El portavoz de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, afirmó hoy que "la Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre", en referencia al fallo de la justicia de New York que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de YPF, a partir de la demanda presentada por el fondo Burford Capital.
"La Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos", dijo Adorni esta mañana en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
La jueza Loretta Prezka, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dispuso anoche que no le concederá a la Argentina una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar garantías en el juicio por la estatización de YPF.
De este modo, la justicia de Nueva York volvió a expedirse por el caso YPF y evitó extender los plazos solicitados por la Argentina para presentar garantías, sobre un fallo por 16.100 millones de dólares, por lo que a partir del 10 de enero próximo comenzará una nueva etapa donde, si el país no reúne antes los avales correspondientes, podría ser eventualmente susceptible de embargos en el exterior.
"Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando –con prioridad en lo urgente- de solucionar y que los argentinos estemos lo menos afectados posible, ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica argentina", dijo Adorni.
"Uno de ellos el desmanejo de YPF", conitnuó el portavoz, y agregó: "Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo.
Por su parte, el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler opinó que "en el juicio por YPF la facultad de la jueza Preska de embargar un bien de Argentina está mucho más acotada por el Foreign Sovereign Immunities Act de EEUU que en los juicios sobre los bonos defaulteados en 2001", explicó a través de su cuenta en X.
Para Soler, el Foreign Sovereign Immunities Act trata distinto los casos en que el Estado demandado renunció a su inmunidad de ejecución (como ocurrió en el contrato de los bonos emitidos en los 90 y defaulteados en 2001) y los casos, como este de YPF, "en que Argentina nunca renunció a ella".
De esta forma, si el Estado no renunció, el Foreign Sovereign Immunities Act agrega un tercer requisito: el bien que se pretende embargar "es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo", por lo que sólo un bien que cumpla las tres condiciones puede ser embargado en EEUU., subrayó el abogado que se desempeñó en la Procuración del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández.
Las tres condiciones sumadas "representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar", consideró Soler.
Por último, Soler aclaró que "estos son los requisitos relevantes que limitarían intentos de embargo en Estados Unidos, ya que en otros países las reglas aplicables serán las de ese país, pero, por razones obvias, la jurisdicción más relevante es Estados Unidos", consideró.
A principios de septiembre Prezka emitió una sentencia con las pautas a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino debería pagarle al fondo Burford Capital, el demandante.
Anteriormente, Preska había rechazado todos los argumentos presentados por los abogados del país y avaló una indemnización con una fórmula que resultó la cifra más alta estimada por los expertos en el tema, y de ahí surgió el monto que supera los 16.000 millones de dólares de resarcimiento a los fondos que no eran inicialmente acreedores, sino que compraron el derecho a litigar.
El pasado 22 de noviembre, cuando Javier Milei celebrara su victoria apenas tres días después del balotaje, Prezka dispuso que el gobierno argentino tenía hasta el 5 de diciembre - con la gestión anterior en funciones- para depositar un activo que fuera "del agrado de los demandantes" y evitar así tener que saldar el monto total.
El juicio por la estatización de la petrolera inició en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano del expresidente Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios que compró en España el derecho a litigar de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
Ambas firmas pactaron un acuerdo de reparto de eventuales ingresos por el juicio, donde el grueso recaerá en Burford capital.
En el juicio que se definió este año en primera instancia, YPF logró quedar al margen de la causa, por lo que no deberá afrontar costos por el litigio, que deberán ser asumidos en un ciento por ciento por el Estado argentino. (Télam)