarlos en una farmacia.
De acuerdo con el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), alrededor de 16,3 millones de argentinos dependen exclusivamente del sistema público de salud, lo que dimensiona la importancia del abastecimiento estatal de medicamentos.
Qué medicamentos quedan y cuáles salen del listado
La nueva nómina nacional conserva únicamente ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Son medicamentos utilizados para prevenir complicaciones cardiovasculares, controlar la hipertensión arterial y reducir los niveles de colesterol.
En cambio, dejaron de formar parte del nuevo listado de referencia fármacos de uso habitual como metformina, indicada para la diabetes tipo 2; levotiroxina, utilizada contra el hipotiroidismo; amoxicilina, uno de los antibióticos más frecuentes; y salbutamol, empleado en tratamientos respiratorios como el asma.
También quedaron fuera de esa nómina la loratadina, utilizada para cuadros alérgicos; el fluconazol, indicado para determinadas infecciones por hongos; y distintos anticonceptivos.
La modificación afecta especialmente a personas que requieren medicación permanente, pero también a niños que necesitan antibióticos o antifebriles y embarazadas que reciben suplementos durante sus controles prenatales.
La médica de familia e investigadora Camila Volij advirtió que la reducción compromete el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas, afecciones respiratorias e infecciones agudas. Para quienes dependen del sistema público, la posibilidad de sostener esas terapias quedará más vinculada a la disponibilidad de medicamentos en cada jurisdicción.
Desde la cartera sanitaria nacional, la decisión fue fundamentada en la necesidad de concentrar recursos sobre las principales causas de mortalidad. El nuevo esquema forma parte del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que busca fortalecer la detección temprana y el tratamiento de factores de riesgo cardiovascular.
Según los datos utilizados para fundamentar esa política, en 2024 se registraron 105.130 muertes por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% de los fallecimientos. El Ministerio también sostiene que entre el 34% y el 40% de los adultos presenta hipertensión arterial, una de las principales condiciones asociadas con infartos y accidentes cerebrovasculares.
La resolución establece que el listado tendrá carácter orientativo para las compras centralizadas, la planificación logística y la provisión de medicamentos, mientras mantiene las responsabilidades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para otras enfermedades.
Un programa que ya acumulaba fuertes recortes
La decisión de octubre llega después de un proceso de reducción presupuestaria y operativa que comenzó antes de la modificación normativa.
El presupuesto destinado a Remediar cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026, según los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación. Para este año, los recursos asignados al programa rondaron los $36.000 millones, muy por debajo de los niveles registrados al comienzo de la actual gestión.
La disminución también se reflejó en la cantidad de tratamientos distribuidos. Un relevamiento del CIIPS estableció que las entregas pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, lo que representa una contracción del 62% en tres años.
Parte de esa reducción tardó en hacerse visible porque las compras realizadas durante 2023 habían dejado existencias suficientes para amortiguar los faltantes durante 2024 y buena parte de 2025.
El mismo estudio mostró que el abastecimiento mediante botiquines se redujo considerablemente y que las entregas dejaron de alcanzar con la misma intensidad a los establecimientos sanitarios.
La caída tampoco fue uniforme. Entre 2024 y 2025, los tratamientos dispensados disminuyeron 72,4% en Chaco, 70% en Salta, 64,5% en Mendoza, 61,6% en Santiago del Estero y 61% en Misiones. En el otro extremo, Río Negro registró una reducción del 2,3%.
Las diferencias reflejan un problema que atraviesa al sistema sanitario argentino: las provincias con mayor proporción de población sin cobertura privada suelen disponer de menos recursos para compensar la reducción del abastecimiento nacional.
Algunas jurisdicciones comenzaron a financiar compras propias, mientras otras recurrieron a laboratorios públicos para sostener parte de los tratamientos. Sin embargo, la capacidad de respuesta depende de los presupuestos locales, las estructuras de adquisición y la disponibilidad de medicamentos.
Provincias bajo presión y advertencias sanitarias
La modificación también abrió un conflicto político por el reparto de responsabilidades entre Nación y las administraciones provinciales.
La resolución mantiene las obligaciones sanitarias de cada jurisdicción, pero la reducción de las compras centralizadas nacionales implica una mayor presión financiera para sostener los medicamentos excluidos, especialmente en las provincias que dependen en mayor medida de las transferencias federales.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, exministro de Salud de Tucumán, cuestionó la medida y advirtió que las compras nacionales de gran escala permitían obtener precios que las administraciones provinciales difícilmente podrán igualar.
El legislador también señaló que el recorte puede dejar a pacientes sin posibilidades económicas de completar los tratamientos indicados después de atenderse en un centro público.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz reclamó explicaciones a Lugones en el Congreso y cuestionó que Nación reduzca su participación en la provisión de medicamentos sin incorporar recursos adicionales para las jurisdicciones.
Desde el ámbito provincial también surgieron críticas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la decisión como “un brutal y asesino ajuste que impacta en la salud de la gente” y recordó que Remediar llegó a cubrir tratamientos vinculados con el 85% de las enfermedades más frecuentes.
En Formosa, el defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca advirtió sobre el impacto de la medida en una provincia con fuertes necesidades de asistencia pública y vinculó la reducción del programa con el aumento del precio de los remedios.
El funcionario señaló que, entre junio y septiembre, los medicamentos acumularon una suba del 7,12%, frente al 5,81% del índice general de precios. También indicó que durante septiembre los productos farmacéuticos aumentaron 2,4%, por encima de la inflación general del 1,9%.
El encarecimiento agrega presión sobre las familias que deben comprar parte de la medicación que anteriormente recibían sin costo en los establecimientos públicos.
Las advertencias también llegaron desde el sector médico. Oscar Atienza sostuvo que la interrupción de tratamientos crónicos podría provocar un aumento de los accidentes cerebrovasculares, infartos y otras complicaciones evitables, especialmente entre adultos mayores y pacientes con hipertensión.
El especialista remarcó que la falta de acceso regular a los antihipertensivos puede comprometer el control de la presión arterial y derivar en cuadros que requieren internaciones de mayor complejidad.
El nuevo esquema nacional ya está vigente y la resolución no contempla partidas presupuestarias adicionales para su implementación. Con las compras centralizadas concentradas en seis principios activos, la continuidad de otros tratamientos esenciales dependerá cada vez más de los recursos y mecanismos de provisión de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Así, la modificación de Remediar no solamente redefine la política nacional de medicamentos: también cambia las condiciones de acceso a la atención primaria en un sistema público que enfrenta demandas crecientes y marcadas diferencias de financiamiento entre jurisdicciones.