De las apuestas online a la Ley Ema: Diputados bonaerense prepara su próxima sesión

La Cámara de Diputados bonaerense apunta al martes 20 de octubre para celebrar su sexta sesión ordinaria del año, con una agenda que combina el intento de avanzar sobre la regulación de las apuestas online y el tratamiento de proyectos que ya obtuvieron media sanción del Senado. La conducción de Alejandro Dichiara trabaja sobre un temario que podría incluir la Ley Ema, la emergencia de las empresas recuperadas, la gestión de desastres y herramientas para financiar obras hídricas.

La discusión principal gira alrededor del expediente D-3634/26-27, impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, referentes de La Cámpora. El proyecto propone modificar las condiciones de funcionamiento de las plataformas de apuestas, endurecer los controles de acceso, restringir la publicidad y establecer aportes obligatorios para financiar políticas de salud mental, municipios, clubes de barrio y entidades comunitarias.

La intención del oficialismo es conseguir un dictamen antes del 20 de octubre y llevar la iniciativa al recinto. Para eso deberá superar el trabajo en comisiones y cerrar acuerdos con sectores opositores que también presentaron propuestas sobre ludopatía y apuestas digitales.

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La negociación por las apuestas online entra en una semana decisiva

El primer movimiento tiene fecha confirmada. El miércoles 14 de octubre, a las 12, se reunirá la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Olivetto. La convocatoria establece una reunión ordinaria e informativa destinada específicamente a debatir el proyecto de regulación integral.

El expediente, que obtuvo estado parlamentario el 29 de septiembre, tiene asignado su tratamiento en tres comisiones: Juegos de Azar, Legislación General y Presupuesto e Impuestos. Por ahora no registra despachos, de modo que los próximos encuentros serán determinantes para definir si llega a la sesión prevista.

La hoja de ruta del oficialismo contempla un plenario conjunto para el lunes 19 de octubre. Para esa jornada también se espera la participación del presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, cuyo organismo interviene en la fiscalización de las plataformas habilitadas y en las políticas de prevención del juego problemático.

El recorrido legislativo no parte de cero. Durante septiembre, la comisión reunió más de veinte proyectos de ley vinculados con las apuestas digitales, además de iniciativas declarativas y pedidos de informes. Las propuestas provienen de distintos bloques y muestran coincidencias en controles de edad, publicidad y prevención, aunque mantienen diferencias sobre el alcance de las restricciones.

Tignanelli, presidente de la bancada de Unión por la Patria, comenzó a explorar respaldos por fuera del peronismo. Durante la presentación del proyecto destacó la presencia de Martín Rozas, titular del bloque Unión y Libertad, y de Gustavo Cuervo, presidente de Nuevos Aires. Rozas figura, además, entre los coautores del expediente.

El legislador anticipó que buscarán apoyo de instituciones sociales, intendentes y organizaciones de distintos sectores para acompañar la iniciativa. También advirtió que "es una pelea que va a ser dura", en referencia a los intereses económicos involucrados en la regulación del mercado.

Controles, publicidad y fondos para municipios y clubes

La propuesta contiene 64 artículos y establece un esquema de obligaciones para las empresas autorizadas a operar apuestas online en territorio bonaerense.

Entre sus principales disposiciones incorpora reconocimiento biométrico facial obligatorio para verificar identidad y mayoría de edad. El control deberá realizarse al abrir una cuenta, iniciar sesión, depositar o retirar fondos y efectuar apuestas superiores a los montos que establezca la reglamentación.

También fija límites al tiempo de permanencia. Las sesiones deberán cerrarse automáticamente después de 60 minutos continuos, con una hora de bloqueo posterior. El tercer inicio de sesión dentro de un período de 24 horas activará una restricción de acceso por un día.

A esas herramientas se agregan advertencias sobre el tiempo de conexión, información permanente sobre el dinero apostado, límites voluntarios de depósitos y mecanismos de autoexclusión que alcanzarían a todas las plataformas autorizadas.

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El capítulo publicitario introduce restricciones sobre promociones, patrocinios y estrategias de captación. Quedarían prohibidos los bonos de bienvenida, las apuestas gratuitas y los beneficios destinados a incentivar nuevas recargas o una mayor frecuencia de participación.

Uno de los puntos más relevantes es el esquema de financiamiento. Las plataformas deberán aportar una suma equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad y promociones al Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía.

De esa recaudación, el 70% se distribuirá entre los 135 municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante será administrado por la Provincia a través del Ministerio de Salud.

El proyecto establece además un aporte mensual del 3% sobre los premios obtenidos por los usuarios. Esos recursos financiarán un segundo fondo: el 85% será destinado a clubes, sociedades de fomento, centros culturales y otras entidades comunitarias, y el 15% a becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

La iniciativa también propone crear una fiscalía especializada en apuestas ilegales en línea, con competencia provincial y herramientas para investigar plataformas clandestinas, operaciones financieras y mecanismos digitales utilizados para desarrollar la actividad.

Ley Ema, empresas recuperadas y obras hídricas esperan en Diputados

Además de la regulación de las apuestas, la próxima sesión podría recibir un conjunto de expedientes provenientes del Senado, que el martes 6 de octubre avanzó con varias iniciativas legislativas.

Una de las principales es la Ley Ema, que busca crear el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en ámbitos educativos. El proyecto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, la adolescente que murió en agosto de 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas.

La iniciativa fue impulsada originalmente por la diputada Mayra Mendoza y trabajada junto con Laura Sánchez, madre de Ema. En el Senado se unificó con una propuesta promovida por Laura Clark. La Cámara alta aprobó modificaciones el 6 de octubre, por lo que el texto deberá regresar a Diputados para obtener su sanción definitiva.

Otro proyecto que espera tratamiento es la prórroga por tres años de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas. La propuesta recibió media sanción del Senado y lleva las firmas de Malena Galmarini, Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida.

La iniciativa busca sostener las protecciones establecidas para cooperativas gestionadas por sus trabajadores, entre ellas la suspensión de desalojos y de cortes de servicios públicos provinciales. De acuerdo con datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, el sector comprende 288 unidades productivas y cerca de 5.000 trabajadores.

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El Senado también envió a Diputados el proyecto de Sistema Provincial de Gestión de Riesgo de Desastres, presentado por Sergio Berni y aprobado el 15 de septiembre. Propone actualizar el sistema de Defensa Civil y coordinar organismos provinciales, municipales y otras entidades para prevenir riesgos, reducir daños y responder ante emergencias.

En materia de infraestructura, otro expediente con posibilidades de ingresar al temario es el del senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, acompañado por Silvana Ventura. La iniciativa recibió media sanción el 6 de octubre y autoriza a los municipios, durante 180 días, a reasignar hasta el 100% de los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento vial hacia obras de drenaje pluvial, limpieza de canales, reparación de alcantarillas y equipamiento hídrico.

La propuesta fue presentada frente a las necesidades de infraestructura asociadas a períodos de lluvias intensas y a los efectos previstos del fenómeno de El Niño. Su eventual sanción permitiría a los municipios disponer temporalmente de esos recursos para intervenciones hídricas.