Allanan empresa entrerriana por vertido de efluentes contaminantes a un arroyo

Una empresa sospechada de volcar efluentes contaminantes a un arroyo fue allanada por la Prefectura en la localidad entrerriana de Chajari en el marco de una causa del 2009 en la que se denuncia que las aguas de ese cauce de agua tienen un olor

Argentina 14 de junio de 2022 Agencia Télam
Una empresa sospechada de volcar efluentes contaminantes a un arroyo fue allanada por la Prefectura en la localidad entrerriana de Chajarí en el marco de una causa del 2009 en la que se denuncia que las aguas de ese cauce de agua tienen un olor nauseabundo, la aparición de peces muertos y colorantes en el agua.
En el allanamiento, ordenado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, se tomaron muestras del curso del agua del arroyo Las Alpargatas que serán analizadas por la secretaría de Ambiente provincial para comprobar su grado de contaminación, informó el sitio fiscales.gob.ar
En el procedimiento se trató de verificar la existencia y operación del sistema de saneamiento de efluentes del parque industrial y constatar si en terrenos linderos a las instalaciones de la empresa "Citrus El Carmen S.A", se observaban vertidos industriales contaminantes.
La investigación comenzó en 2009, cuando un vecino de la localidad entrerriana de Colonia Belgrano denunció a la empresa de jugos por olores nauseabundos en el arroyo, por la aparición de peces muertos y por la aparición de colorantes en el agua.
Luego de la primera denuncia, la justicia entrerriana realizó un estudio en el área afectada y comprobó que el agua del arroyo "no es apta para el consumo humano".
A pesar de que las partes firmaron un acuerdo para la instalación de una planta de desechos residuales en 2017, el vecino señaló que el pacto no se cumplió y volvió a presentar una denuncia en 2020, en donde incluyó material fotográfico que aparentemente demuestra que “la empresa continuaría con el vertido de sustancias y líquidos contaminantes en el arroyo".
En esta causa se presentó como querellante la Unidad de Información Financiera (UIF) debido a que los delitos vinculados al medioambiente se pueden considerar como precedentes para el lavado de activos. (Télam)
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