Los celulares abren otra disputa en Provincia: colegios privados piden autonomía y crece la presión por las leyes

La regulación del uso de celulares en las escuelas bonaerenses abrió un nuevo frente de discusión entre las instituciones educativas y las autoridades provinciales. Después de que el Senado avanzara con restricciones para el nivel secundario, los colegios privados reclamaron autonomía para decidir cómo administrar los dispositivos dentro de sus establecimientos y advirtieron que la ausencia de procedimientos claros podría derivar en conflictos con las familias.

El planteo fue formulado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que representa a más de 5.000 establecimientos educativos del país. Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que las nuevas disposiciones deben contemplar herramientas concretas para que docentes y directivos puedan intervenir cuando los alumnos incumplan las restricciones, sin quedar expuestos a cuestionamientos por parte de los padres.

La discusión llega después de que el Senado bonaerense aprobara el martes 6 de octubre, con modificaciones, el proyecto presentado por el diputado Martín Rozas, de Unión y Libertad, para regular las pantallas en las secundarias públicas y privadas. La iniciativa había obtenido media sanción de Diputados en diciembre de 2025 y establece límites al uso de teléfonos durante la jornada educativa, con excepciones vinculadas al aprendizaje.

Pero el debate no termina en las escuelas secundarias. La Ley 15.534, que ya establece restricciones para primaria, sigue sin una reglamentación general de aplicación, una demora que provocó reclamos del propio oficialismo y volvió a colocar bajo presión al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

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Los colegios privados piden autonomía y respaldo frente a las familias

La posición de AIEPA no rechaza la necesidad de establecer límites al uso de celulares, sino que cuestiona la posibilidad de aplicar reglas uniformes sin contemplar las particularidades de cada institución.

"Cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico", expresó Zurita.

El dirigente planteó que uno de los principales problemas aparece cuando los establecimientos intentan hacer cumplir sus propias restricciones. La retención temporal de un teléfono, por ejemplo, puede generar reclamos de las familias si no existe una normativa que establezca expresamente cuáles son las facultades de las autoridades escolares y qué procedimientos pueden utilizar.

Por eso, la entidad reclama un marco legal que proteja a estudiantes, docentes y directivos, con consecuencias definidas para los incumplimientos y mecanismos que permitan resolver los desacuerdos sin debilitar la autoridad institucional.

La situación no es nueva para los colegios privados. Durante los últimos años, numerosos establecimientos comenzaron a limitar voluntariamente el uso de pantallas mediante diferentes estrategias: teléfonos apagados dentro de las mochilas, dispositivos guardados en cajas al comenzar las clases o casilleros individuales donde los alumnos depositan sus equipos.

Sin embargo, esas experiencias tuvieron resultados dispares. En algunas instituciones, los controles iniciales se fueron flexibilizando con el paso del tiempo, mientras que otras sostuvieron prohibiciones más estrictas. La ausencia de criterios comunes también dejó a los equipos directivos frente a decisiones que debían negociar con estudiantes y familias.

Zurita remarcó, además, que la responsabilidad sobre el uso de las pantallas no puede recaer exclusivamente en las escuelas. Desde AIEPA consideran que la intervención de los adultos responsables resulta indispensable, especialmente porque los teléfonos ingresan a los establecimientos desde el ámbito familiar.

Qué establece la regulación para las secundarias bonaerenses

La iniciativa de Rozas, identificada con el expediente D-2370/24-25, apunta a establecer criterios comunes para las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de toda la provincia de Buenos Aires.

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El texto propone que los estudiantes no utilicen teléfonos celulares ni otras pantallas tecnológicas durante la jornada educativa, excepto cuando exista una autorización expresa de docentes o autoridades y los dispositivos formen parte de una actividad pedagógica.

La restricción no implica impedir que los alumnos lleven sus teléfonos a la escuela, sino limitar su utilización cuando no exista una finalidad educativa.

Así lo explicó la senadora radical Nerina Neumann, quien participó del debate legislativo. "No prohíbe llevar un celular a la escuela ni elimina totalmente su utilidad", aclaró durante una entrevista reciente.

La legisladora defendió la posibilidad de incorporar tecnología cuando contribuya al aprendizaje, pero sostuvo que las escuelas necesitan recuperar espacios de concentración e interacción entre alumnos y docentes. También señaló que la regulación debe tener una finalidad educativa y no limitarse a establecer sanciones.

