La convivencia escolar bajo nuevas reglas: el desafío de la Provincia para llevar los cambios a las aulas
La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el martes 20 de octubre tres iniciativas que buscan modificar la respuesta de las escuelas frente al uso de pantallas, la violencia digital y las dificultades de bienestar emocional. La sesión cerró el recorrido parlamentario de proyectos impulsados por distintos espacios políticos y trasladó una tarea central al gobierno de Axel Kicillof: definir cómo se aplicarán las disposiciones y con qué herramientas contarán los equipos educativos.
La denominada Ley Ema, la regulación de celulares en las secundarias y la Ley de Promoción del Bienestar Emocional recibieron sanción definitiva luego de regresar del Senado con modificaciones. Aunque habían sido presentadas en momentos diferentes, confluyeron en una agenda que combina prevención, convivencia escolar y cuidado de niños y adolescentes. La novedad es que los expedientes dejaron de esperar una votación: ahora comienza la etapa que deberá convertir las leyes en prácticas concretas.
Pantallas: una regla común y dudas sobre cómo cumplirla
El proyecto del diputado Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, amplía al nivel secundario la regulación que la Ley 15.534 ya había establecido para la primaria en 2025. La nueva norma alcanza a escuelas estatales y privadas y adopta como principio la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo cuando el docente los requiera o autorice expresamente para cumplir objetivos pedagógicos.
No se trata de impedir que los alumnos lleven un celular al colegio, sino de limitar su uso mientras permanecen en él. La distinción importa para un sistema que reúne alrededor de 1,4 millones de estudiantes secundarios: los teléfonos podrán seguir siendo recursos educativos, pero no quedar disponibles permanentemente para mensajes, redes sociales, juegos o contenidos ajenos al aprendizaje.
Rozas defendió la medida como una herramienta para recuperar la atención y la interacción entre compañeros sin desconocer la utilidad de la tecnología. El texto prevé instrucciones, protocolos y recomendaciones para la comunidad educativa, además de evaluaciones que permitan introducir ajustes. Falta definir cómo se organizarán los controles y qué procedimientos podrán utilizar docentes y directivos ante incumplimientos.
Ese punto ya había provocado reclamos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, pidió autonomía para que cada establecimiento decida cómo aplicar las restricciones según su proyecto pedagógico y respaldo normativo ante posibles desacuerdos con las familias. Las escuelas vienen ensayando distintas modalidades, desde teléfonos apagados en mochilas hasta casilleros o lugares de guarda.
La experiencia de primaria suma una dificultad. La Ley 15.534 contempló 180 días para su reglamentación, pero la aplicación general seguía pendiente en octubre. El senador Emmanuel González Santalla reclamó al gobernador y a las autoridades educativas que avanzaran con pautas claras. La nueva sanción amplía el alcance de las reglas, aunque no resuelve por sí sola los problemas que surgieron al intentar aplicarlas.
Ley Ema: del ciberacoso a las imágenes manipuladas con IA
La segunda decisión fue la sanción definitiva de la Ley Ema, surgida del caso de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en 2024 después de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Su madre, Laura Sánchez, participó activamente en el impulso de la norma, que reunió iniciativas de Mayra Mendoza y de la senadora Laura Clark. El Senado unificó los proyectos y Diputados terminó de aprobar el articulado el 20 de octubre.
La ley crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Comprende a estudiantes, docentes, directivos, personal no docente y familias de escuelas públicas y privadas. Busca establecer mecanismos frente al ciberacoso, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, extorsión, exposición de datos personales y agresiones mediante imágenes creadas o modificadas con inteligencia artificial.
También incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688. Privacidad, consentimiento, derechos en internet y uso crítico de tecnologías deberán trabajarse de manera transversal. La propuesta contempla capacitación obligatoria y continua para el personal escolar y actualización de orientaciones para detectar casos, intervenir y acompañar a las víctimas. El objetivo no se limita a sancionar conductas: apunta a prevenir daños y actuar antes de que se amplifiquen.
Las denuncias surgidas en colegios de Lomas de Zamora e Ituzaingó mostraron la urgencia de esas herramientas. Allí se investigan acusaciones por fotografías de alumnas manipuladas mediante inteligencia artificial para producir imágenes sexuales falsas. A partir de esos episodios, el diputado radical Diego Garciarena presentó un pedido de informes de once puntos sobre protocolos, protección de las estudiantes afectadas y registros de violencia digital correspondientes a 2024, 2025 y 2026.
El planteo de la UCR también solicita precisar cómo se preserva la evidencia, quién comunica los hechos a las familias y qué organismos intervienen cuando el conflicto supera a la escuela. La Provincia ya contaba con iniciativas como Cuidarnos en Red y una guía de actuación ante situaciones conflictivas. La sanción de la Ley Ema suma un marco específico, pero la coordinación de las respuestas continúa en discusión.
Bienestar emocional: nuevos contenidos, responsabilidades pendientes
La tercera ley, impulsada por la diputada del Frente Renovador, Luciana Padulo, modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación para incorporar el bienestar emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La propuesta obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2025, pasó por el Senado el 6 de octubre y regresó a la Cámara baja por cambios de redacción. Allí consiguió la sanción definitiva.
En el jardín, promueve que los chicos aprendan a reconocer, comprender y gestionar sus emociones. En primaria incorpora el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales; en secundaria apunta a desarrollar competencias emocionales y prestar especial atención a la salud mental adolescente. No crea automáticamente una asignatura independiente ni establece una metodología única para todas las escuelas.
La Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Flavia Terigi, deberá traducir esos objetivos en propuestas pedagógicas y dispositivos institucionales. Padulo sostuvo que las escuelas necesitan espacios donde los estudiantes puedan expresar lo que atraviesan y recibir acompañamiento. El alcance efectivo dependerá de cómo se integren esos contenidos a la enseñanza y de la preparación de quienes deban desarrollarlos.
Las tres sanciones llegan, además, después del paro docente provincial del 1° de octubre, convocado tras agresiones denunciadas contra trabajadores de distintos establecimientos. Los sindicatos reclamaron prevención, respaldo institucional y respuestas rápidas frente a la violencia escolar. Sus planteos mantienen abierta una pregunta que atraviesa los tres proyectos: qué recursos tendrán los establecimientos para cumplir las nuevas obligaciones.
Con el trámite legislativo concluido, el próximo desafío ya no será reunir votos, sino definir responsabilidades y procedimientos: cómo se utilizarán los teléfonos, cómo se intervendrá ante una agresión digital y de qué manera se enseñarán las habilidades emocionales. Las leyes establecen un nuevo marco para las escuelas bonaerenses; su impacto dependerá de las decisiones que ahora adopten las autoridades educativas.