Comunidad indigena se opone al inminente desalojo de unas 80 hectareas en Jujuy

La comunidad indígena Mayu Los Alisos se manifestó hoy en la ciudad de Palpalá en oposición al inminente desalojo de unas 80 hectáreas ordenado por el Juzgado de Control 2, donde habitan cerca de un centenar de familias en los márgenes del río Los Alisos.
Los comuneros que fueron notificados de la medida judicial consideraron que la misma “atropella los derechos de posesión del territorio y ocupación ancestral” del colectivo indígena dedicado al pastoreo comunitario y a la siembra de zapallo, maíz, maní y cayote en épocas de lluvias.
“Lo más sano para resolver este conflicto es que no haya intromisión en nuestros territorios, queremos seguir viviendo de nuestro trabajo en el campo, produciendo nuestros alimentos porque conocemos nuestros derechos”, dijo a Télam Rosa Gutiérrez, referente de la comunidad movilizada.
El juez Jorge Zurueta hizo lugar al pedido de desalojo, previsto para mañana, realizado por el fiscal de Delitos Complejos de Jujuy, Gustavo Araya, a favor de los socios de una empresa inmobiliaria, para la exclusión de personas y cosas que se encuentren en el predio de 80 hectáreas, ubicado a 15 kilómetros de la capital jujeña.
En ese marco, Gutiérrez insistió con que “los dueños somos nosotros porque recuperamos una zona que la convertimos en tierra fértil y la utilizamos para la producción de alimentos agroecológicos”.
En el mes de abril pasado la inmobiliaria Sucre, cuyos representantes son Simón Gronda y Alfredo González, avanzó sobre los terrenos con topadoras “rompiendo alambrados, árboles nativos e implantados y una pieza del sector”, denunciaron.
Por su parte, la abogada del colectivo campesino, Paula Álvarez Carreras, dijo a esta agencia que presentó ante la justicia un recurso de apelación que permita “suspender el desalojo” e indicó que es “improcedente” debido a que los comuneros “no son usurpadores, sino dueños legítimos de la tierra”.
En ese sentido señaló que se intimó a una persona integrante de la comunidad sin que ella tuviera "derecho a defenderse porque presentamos pruebas para demostrar la posesión y ninguna fue aceptada”.
Para los comuneros, el juez que ordenó el desalojo desconoció las leyes de Emergencia Territorial Indígena así como la legislación de Reparación histórica de la Agricultura Familiar y la Declaración Universal de los Derechos Campesinos de la U.
“Zurueta hizo oídos sordos a las denuncias de avasallamiento y destrucción que sufrió la Comunidad Mayu Los Alisos”, agregaron al considerar que con la decisión del magistrado favorece el “negocio inmobiliario de la empresa Sucre”.
En ese marco los comuneros se declararon en estado de alerta y movilización permanente e invitaron a los movimientos sociales a solidarizarse en defensa de los territorios que les pertenecen. (Télam)