Dieron al gobierno de Arce 8 dias para derogar una ley contra la legitimacion de Ganancias Ilicitas

Un encuentro multisectorial que tuvo lugar hoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra resolvió darle al Gobierno un plazo de ocho días para que abandone la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, bajo amenaza de iniciar un paro por tiempo indefinido el 8 de noviembre, día en que Luis Arce cumple año en la presidencia.
“Hemos resuelto dar un plazo de ocho días, que fenece el 7 de noviembre. Caso contrario estaríamos volviendo a salir a las calles en un paro indefinido con cierre de mercados y cierre de fronteras a cargo de todos los sectores”, declaró el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.
De la reunión, según los diarios Página Siete y El Deber, participaron los transportistas confederados de larga distancia, nacional e internacional, las cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de vecinos.
“También debemos pedir a todos los comités cívicos un apoyo a las instituciones, que somos la mayoría de nuestro país, para que se anule esta ley madre que perjudica a todo el país”, remarcó Figueroa.
La Ley 1386, también conocida como “Ley madre”, contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
De los siete artículos que tiene la normativa, tres generan preocupación de sectores que anuncian movilizaciones desde el 8 de noviembre.
Uno es el que señala que la “Estrategia Nacional” podrá ser “ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.
Para la oposición, ese artículo da potestad al Gobierno para que hacer modificaciones a la Ley por decreto y sin pasar por el Legislativo.
El opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) hizo 11 observaciones a la Ley que pretende, advirtió, “imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil”.
Hasta acá el Ejecutivo rechazó la chance de derogar la iniciativa y, en cambio, convocó a distintos sectores a trabajar en la reglamentación de la norma, promulgada en agosto. (Télam)