Discapacidad: Abad reclamó pagos a tiempo y tratamientos sin recurrir a la Justicia
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, acompañó la aprobación del Régimen Permanente de Discapacidad y reclamó que se garanticen los recursos necesarios para su implementación. La iniciativa, que contaba con media sanción de Diputados, quedó convertida en ley tras recibir el respaldo unánime del Senado.
“Votamos una ley para garantizar derechos. Empieza la obligación de cumplirla”, afirmó Abad después de la votación. Su planteo puso el foco en el acceso efectivo a las prestaciones, la continuidad de los tratamientos y el cumplimiento de los pagos a quienes trabajan en el sistema.
Durante el debate en el recinto, el legislador sostuvo que es necesario superar las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas para las personas con discapacidad. Para fundamentar esa posición, mencionó las dificultades económicas que atravesaron profesionales, instituciones y familias.
“Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos”, expresó.
Como se informó en Grupo La Provincia, la iniciativa había llegado al Senado con un amplio acuerdo parlamentario y el objetivo de establecer un régimen permanente para el sector. La sanción definitiva completó ese recorrido legislativo. grupolaprovincia.com
Aranceles, pensiones y pagos a prestadores
Abad destacó tres aspectos de la nueva norma: la uniformidad de aranceles en todo el país, la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos, y la fijación de plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores.
“Son medidas concretas que necesitan las familias, las instituciones y los profesionales. Pero también necesitamos garantizar los recursos para que el sistema funcione”, señaló.
El senador vinculó la aplicación de esas disposiciones con problemas cotidianos de las personas con discapacidad. Entre las prioridades, enumeró la disponibilidad y ejecución de los fondos, el cobro a tiempo de las prestaciones y la posibilidad de conseguir un turno y sostener un tratamiento sin acudir a la Justicia.
“El desafío ahora es la operatividad”, remarcó Abad. También anticipó que el seguimiento de la norma formará parte de la tarea parlamentaria: “El Congreso va a exigir el cumplimiento de esta ley y a controlar su ejecución”.