La fecha del censo vuelve a tensar la relacion Gobierno-oposicion en Bolivia

El Gobierno de Bolivia y la administración de Santa Cruz, bastión de la oposición, volvieron a cruzarse hoy por la decisión del Comité Cívico cruceño de iniciar el sábado un paro por tiempo indeterminado en reclamo de que el censo nacional se haga en 2023 y no en 2024 como planea realizarlo el Ejecutivo del presiente Luis Arce.
"Predisposición para el diálogo hay. Estamos aquí (en Santa Cruz y) si nos dicen en las siguientes horas, en la tarde, instalamos una mesa de diálogo", enfatizó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Del otro lado, el gobernador opositor Luis Fernando Camacho dio al Gobierno un plazo de cuatro días para derogar el decreto que llama al censo para el 2024.
También el Comité Cívico de Beni llamó a un paro, pero solo para el lunes, con el mismo reclamo: el censo en 2023. La Gobernación no adherirá, según el diario El Deber.
El Gobierno nacional reclama al Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz que demuestre con argumentos técnicos cómo realizar el censo en 2023, sin poner en riesgo la calidad de los datos.
Si no se llega al diálogo ni avanza la chance de un acuerdo, el paro indefinido de actividades, con bloqueos de carreteras, se iniciará desde las 0 del sábado.
Santa Cruz es el bastión de la oposición política e históricamente el Movimiento Al Socialismo (MAS), que llevó al expresidente Evo Morales (2006-2019) y a Luis Arce a la Presidencia, nunca ganó en las elecciones regionales para la Gobernación del departamento ni en la Alcaldía de la ciudad capital.
El último censo de población y vivienda se realizó en 2012 y contabilizó más de 10 millones de habitantes en el país.
La viceministra Alcón insistió que una mesa de conversaciones es “el mejor espacio” para que los representantes del Comité expongan su propuesta de realizar el censo el año próximo.
“Ellos dicen que puede realizarse el proceso censal en 2023, pero no dicen cómo, cómo se pueden suprimir actividades sin poner en riesgo la calidad de los resultados”, dijo la viceministra, según la estatal agencia ABI.
Para la funcionaria, la exigencia del Comité y del gobernador para que se derogue el decreto es sólo un “capricho” para no sentarse a dialogar.
“Si existe la capacidad, la predicción, la voluntad política, como lo han mencionado, pueden venir y demostrar al país y a Santa Cruz que podemos llevar adelante el Censo. ¿Cuál es el miedo de poder instalar un diálogo sin condicionamientos?”, se preguntó Alcón, para quien llevar a la ciudadanía cruceña a un nuevo paro “va a perjudicar a toda la población”.
Camacho, en tanto, no solo dio ese plazo de 4 días para dejar sin efecto el decreto, sino que además responsabilizó a los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, por eventuales hechos de violencia que se den durante el paro.
“Cualquier confrontación que se esté generando, será única y de total responsabilidad del presidente (Luis Arce) y de sus dos ministros, que sólo buscan la confrontación y la violencia que puedan generar en esta protesta pacífica de nuestro departamento”, remarcó la autoridad departamental, en réplica al anuncio del Ejecutivo de que buscará desbloquear rutas y calles.
Camacho endureció su postura: Arce tiene estos cuatro días para acatar lo que el cabildo pide. Tiene dos salidas: abrogar antes del paro o durante del paro”.
Rechazó el líder opositor que se trate de una movida “política” y dijo, en cambio, que “lo que tenemos puesta es la bandera de los bolivianos, porque todo lo que defendemos es Santa Cruz, en beneficio del pueblo boliviano”.
“Esta es una muestra de que quienes viven día a día están dispuestos a sacrificarse por tener una posibilidad de acceso a la salud, a la educación, a las posibilidades de tener acceso a carreteras”, resaltó Camacho, según el sitio del diario Página Siete. (Télam)