Juez Gallardo declaro nula una audiencia de la Legislatura porteña y pidio investigar a autoridades

El juez porteño Andrés Gallardo declaró hoy nula una audiencia pública que realizó la Legislatura hace una semana para tratar la venta por parte del Gobierno local de 26 inmuebles, y sobre la cual, según el magistrado, regía una orden de suspensión, por lo cual anticipó que pidió que se investigue la "posible comisión del delito de desobediencia" de las autoridades parlamentarias.
En su fallo, Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, consideró que la audiencia, que se desarrolló el miércoles 12 de agosto mediante la modalidad virtual por la pandemia, fue nula; en tanto ratificó la suspensión de las que estén previstas en la agenda legislativa hasta el 7 de septiembre.
En rigor, Gallardo ya había resuelto el martes 11 la interrupción de las audiencias públicas de la Legislatura porteña, las cuales habitualmente sirven para que la ciudadanía exprese su opinión respecto de las leyes en debate.
Sin embargo, en el contexto de la pandemia, los diputados aprobaron una modificación a la ley que regula este tipo de reuniones públicas a fin de sumar la modalidad virtual para su desarrollo.
En ese marco, varias organizaciones, entre ellas el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para frenar las audiencias hasta tanto estuviera garantizada la plena participación de la gente.
En su amparo, manifestaron que la virtualidad excluía a los vecinos que no contaban con el soporte tecnológico necesario, tras lo cual Gallardo les dio la razón y cursó una medida cautelar a las autoridades de la Legislatura para que interrumpa las reuniones remotas.
Según fuentes judiciales, la orden fue notificada a las autoridades legislativas antes del inicio de la audiencia del pasado 12.
De hecho, durante la audiencia, fueron varios legisladores y vecinos que informaron sobre la medida judicial y pidieron al presidente de la Comisión de Presupuesto, el legislador de Vamos Juntos Claudio Romero, que coordinaba la reunión, que la suspendiera, lo que no sucedió.
Al respecto, el juez Gallardo consideró lo ocurrido como una situación de "gravedad institucional", por lo cual remitió una copia de su último fallo a fuero Penal Contravencional y de Faltas a fin de que "investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación" por parte de las autoridades de la Legislatura de la Ciudad.
Es que, según relató el magistrado porteño, "tal evento se celebró mediante la aplicación Zoom, a pesar de haber sido notificada la demandada de la medida dispuesta y de que durante su transcurso numerosos legisladores, comuneros y participantes de dicha reunión, le comunicaron a viva voz al legislador Claudio Romero, que había sido ordenada judicialmente la suspensión de su celebración".
Relató que "fueron rechazadas sendas mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación".
"Del mismo modo, fueron desatendidos los avisos acerca de que la Secretaria del Juzgado, Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, mas no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra", agregó.
(Télam)