El proyecto contempla que la autoridad de aplicación elabore instrucciones, recomendaciones y protocolos específicos para instrumentar las restricciones. Entre las cuestiones pendientes aparecen las modalidades de guarda de los teléfonos, la intervención de los docentes y los mecanismos para resolver eventuales incumplimientos.

El Senado aprobó la propuesta con modificaciones el 6 de octubre, por lo que todavía debe completarse el trámite legislativo correspondiente. No hay una fecha oficial establecida para su aplicación, que también dependerá de las disposiciones que se adopten para llevar las nuevas reglas a los establecimientos.

La discusión alcanza a un sistema que reúne aproximadamente 1,4 millones de estudiantes secundarios distribuidos en 4.040 centros educativos bonaerenses.

La ley para primaria y los reclamos que apuntan a Kicillof

Mientras avanza la regulación para secundaria, continúa la controversia por la Ley 15.534, impulsada por el senador provincial Emmanuel González Santalla, referente de La Cámpora.

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La norma fue sancionada el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de ese año. Su objetivo es promover el uso seguro y responsable de pantallas y restringir su utilización durante la jornada educativa de los alumnos de primaria, salvo requerimiento o autorización expresa del docente.

El texto también dispone campañas de información sobre los riesgos de la exposición temprana a dispositivos digitales y establece un plazo de 180 días para su reglamentación.

Sin embargo, la ausencia de una implementación general provocó cuestionamientos dentro del peronismo. El 22 de septiembre, González Santalla publicó un video en el que reclamó directamente a Kicillof y a Terigi que avanzaran con la aplicación de la norma.

El legislador sostuvo que las restricciones responden a la necesidad de proteger la salud física y emocional de niños y niñas, además de mejorar las condiciones de aprendizaje. También cuestionó que los docentes deban administrar los conflictos por el uso de teléfonos sin contar con directivas suficientemente claras de las autoridades educativas.

La discusión exhibe diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras sectores legislativos del peronismo impulsan reglas más estrictas, en la conducción educativa provincial se ha defendido un abordaje que priorice el criterio pedagógico y la intervención de los docentes por encima de las prohibiciones generales.

El exdirector general de Cultura y Educación Alberto Sileoni ya había expresado sus reparos frente a ese tipo de restricciones, aun cuando reconocía los problemas asociados al uso excesivo de dispositivos.

A los cuestionamientos de González Santalla se sumaron los del senador Marcelo Leguizamón, presidente del bloque Hechos-UCR Identidad, quien defendió el consenso legislativo alcanzado para regular las pantallas en primaria y cuestionó las posiciones expresadas desde la cartera educativa.

La controversia adquiere mayor relevancia después de la nueva votación del Senado: la Provincia deberá resolver cómo trasladar a las escuelas secundarias las limitaciones propuestas mientras todavía persisten diferencias sobre la aplicación efectiva de la normativa del nivel primario.

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Pantallas, violencia digital y experiencias que ya funcionan en las aulas

Las discusiones legislativas coinciden con una preocupación creciente por otros problemas asociados al uso de tecnología entre adolescentes: distracción durante las clases, ciberacoso, apuestas online y circulación de imágenes privadas sin consentimiento.

Esta semana, las denuncias por la presunta manipulación mediante inteligencia artificial de fotografías de alumnas de un colegio de Lomas de Zamora volvieron a instalar el debate sobre la violencia digital y las herramientas disponibles para prevenirla dentro de las instituciones educativas.

El problema también forma parte de la agenda parlamentaria bonaerense. El Senado aprobó con modificaciones la denominada Ley Ema, que propone crear un programa provincial para prevenir y abordar situaciones de violencia digital en establecimientos educativos. El expediente deberá regresar a Diputados para completar su sanción.

Mientras tanto, distintas escuelas comenzaron a desarrollar estrategias propias para reducir la dependencia de los dispositivos.

En Mar del Plata, la Escuela de Educación Secundaria N° 64 puso en marcha un proyecto destinado a estudiantes de primero y segundo año para limitar el uso de celulares durante las actividades escolares.

La propuesta incluye una campaña de donación de diccionarios físicos organizada junto con el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de Agustina Ibañez.

La iniciativa busca que los alumnos puedan realizar consultas sin recurrir permanentemente a las pantallas y, ante la respuesta recibida, se abrió la posibilidad de extenderla a otros establecimientos.

Los ejemplares pueden entregarse en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, ubicado en el Complejo Universitario de la UNMdP, Funes 3350, Mar del Plata.